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Ciudadanía por nacimiento: un senador impulsa dos proyectos de ley para que no sea automática
Pete Ricketts respaldó iniciativas para excluir a hijos de indocumentados y frenar contratos de subrogación comercial con países adversarios
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LA NACION
El debate sobre la ciudadanía por nacimiento volvió a instalarse en el Senado de Estados Unidos luego de que el senador republicano por Nebraska, Pete Ricketts, anunciara su apoyo a dos proyectos de ley destinados a modificar el alcance de ese beneficio.
Pete Ricketts cuestiona la ciudadanía por nacimiento y apunta al turismo de maternidad
En un comunicado, Ricketts afirmó que la ciudadanía por nacimiento cumplió un papel histórico al garantizar derechos tras la abolición de la esclavitud, pero consideró que el contexto actual exige una revisión de las normas. Según su postura, la legislación vigente incentiva el llamado turismo de nacimiento y facilita el aprovechamiento del sistema por parte de actores extranjeros.
“Somos una de las pocas naciones que carece de salvaguardias sensatas”, dijo el republicano. “La ciudadanía por derecho de nacimiento sin restricciones le brinda a la China comunista la oportunidad de infiltrarse en nuestro país. Debemos reformar el sistema”, señaló.
El senador también expresó que este beneficio debe estar vinculado a una relación jurídica y permanente, y no depender únicamente del lugar donde ocurre el nacimiento. “Se trata de comprometerse con la promesa de nuestra nación y defender nuestros valores de libertad y democracia”, agregó. Con ese argumento, Ricketts decidió copatrocinar dos iniciativas que ya fueron presentadas en la Cámara Alta.
S.304 y SAFE KIDS Act: qué cambiaría cada proyecto respaldado por Pete Ricketts
La primera propuesta es la Ley de Ciudadanía por Nacimiento de 2025 (S.304), presentada por el senador Lindsey Graham. El proyecto plantea modificar la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) para precisar quiénes se consideran “sujetos a la jurisdicción” de EE.UU. conforme a la Enmienda 14 de la Constitución.
De aprobarse, la ciudadanía automática al nacer quedaría limitada a los hijos de personas que tengan al menos uno de estos vínculos:
- Ciudadano o nacional de Estados Unidos.
- Residente permanente legal que viva en EE.UU.
- Extranjero con estatus legal que preste servicio activo en las Fuerzas Armadas.
El objetivo de la iniciativa es eliminar el reconocimiento automático para los hijos de inmigrantes indocumentados. La exclusión también alcanzaría a los hijos de personas que permanecen temporalmente en el país norteamericano con distintos tipos de visas.
El segundo proyecto respaldado por Ricketts es la Ley SAFE KIDS (S.3101), presentada por el senador Rick Scott. La propuesta se enfoca en los acuerdos de gestación subrogada que involucren a ciudadanos o residentes de países considerados adversarios por EE.UU.
La iniciativa contempla declarar inválidos determinados contratos de maternidad subrogada celebrados entre madres gestantes en territorio estadounidense y personas provenientes de esas naciones, salvo que uno de los padres sea ciudadano o residente permanente legal. Además, el proyecto incorpora sanciones penales para quienes intervengan comercialmente como intermediarios en este tipo de acuerdos, lo que incluye multas y penas de prisión de hasta un año.
Estado de los proyectos tras el fallo de la Corte Suprema sobre la Enmienda 14
Ambos proyectos permanecen en una etapa inicial del proceso legislativo. La S.304 fue presentada el 29 de enero de 2025 y enviada al Comité de la Judicatura del Senado, mientras que la S.3101 siguió el mismo procedimiento tras su presentación el 4 de noviembre de ese año.
El respaldo de Pete Ricketts fue anunciado el 21 de julio del presente año, pocas semanas después de una decisión de la Corte Suprema relacionada con este tema. El 30 de junio, el máximo tribunal resolvió, por seis votos contra tres, que los niños nacidos en territorio estadounidense adquieren la ciudadanía sin importar la situación migratoria de sus padres.
Con esa resolución, la Corte mantuvo la interpretación vigente de la Enmienda 14 y dejó sin efecto la Orden Ejecutiva 14160, firmada por Donald Trump en enero de 2025 para restringir ese derecho. Posteriormente, el presidente anunció que solicitaría una nueva audiencia para que el tribunal revisara el fallo.
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