Golpe a DeSantis en Florida: un gran jurado concluyó que su administración usó indebidamente US$10 millones de fondos públicos

Un gran jurado de Florida concluyó que la administración del gobernador Ron DeSantis utilizó indebidamente para fines políticos unos 10 millones de dólares provenientes de un acuerdo con Centene por sobrecobros relacionados con medicamentos del programa Florida Healthy Kids. .

Según el informe publicado por CBS News, esos recursos tenían como destino original la cobertura sanitaria de niños pertenecientes a familias de bajos ingresos.

Sin embargo, fueron enviados a Hope Florida Foundation, una organización sin fines de lucro creada para apoyar la iniciativa Hope Florida, impulsada por la primera dama Casey DeSantis antes de terminar en organizaciones que canalizaron parte del dinero hacia actividades políticas.

Keep Florida Clean estaba presidido por James Uthmeier, quien en ese momento ocupaba el cargo de jefe de gabinete de DeSantis.

De acuerdo con el informe, el comité utilizó recursos para impulsar la oposición a la Enmienda 3, una propuesta sometida a votación en Florida en 2024 para legalizar el uso recreativo de marihuana.

Hope Florida otorgó dos subvenciones de US$5 millones a Secure Florida’s Future y Save Our Society from Drugs. Posteriormente, US$3,75 millones de la primera y US$4,75 millones de la segunda fueron transferidos a Keep Florida Clean, el comité político presidido por James Uthmeier. En total, la organización recibió US$8,5 millones.

De esa suma, US$7 millones fueron transferidos al Partido Republicano de Florida y otros US$1,23 millones al Florida Freedom Fund, otro comité vinculado con Uthmeier.

“A pesar de haber concluido que el dinero fue utilizado indebidamente, no encontramos pruebas suficientes para imputar a nadie penalmente”, concluyó el informe. “Nadie se responsabiliza de la decisión de destinar los US$10 millones de los contribuyentes a Hope Florida… ni recuerda quién tomó esa decisión", agregó.

El gran jurado sostuvo que esta falta de atribución individual impedía avanzar con un procesamiento penal. Al mismo tiempo, consideró que los mecanismos estatales de control habían permitido que los fondos fueran utilizados sin las garantías necesarias.

“Reconocemos que esto supondría un obstáculo para el enjuiciamiento penal”, señaló. “Si bien no podemos probar quién es el responsable, es evidente que el dinero de los contribuyentes se utilizó indebidamente con fines políticos y nos gustaría que se implementaran cambios para evitar que esto vuelva a suceder”, agregó.

El informe identificó a Uthmeier como una figura central en distintas etapas de la operación. Los testimonios recopilados indicaron que tenía autoridad sobre personas vinculadas con el acuerdo y que intervino en la administración de los recursos después de que estos llegaron a Hope Florida.

“Los testimonios revelaron que Keep Florida Clean, el comité de acción política del Sr. Uthmeier, fue el principal beneficiario de la mayor parte de los US$10 millones de fondos públicos”, indicó el gran jurado, según CBS News.

El legislador republicano Robert “Alex” Andrade, presidente del Subcomité de Presupuesto de Atención Médica de la Cámara de Representantes de Florida, comenzó a investigar el asunto después de detectar diferencias entre el estado y otras jurisdicciones que habían alcanzado acuerdos con Centene.

Andrade observó que otros estados habían comunicado públicamente la recuperación de fondos derivados de los acuerdos con la compañía, mientras que Florida no había realizado un anuncio similar. La aparición de referencias a la fundación de Casey en documentos oficiales llevó al legislador a buscar información sobre la organización.

Según los datos proporcionados por el medio estadounidense, Andrade encontró dificultades para determinar cómo funcionaba la fundación. No contaba con un sitio web, no difundía actas o avisos de reuniones y no había presentado ante el IRS los informes fiscales correspondientes. El legislador la describió entonces como una organización “fantasma”.

Las audiencias impulsadas por Andrade permitieron acceder finalmente al acuerdo con Centene. La revisión del documento permitió establecer que los US$10 millones fueron enviados a Hope Florida. El legislador sostuvo además que el Poder Ejecutivo debía informar a la Legislatura sobre los movimientos de fondos estatales.

A partir de sus conclusiones, el gran jurado recomendó que todo ingreso recibido por el estado, sin importar su procedencia, sea depositado en el fondo general de Florida. También planteó que existan sanciones para quienes incumplan esa obligación y utilicen recursos sin la autorización legislativa correspondiente.

La segunda reforma propuesta apunta a las Organizaciones de Apoyo Directo. El jurado pidió establecer reglas específicas para controlar el uso de fondos públicos, junto con mecanismos de seguimiento y sanciones para quienes incumplan las normas.

DeSantis rechazó las conclusiones difundidas y sostuvo que no se infringió ninguna ley. El gobernador calificó la controversia como un “engaño” y cuestionó además la filtración del informe del gran jurado, que permanecía bajo reserva judicial.