Rebelión en Florida: la ciudad de Miami repleta de argentinos que le dice no a Ron DeSantis y al ICE
South Miami rechazó la colaboración con los agentes de migración a pesar de las presiones del gobernador sobre el programa 287(g) de la agencia federal
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LA NACION
En un contexto donde el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) intensificaron sus operativos, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, busca fortalecer la colaboración con la agencia mediante el programa 287(g). Sin embargo, South Miami, una ciudad del condado de Miami-Dade se opuso a la medida y llevó el caso ante la justicia.
Programa 287(g) en Florida: en qué consiste el acuerdo
El estado de Florida firmó acuerdos de cooperación con el ICE a través del programa 287(g), que otorga facultades a las fuerzas del orden locales para actuar como agentes migratorios. Con este, los oficiales estatales pueden interrogar, arrestar y trasladar a personas sospechosas de estar en EE.UU. sin documentación. La medida también permite a los agentes estatales emitir órdenes de detención migratoria.
Bajo esta política, Ron DeSantis promovió acuerdos con diversas agencias, que incluyen la Patrulla de Carreteras, el Departamento de Leyes Agrícolas y la Guardia Estatal. Su objetivo es entrenar a agentes estatales para que ejecuten funciones migratorias, una estrategia que fue respaldada por la administración de Trump.
A pesar de la rápida adhesión de muchos departamentos de policía en Florida, una ciudad de Miami-Dade decidió desafiar la iniciativa tras argumentar que la medida excede las competencias estatales e impone cargas adicionales a los cuerpos policiales locales.
South Miami lleva el programa 287(g) a la justicia
Según El Nuevo Herald, la ciudad de South Miami presentó una demanda ante un juez estatal para determinar si está legalmente obligada a unirse al programa 287(g).
La administración municipal sostuvo que las presiones ejercidas por el gobernador y sus representantes buscan forzar a los municipios a suscribir el acuerdo, a pesar de que la legislación indica que solo las agencias a nivel de condado que supervisan cárceles deben adherirse.
“El gobernador DeSantis y el fiscal general Uthmeier han amenazado con usar sus poderes coercitivos contra municipios y funcionarios municipales para obligarlos a firmar los acuerdos 287(g)”, afirmaron las autoridades locales.
En su demanda, South Miami señaló que ya coopera con las agencias federales de inmigración y que unirse a este programa podría afectar otras responsabilidades policiales. Además, la ciudad argumentó que esta adhesión podría exponerla a consecuencias legales y operativas.
Expansión del programa y presiones estatales
En febrero, Ron DeSantis anunció la expansión del programa 287(g) con la firma de acuerdos con más de 20 sheriffs en todo el estado. Esta medida impuso la obligación a las agencias policiales locales de Florida de colaborar con el ICE, lo que permitiría acelerar las deportaciones de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.
La rápida implementación del programa generó debates en distintas ciudades del estado. Por ejemplo, el Departamento de Policía de Fort Myers inicialmente votó en contra de adherirse al programa. Sin embargo, tras recibir advertencias del fiscal general de Florida, James Uthmeier, sobre posibles sanciones, la decisión fue revocada y el gobierno local aceptó el acuerdo.
Las normativas del Estado del Sol establecen que los jefes de policía y los directores de prisiones deben integrarse al modelo de cumplimiento carcelario 287(g) antes del 1° de abril. No obstante, la legislación no menciona la obligatoriedad de que los municipios adopten el programa en su modalidad de grupo de trabajo, que permite a los agentes de policía operar fuera de los centros de detención con funciones migratorias.
En la demanda de South Miami, los funcionarios argumentaron que la legislatura de Florida pudo haber exigido a los municipios firmar los acuerdos, pero decidió no hacerlo. Según su interpretación, la ley federal indica que los convenios 287(g) son de carácter voluntario y no son esenciales para el intercambio de información o la cooperación con ICE.
La decisión del tribunal determinará si los gobiernos locales tienen la obligación de adherirse a los acuerdos 287(g) o si pueden rechazar la presión estatal sin enfrentar sanciones.
LA NACION
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