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La ley SB 1332 que aplica una marca obligatoria en las licencias de conducir y la tarjeta de identidad en Florida
La medida contempla una inscripción específica, controles presenciales y sanciones penales por incumplir las disposiciones
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LA NACION
Florida prepara cambios en sus mecanismos de supervisión de personas consideradas “ofensores de carrera”. El proyecto de ley SB 1332 establecerá que determinadas licencias de conducir y tarjetas de identificación deberán exhibir en el frente la referencia “775.261, F.S.”, vinculada con el registro estatal correspondiente.
Quiénes deberán llevar la nueva identificación en Florida
- La disposición, que comenzará a regir a partir del 1° de octubre, busca que los agentes policiales puedan reconocer durante una intervención que el titular del documento está incluido en esa categoría.
- El proyecto incorpora este sistema de identificación dentro de un esquema de controles que también contempla obligaciones de registro y comunicación de información personal.
La medida alcanza a más de 20.000 personas en Florida, según el texto legislativo. Entre los grupos contemplados figuran:
- Los delincuentes graves violentos habituales
- Los criminales de carrera violentos
- Quienes acumularon tres condenas por delitos graves violentos
El alcance también comprende a personas que hayan recuperado su libertad a partir del 1° de julio de 2002. La disposición incluye tanto a quienes estuvieron bajo custodia de instituciones penitenciarias estatales como a personas liberadas de prisiones federales que reúnan los criterios establecidos.
La SB 1332 fija además nuevas reglas para mantener actualizados los datos de quienes están alcanzados por el registro. La persona deberá presentarse personalmente ante una oficina del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (Dhsmv, por sus siglas en inglés) dentro de las 48 horas posteriores al inicio de su mes de nacimiento para gestionar la documentación correspondiente.
También deberá comunicar los cambios relacionados con su dirección. El proyecto contempla la obligación de actualizar la información dentro de las 48 horas siguientes a cualquier modificación de una residencia permanente o temporal, además de dar aviso de determinados desplazamientos o estadías transitorias.
Nuevas obligaciones de registro y control en Florida
La ley reduce los plazos disponibles para informar movimientos y establece requisitos destinados a mantener actualizada la información de las personas incluidas en el registro. De esta manera, las autoridades contarían con datos sobre residencia, empleo y otros aspectos contemplados por la normativa.
La propuesta también establece consecuencias para quienes colaboren con un ofensor de carrera con el objetivo de evitar los controles previstos.
Ocultar a una persona alcanzada por la norma o proporcionar información falsa para facilitar el incumplimiento puede constituir un delito bajo las nuevas reglas.
“Esto mejorará la coordinación entre las fuerzas del orden locales y nuestras agencias estatales, incluyendo nuestro Departamento de Correcciones, para asegurar que esta información sobre los ofensores sea precisa”, señaló el gobernador Ron DeSantis en un comunicado.
“También aumenta la rendición de cuentas de los ofensores que no cumplan con estos requisitos”, agregó.
Qué sanciones establece la SB 1332
No cumplir con el registro, omitir información requerida o no obtener la credencial con la marca correspondiente puede constituir una felonía de tercer grado. Cada incumplimiento será considerado una infracción penal independiente, por lo que una misma persona podría enfrentar cargos separados por diferentes omisiones.
Una felonía de tercer grado puede implicar en Florida una pena de hasta cinco años de prisión y una multa de hasta US$5000. Existe además una disposición con una sanción superior para determinados casos vinculados con los cambios de domicilio.
Si una persona comunica que tiene previsto mudarse, dentro o fuera de Florida, pero finalmente no realiza el traslado informado ni presenta posteriormente una aclaración, podría enfrentar una felonía de segundo grado. Esta figura contempla hasta 15 años de prisión y una multa de hasta US$10.000.
El objetivo de la propuesta es facilitar la supervisión de quienes se encuentran dentro de las categorías legales de “ofensores de carrera” mediante información accesible para las autoridades durante controles oficiales. Las agencias de seguridad ya preparan sus bases de datos para cumplir con los requerimientos tecnológicos.
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