Qué cambia en Florida con el veto de Ron DeSantis a la ley de inmigración SB-2B
Tras intensas negociaciones con los legisladores de su partido, el gobernador logró aprobar sanciones más duras contra los extranjeros irregulares y aumentar el presupuesto para el plan de transporte de extranjeros
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LA NACION
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, vetó este jueves la ley de inmigración SB-2B, una medida aprobada durante la Sesión Especial B. La normativa proponía transferir parte de la responsabilidad de aplicar la política migratoria del Estado del Sol al Comisionado de Agricultura, una decisión que el mandatario estatal consideró inadecuada al argumentar que socavaría su autoridad sobre el cumplimiento de estas normativas. Ahora prevalecen reglas “más fuertes y agresivas”.
¿Por qué DeSantis vetó la ley SB-2B en Florida?
El gobierno de Florida comunicó este jueves que Ron DeSantis vetó la ley SB-2B. En un documento oficial, el mandatario señaló que tomó esta decisión porque “se han elaborado proyectos de ley más fuertes y agresivos que consolidarán aún más a Florida como líder en políticas de inmigración” en Estados Unidos.
En este sentido, DeSantis destacó que estas iniciativas abordan las deficiencias de la SB 2-B, lo que garantiza que sean constitucionales. Además, destacó que las nuevas normativas muestran un “respaldo completo al gobierno federal en la aplicación de la ley de inmigración”, una evidente alineación con la postura de la administración Donald Trump.
El intenso debate sobre inmigración en Florida
El veto a la ley SB-2B se produjo tras intensas negociaciones entre el gobernador y legisladores republicanos, quienes mostraron diferencias significativas durante la Sesión Especial A de enero pasado. En esa ocasión, los congresistas rechazaron varias de las propuestas clave de DeSantis, como el endurecimiento de penas contra la inmigración ilegal, la regulación de los condominios, la asignación de fondos para la ayuda por huracanes y los cambios en el proceso de iniciativas ciudadanas.
A pesar de las tensiones, los legisladores republicanos decidieron cerrar rápidamente la Sesión Especial A sin avanzar en ninguna de las iniciativas del mandatario estatal. En respuesta, se convocó una nueva Sesión Especial B para considerar un proyecto de ley más amplio que incluyera algunas de las prioridades de DeSantis. Sin embargo, esta versión del proyecto transfería la supervisión de la aplicación de la ley de inmigración ilegal al Comisionado de Agricultura, Wilton Simpson.
Por su parte, el gobernador rechazó esta propuesta y argumentó que centralizar la autoridad en una entidad fuera de su administración debilitaría el poder estatal para aplicar de manera efectiva las políticas migratorias. “No puedo permitir que la autoridad sobre la inmigración se desplace a una oficina que no tiene experiencia en la aplicación de la ley”, se quejó.
El nuevo paquete con leyes de inmigración más severas en Florida
Antes de vetar la ley SB-2B, Ron DeSantis negoció con los legisladores republicanos un paquete de medidas migratorias aún más estrictas. Además, aseguró mayores fondos para sus programas de seguridad. Este acuerdo permitió que la Legislatura aprobara una serie de normativas duras contra la inmigración ilegal, lo que allanó el camino para que el gobernador vetara la SB-2B sin perder influencia política. Entre las nuevas disposiciones se incluyen:
- Criminalización del ingreso ilegal: convertir en delito estatal el ingreso o reingreso ilegal a Florida, con penas más severas y consecuencias legales inmediatas.
- Expansión del Programa de Transporte de Extranjeros No Autorizados: ampliar la capacidad del estado para reubicar a inmigrantes indocumentados en otras jurisdicciones y fortalecer el control migratorio en el territorio.
- Endurecimiento de penas: aumentar las sanciones para inmigrantes indocumentados que cometan delitos en Florida, con un enfoque especial en las organizaciones criminales transnacionales.
- Prohibición de licencias de conducir: impedir la emisión de licencias de conducir o identificaciones estatales a inmigrantes indocumentados, lo que limita su movilidad y acceso a servicios.
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