Temor al ICE en el regreso a clases en Florida: la medida por la que las familias migrantes dejan a sus hijos en casa

En la semana del regreso a clases en muchos distritos escolares de Florida, la preocupación ante las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) afecta a las familias de la comunidad migrante. Un reciente informe recogió testimonios de madres que prefieren mantener a sus hijos en casa en lugar de enviarlos a la escuela ante el temor a un operativo migratorio.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la aplicación de las leyes migratorias se intensificó en Florida, mientras el gobierno de Ron DeSantis amplió la cooperación estatal con las autoridades federales. En un informe reciente, Telemundo registró el testimonio de madres guatemaltecas, sin documentación regular, que prefieren mantener a sus niños en casa ante el riesgo que perciben.

“Estaban diciendo que van a sacar a los niños de la escuela, que los van a llevar donde viven sus padres y nos van a deportar. Nos van a quitar nuestros hijos, que son nacidos de aquí, y ese es el miedo. ¿Quién va a cuidar de nuestros hijos?“, se preguntó una mujer que pidió mantenerse en el anonimato.

En esa línea, explicó que, pese a que su hija pequeña quiere estudiar y aprender en la escuela, no la matriculó porque la familia no cuenta con un estatus migratorio regular para permanecer legalmente en Estados Unidos. “Ella quiere ir a estudiar, pero como me da miedo, ya no la estoy mandando”, explicó.

Otra madre guatemalteca que reside junto con sus tres hijos en Florida también manifestó su temor ante posibles redadas migratorias en el perímetro circundante a las instituciones educativas. “Por miedo, por momentos ya no quiero mandar a mis tres hijos a la escuela. Prefiero que queden en la casa. Ya tenemos miedo de ir al trabajo”, señaló.

Frente al temor de la comunidad migrante, el ICE remarcó que los edificios educativos no son objetivo de sus operativos o redadas. En su sitio web oficial, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó un comunicado de prensa en septiembre de 2025 en el que sostuvo que la agencia “no realiza redadas ni ataca escuelas”.

“El ICE no está llevando a cabo operativos policiales ni realizando allanamientos en las escuelas. El ICE no acude a las escuelas para arrestar a menores”, expresó la entonces subsecretaria Tricia McLaughlin. Luego, se refirió a los casos en los que podrían ingresar agentes migratorios a una escuela.

“Si un delincuente ilegal peligroso huyera a una escuela, o si un agresor sexual de menores trabajara como empleado, podría darse la situación de que se realizara un arresto para proteger la seguridad pública. Pero esto no ha ocurrido”, aseguró.

Aunque las escuelas en sí no sean el objetivo, se han reportado incidentes en zonas cercanas a los centros educativos. Esto suscitó en la comunidad migrante la percepción de que el trayecto hacia la escuela o las inmediaciones no son seguros para las familias.

Con la asunción del presidente Donald Trump, el gobierno estatal de Florida incrementó el número de operativos para arrestar a migrantes indocumentados, en línea con la política federal. Entre el 20 de enero y el 15 de octubre de 2025, se registraron 20.629 arrestos relacionados con inmigración en Florida, lo que equivale a aproximadamente 77 arrestos diarios.

El incremento fue particularmente pronunciado: durante el período comparable de 2024, Florida registraba unos 20 arrestos diarios. Además, aproximadamente 2922 de las detenciones se realizaron en la región de Tampa Bay, según datos del Deportation Data Project citados por WUSF.

Junto con las detenciones, Florida aumentó notablemente la cantidad de acuerdos del programa de la sección 287(g) entre oficinas policiales locales y el ICE. Estos acuerdos permiten que el ICE delegue determinadas funciones de aplicación de la ley migratoria a oficiales estatales y locales capacitados.

En una de las medidas más recientes, el director financiero estatal, Blaise Ingoglia, asignó el 21 de julio más de US$24 millones para apoyar la aplicación de las leyes de inmigración en el estado. El dinero apunta a ampliar las capacidades de las fuerzas de seguridad que participan de tareas vinculadas con las redadas.