“Con efecto inmediato”: La orden firmada por Brandon Johnson en Chicago que cambia las reglas de seguridad

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, puso en marcha una nueva política relacionada con las adquisiciones de armamento realizadas por la administración municipal. La orden ejecutiva 2026-04 fue firmada el 29 de julio y comenzó a aplicarse desde el mismo momento de su publicación.

Al anunciar la medida, Johnson señaló en su cuenta de X que el 5% de los distribuidores concentra el 90% de los dispositivos ilegales vinculados con hechos delictivos.

El lcalde también indicó que la reforma fue desarrollada en conjunto con la organización Brady, impulsora de “Unidos contra la violencia armada”.

“Hay más traficantes de armas en EE.UU. que McDonald’s, Starbucks y Walmarts combinados”, indicó el alcalde.

“La orden ejecutiva que firmé fortalecerá los estándares de adquisición de la ciudad, para que podamos identificar mejor y evitar destinar ningún dólar de los contribuyentes a vendedores que trafican con artefactos ilegales”, señaló.

La administración municipal explicó que la iniciativa busca utilizar el poder de compra de la ciudad para impulsar estándares más exigentes dentro del mercado. El propósito es que los contratos públicos contemplen no solo aspectos económicos, sino también antecedentes de cumplimiento de la legislación vigente.

Según la orden, el Departamento de Servicios de Adquisiciones (DPS, por sus siglas en inglés) deberá elaborar, en un plazo de 90 días, un conjunto de normas que serán aplicables a todas las futuras compras de armas, municiones y accesorios realizadas por dependencias municipales.

En ese proceso participarán también el Departamento de Policía de Chicago (CDP, por sus siglas en inglés), la Oficina de Administración de Seguridad Pública (PSA, por sus siglas en inglés) y el Departamento Jurídico.

Las compañías interesadas en contratar con la ciudad deberán presentar información relacionada con:

• Licencias federales, estatales y locales.
• Antecedentes regulatorios.
• Inspecciones efectuadas durante los últimos cinco años.
• Posibles infracciones vinculadas con la comercialización de estos artefactos.
• También tendrán que informar las medidas implementadas para impedir el tráfico ilegal, las compras realizadas mediante terceros y el robo de armamento.

La administración local señaló que la normativa tiene una entrada en vigor “con efecto inmediato”.

“Todas las familias merecen sentirse seguras en su vecindario, y mediante este compromiso fomentamos una mayor rendición de cuentas”, señaló Johnson en un comunicado.

La orden establece que Chicago podrá considerar distintos factores de seguridad pública antes de adjudicar o renovar contratos. Entre ellos figuran:

• Las políticas internas para prevenir el desvío hacia actividades ilegales
• Los programas de capacitación para empleados
• La colaboración con investigaciones policiales relacionadas con artefactos utilizados en delitos

Además, los proveedores deberán informar el número de armas comercializadas por la empresa que posteriormente hayan sido recuperadas por las autoridades en investigaciones criminales durante los tres años anteriores. Esa información formará parte del análisis previo a la contratación.

Otro de los puntos incluidos en la normativa es la transparencia. La ciudad prevé publicar en su sitio oficial la documentación de cumplimiento presentada por los proveedores, con la exclusión de la información considerada confidencial.

Asimismo, el DPS deberá entregar un informe al alcalde dentro de tres años para evaluar los resultados de la política implementada.

La decisión fue impulsada luego de investigaciones difundidas por la organización Brady, que señalaron que distintas agencias gubernamentales de EE.UU. realizaron compras de armas a distribuidores con antecedentes de incumplimientos de las regulaciones federales.

A partir de esos antecedentes, la administración de Johnson decidió revisar los procedimientos utilizados por Chicago para seleccionar proveedores.

Durante la presentación de la orden, el alcalde sostuvo que los recursos públicos deben respaldar únicamente prácticas comerciales que cumplan con la normativa vigente y contribuyan a los objetivos de seguridad comunitaria.

En ese sentido, afirmó que el nuevo sistema pretende fortalecer la responsabilidad de los vendedores que participan en contrataciones con el gobierno local.

Con esta decisión, Chicago incorpora un modelo de contratación similar al aplicado en otras jurisdicciones del país.

La orden también se integra a la estrategia de la actual administración para abordar la violencia armada, que recientemente incluyó la creación de la Oficina para la Reducción de la Violencia Armada y la coordinación entre dependencias municipales, organizaciones comunitarias y organismos de seguridad.