Ron DeSantis, sobre el ICE: “La ley de Florida es clara: los funcionarios locales deben cooperar”

Ante la repercusión que cobraron las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el gobernador de Florida, Ron DeSantis, mantiene su postura de colaboración entre las autoridades locales y federales. En un mensaje en redes sociales, apuntó hace algunos meses que la ley obliga a los funcionarios a cooperar.

La política migratoria impulsada en Florida por DeSantis, basada en la colaboración, elevó la cifra de arrestos de migrantes desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero de 2025. La columnista de política de Bloomberg Opinion, Mary Ellen Klas, reveló que la oficina del ICE en Miami registró 41.000 detenciones entre enero de 2025 y marzo de 2026, cifra superior a otras jurisdicciones del país norteamericano.

En febrero, el gobernador remarcó en sus redes sociales que la postura de la administración estatal respecto a la alianza con las autoridades federales se mantiene sin cambios.

“La ley de Florida es clara en que los funcionarios locales deben cooperar con las fuerzas del orden federales en lo que respecta a la inmigración ilegal. Esto no es Minnesota”, escribió.

En el final de su mensaje, cerró con la alusión a Minnesota, estado que mantiene políticas de santuario que limitan la cooperación de los oficiales de la policía local con el ICE.

En su artículo, Klas sostuvo que el incremento de arrestos migratorios se vincula con la ampliación de los acuerdos 287(g).

“Los líderes republicanos del estado lo han convertido en un campo de pruebas para las agresivas tácticas de control migratorio promovidas por Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca", aseguró.

El Estado del Sol cuenta con una comunidad migrante numerosa desde décadas atrás, con muchos extranjeros procedentes de Cuba y otros países de Latinoamérica. Junto con quienes mantienen su documentación al día, también existe una parte importante que no posee un estatus regular.

Según el Instituto de Política Migratoria, solo en el sur del estado, especialmente en Miami-Dade y Monroe, se concentra una población estimada de 356 mil personas sin documentos estadounidenses.

Como el sistema en el estado sureño permite que infracciones menores deriven en procesos migratorios, muchos extranjeros sintieron el impacto de las políticas durante los últimos dos años. Entre los procedimientos habituales se incluyen controles de tránsito y verificación de datos vinculados a vehículos.

En febrero de 2025, DeSantis firmó un acuerdo que obliga a las agencias policiales locales en Florida a integrarse al programa 287(g). Desde entonces, las comunidades inmigrantes experimentaron efectos diversos.

Investigaciones de la Universidad del Sur de Florida señalaron que personas de distintos estatus migratorios evitan asistir a hospitales, escuelas o instituciones religiosas por temor a ser identificadas por autoridades.

“Los participantes describen una creciente inestabilidad laboral, una movilidad reducida, un mayor temor a la separación familiar y una disminución de la confianza en las fuerzas del orden”, se detalló en el estudio.

Los memorandos firmados en base a la sección 287(g) permiten a los oficiales colaborar directamente con ICE. Esta medida faculta a los sheriffs para actuar como agentes federales de inmigración en ciertas circunstancias, lo que acelera el proceso de deportación de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.

A lo largo de todo el país norteamericano, la agencia federal opera tres modelos del programa, según su sitio web oficial:

• Jail Enforcement Model: permite a los funcionarios de inmigración designados identificar y procesar a los extranjeros sujetos a deportación que tengan cargos penales pendientes o en curso.
• Task Force Model: habilita a los oficiales designados a ejercer una autoridad migratoria limitada mientras realizan tareas policiales rutinarias o como participantes activos en un grupo de trabajo dirigido por el ICE.
• Warrant Service Officer: otorga a los agentes la posibilidad de notificar y ejecutar órdenes administrativas contra extranjeros bajo su custodia.

Actualmente, Florida es uno de los estados que mantiene el mayor número de acuerdos activos. De acuerdo con un informe de Human Rights Watch, 344 jurisdicciones del estado han firmado memorandos de este tipo.