Confirman el plan de Trump para vetar la nacionalidad americana de cientos de migrantes en 2026

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevará a cabo un esfuerzo para vetar de la nacionalidad americana a cientos de migrantes. Según declaraciones de altos funcionarios, el gobierno planea avanzar con al menos 250 casos de revocación de la ciudadanía para octubre.

La administración Trump puso en marcha una estrategia para revocar la ciudadanía a estadounidenses naturalizados, de acuerdo con un funcionario de la Casa Blanca citado por CNN. Mientras las miradas se centran en los recortes a programas federales, el gobierno ultima los detalles para incrementar el volumen de casos legales presentados.

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) ya presentó 29 casos de revocación de la ciudadanía contra estadounidenses nacidos en el extranjero en menos de dos meses este año. Las autoridades acusan a las personas apuntadas de obtener el documento de manera fraudulenta.

La cifra supera el promedio histórico de menos de 10 casos anuales registrado entre 2008 y mediados de 2026, según datos del Centro de Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse.

Para ponerlo en perspectiva, la administración de Joe Biden presentó un total de 24 casos en cuatro años, mientras que la actual busca llegar a cientos en pocos meses.

Para alcanzar las metas de su estrategia sobre inmigración, el gobierno reasignó abogados litigantes de diversas divisiones (como las de fraude civil) y funcionarios nombrados políticamente para trabajar exclusivamente en estos casos, según un alto funcionario del DOJ.

El representante indicó que estos casos también se transfieren a fiscalías federales, que ya enfrentan una enorme carga de trabajo en medio de la estrategia de deportaciones masivas. “Esta es una herramienta legal que el Congreso ha tenido vigente durante décadas”, expresó al respecto.

Luego, agregó que las revocaciones de la ciudadanía se llevan a cabo para “proteger la integridad de la ciudadanía estadounidense y garantizar que las personas que están presentes en este país y han disfrutado de los beneficios de la ciudadanía lo estén haciendo legalmente”.

Entre los casos que revisa la justicia, se encuentran los siguientes migrantes:

• Personas acusadas de cometer fraude
• Investigados por abuso sexual de un menor de edad
• Acusados de haber expresado su apoyo al terrorismo antes o durante el proceso de naturalización

En ese sentido, en abril se celebró una reunión en la que se informó a abogados especializados en litigios civiles de 39 oficinas regionales que recibirían la tarea de presentar demandas de privación de la nacionalidad, según consignó The New York Times.

De cara al segundo semestre de 2026, el alto funcionario del DOJ adelantó que las fiscalías estadounidenses podrían avanzar con “varios cientos de casos más” de revocaciones.

La legislación estadounidense permite al gobierno solicitar la revocación de la ciudadanía si fue obtenida de manera fraudulenta. En este punto se incluyen situaciones como matrimonios simulados u ocultamiento de información que habría hecho inelegible al solicitante.

Además, las leyes indican que también se puede desnaturalizar a una persona que haya cometido delitos, especialmente en casos que, según el DOJ, incluyen a individuos que:

• Representen un riesgo para la seguridad nacional.
• Hayan participado en crímenes de guerra o tortura.
• Estén vinculados a fraudes contra el Estado, como irregularidades en programas como Medicaid o Medicare.

Desde su lugar, el funcionario del DOJ remarcó que las personas con delitos simples, como infracciones de tráfico, no serán el objetivo del plan. “Se trata de encontrar a quienes hayan cometido fraude grave contra Estados Unidos, identificarlos y proceder con la mayor celeridad posible“, sostuvo.

Los términos legales establecen que si se logra la revocación, la persona recuperará el estatus migratorio que tenía antes de obtener la ciudadanía, que en la mayoría de los casos es el de residente permanente. Sin embargo, según los motivos de la determinación, los afectados también podrían enfrentar un proceso de deportación.