La ley de DeSantis que establece restricciones para navegantes en Florida desde el 1° de julio
Una norma permitirá intervenir sobre embarcaciones abandonadas, aplicar multas y reforzar los controles en las aguas estatales
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LA NACION
A partir del 1° de julio entrará en vigor en Florida una nueva normativa que modifica la forma en la que se controlan las embarcaciones en las aguas del estado. La ley HB 1103, impulsada por el Legislativo estatal y promulgada por el gobernador Ron DeSantis, amplía las facultades de los gobiernos locales y establece nuevas herramientas para supervisar barcos abandonados, controlar los permisos de fondeo prolongado y reforzar las medidas de seguridad en zonas de navegación consideradas peligrosas.
HB 1103: qué cambia en la administración local de las restricciones para embarcaciones en Florida
La nueva legislación introduce modificaciones en varios artículos de los estatutos estatales vinculados a la navegación y a la gestión de embarcaciones.
Uno de los principales cambios consiste en otorgar a los condados y municipios la posibilidad de involucrar a los agentes de cumplimiento de códigos locales en tareas que hasta ahora estaban reservadas a otras autoridades.
Sin embargo, la ley establece un límite: ninguna ordenanza local podrá entrar en vigor automáticamente. Antes deberá ser revisada y aprobada por la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC), el organismo estatal encargado de la conservación de la fauna y de la regulación de la actividad náutica.
De acuerdo con el texto oficial de la HB 1103, la comisión también tendrá la obligación de desarrollar reglamentos específicos para implementar las nuevas disposiciones.
Ron DeSantis y la ampliación de facultades para controlar embarcaciones abandonadas
Uno de los apartados más relevantes de la norma se refiere a las embarcaciones que corren riesgo de convertirse en abandonadas o que ya representan una molestia pública.
Los condados y municipios podrán aprobar ordenanzas para autorizar a sus agentes de cumplimiento de códigos a intervenir en procesos relacionados con:
- La identificación de embarcaciones problemáticas.
- La notificación a los propietarios.
- La implementación de acciones correctivas.
- La reubicación de las embarcaciones.
- La remoción de los barcos.
- El almacenamiento.
- La destrucción.
- La disposición final de las embarcaciones consideradas una molestia pública.
Además, estos funcionarios tendrán la facultad de emitir infracciones no penales mediante el sistema uniforme de citaciones náuticas previsto por la legislación estatal.
La normativa aclara que estas atribuciones solo podrán ejercerse una vez que la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission haya revisado y aprobado la ordenanza correspondiente.
La ley HB 1103 incorpora sanciones económicas y la posibilidad de remover barcos
El texto legal establece un esquema progresivo de sanciones económicas para quienes incumplan las disposiciones relacionadas con embarcaciones en riesgo de quedar abandonadas.
Las multas serán las siguientes:
- Primera infracción: 100 dólares.
- Segunda infracción, cometida al menos 30 días después de la primera: US$250.
- Tercera infracción o posteriores, cometidas al menos 30 días después de una sanción previa: US$500.
La ley dispone además que una embarcación que acumule tres o más infracciones en un período de 24 meses, siempre que los casos no hayan terminado en absolución o desestimación, deberá ser declarada una molestia pública.
En esas circunstancias, distintas autoridades podrán ordenar su traslado o remoción de las aguas estatales. Entre ellas figuran:
- La Florida Fish and Wildlife Conservation Commission.
- Los oficiales de la comisión.
- Las agencias policiales autorizadas.
- Los agentes de cumplimiento de códigos habilitados por las nuevas disposiciones.
La norma establece una protección legal para estas autoridades. El Estado no será responsable por los daños ocasionados durante la remoción de las embarcaciones, salvo que se demuestre negligencia grave o conducta deliberadamente indebida.
Asimismo, las personas que reciban una citación deberán comparecer ante el tribunal del condado correspondiente. Quienes no respondan adecuadamente a la citación podrían enfrentar cargos adicionales por incumplimiento.
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