El impuesto a las redes sociales en Chicago que impulsó Brandon Johnson recauda más de lo previsto, pero enfrenta una demanda

La ciudad de Chicago registró durante los primeros meses de 2026 una recaudación superior a la prevista a través del nuevo impuesto aplicado a las plataformas de redes sociales. La iniciativa forma parte del presupuesto promovido por el alcalde Brandon Johnson para afrontar el déficit financiero municipal y financiar programas de salud.

Cuando fue aprobado, el gobierno local estimó que el tributo generaría alrededor de US$31 millones durante todo el año. Sin embargo, los ingresos obtenidos entre enero y abril alcanzaron los US$16,4 millones, una cifra que modificó las proyecciones oficiales para el resto del ejercicio fiscal.

De mantenerse el ritmo actual de cobro, las autoridades calculan que el impuesto podría aportar aproximadamente US$49,2 millones en su primer año de vigencia. Esta cifra supera ampliamente las previsiones contempladas al momento de diseñar el presupuesto.

“Me sorprende que esté funcionando tan bien”, indicó Pat Dowell, presidenta del Comité de Finanzas, al Chicago Sun Times. “Es la primera vez que vemos un impuesto de este tipo. Creo que nadie imaginaba lo que podría generar. Y está superando con creces las expectativas… Eso es un buen augurio para la ciudad”, aseguró.

A pesar de los objetivos detrás del impuesto, enfrenta una demanda presentada por NetChoice, una organización que agrupa a empresas tecnológicas. La entidad sostuvo que la norma vulnera derechos constitucionales y cuestionó la legalidad de gravar a compañías que, según su postura, participan en actividades vinculadas a la difusión de contenidos e información.

“Más allá de los problemas legales, este impuesto es miope. Esto significa mayores costos para los negocios que luchan por sobrevivir”, indicó Paul Taske, codirector del Centro de Litigios de NetChoice, en un comunicado. “Esto es perjudicial para la libertad de expresión de los habitantes de Chicago, las empresas y los residentes por igual”, agregó.

El litigio iniciado en marzo se encuentra en una etapa inicial y todavía no existe una resolución definitiva sobre la validez del tributo. Mientras tanto, los ingresos que superan las previsiones originales permanecen depositados en una cuenta especial a la espera del desenlace judicial.

“Es una apuesta arriesgada. La administración tiene que entenderlo”, aseguró la concejala Nicole Lee, del distrito 11, al Chicago Sun Times. “Me preocupa que, si no ganamos esta demanda, suframos pérdidas netas. Espero que no la perdamos. Pero no creo que sea un temor infundado”, señaló.

La normativa entró en vigor el 1° de enero y establece un cargo mensual de 50 centavos de dólar por cada usuario activo ubicado en Chicago. El cálculo se realiza únicamente sobre los consumidores que superan un umbral de 100 mil usuarios por empresa dentro de la ciudad.

La ordenanza considera como consumidor a toda persona registrada en una plataforma de redes sociales cuyos datos sean recopilados por la compañía, sin importar si el acceso al servicio es gratuito o mediante suscripción. Actualmente, el impuesto alcanza a diez compañías del sector digital:

• Meta, propietaria de Facebook, Instagram y Threads
• YouTube
• X
• TikTok
• LinkedIn
• Reddit
• Twitch
• Pinterest
• Snap
• NextDoor

Los recursos obtenidos mediante este gravamen tienen como objetivo utilizarse en programas relacionados con la atención de crisis y el funcionamiento de servicios municipales de salud mental. La administración de Johnson planteó el impuesto como una herramienta para reforzar esas áreas sin aplicar nuevos cargos a los residentes.

“Con un impuesto sin precedentes sobre las empresas de redes sociales, proponemos que estas corporaciones, no los usuarios, inviertan parte de las ganancias que obtienen al vender nuestros datos en la atención de la salud mental que mantiene saludables a nuestros jóvenes y seguras a nuestras comunidades”, dijo el alcalde el 17 de octubre de 2025 en su cuenta de X tras promocionar la normativa.

No obstante, algunos integrantes del Concejo Municipal expresaron inquietudes sobre la dependencia futura de estos ingresos. La preocupación principal radica en la posibilidad de que una resolución judicial desfavorable obligue a modificar o eliminar la medida.

“Podríamos tener un gran problema un año o dos después, cuando los tribunales digan que no tenemos legitimación activa y perdamos el caso. Entonces tendríamos que buscar… lo que podrían ser más de US$100 millones”, aseguró el expresidente del Comité de Finanzas, Scott Waguespack.

Ante ese escenario, representantes municipales señalaron que una eventual anulación del impuesto podría generar dificultades para sostener la expansión de programas financiados con esos recursos. Por esa razón, la ciudad mantiene parte de los fondos bajo resguardo mientras avanza el proceso legal.