Llegó a EE.UU. con las manos vacías: hoy su empresa construyó más de 150 casas en Boston y el TPS puede quitarle todo

El salvadoreño José Urías cruzó la frontera hacia EE.UU. en 1994. Repartió muebles, lavó platos y cocinó en restaurantes. Tres décadas después de su llegada, su empresa acumula más de 150 viviendas construidas en el área de Boston. Ahora, el vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) pone en riesgo su permanencia en el país norteamericano y puede separarlo de sus hijos.

De acuerdo con un perfil de Associated Press, publicado por ABC7 Eyewitness News, Urías abrió su negocio de construcción hace unos 18 años. El salvadoreño comenzó con la remodelación de propiedades. Después avanzó hacia la construcción y venta de casas. Desde entonces, construyó más de 150 viviendas en el área de Boston.

Urías también abrió una firma que comercializa viviendas. La compañía tiene tres empleados y trabaja con siete contratistas que ocupan a decenas de personas. EFE indicó que sus negocios de construcción y bienes raíces generan más de 50 puestos de trabajo en Malden, Massachusetts.

El empresario afirmó que siente satisfacción por los objetivos alcanzados. Explicó que el proceso requirió “lucha y sacrificio”, junto con una adaptación a la cultura, el idioma y el modo de vida en Estados Unidos.

Urías paga impuestos a través de sus actividades comerciales y participa en el movimiento que busca mantener la protección. Al defender a los beneficiarios, señaló que se trata, según afirmó, de personas que trabajan, no tienen antecedentes y son sometidas a controles cada 18 meses. Luego preguntó: “¿Por qué nos quieren sacar del país?”.

Durante las últimas décadas, el empresario no encontró otra vía para cambiar su condición migratoria. Aun con sus negocios, sus aportes tributarios y los empleos generados por sus compañías, señaló que no logró acceder a otra vía migratoria. “Nunca nos han dado ese camino a la ciudadanía”, sostuvo. Urías reclamó una respuesta legislativa y señaló que “ya es hora de que el Congreso actúe”.

Urías tiene 47 años y está casado con otra ciudadana salvadoreña amparada por el TPS. La pareja tiene dos hijos estadounidenses que viven con ellos. El mayor tiene 19 años y cursa su segundo año en Babson College, en Wellesley, Massachusetts. El menor tiene 13.

Sus padres y 11 de sus 13 hermanos cuentan con residencia legal permanente. Los otros dos nacieron en Estados Unidos. Todos viven en el país norteamericano. Los hijos del matrimonio permanecerían allí aunque sus progenitores perdieran la protección. Urías explicó que Estados Unidos es su país y el lugar donde encontrarán oportunidades.

“Nuestra vida está basada aquí, he vivido aquí más años que en El Salvador”, señaló. El empresario comparó la situación con cumplir el sueño americano y recibir, de un momento a otro, el aviso de que su tiempo terminó.

• El Congreso creó el programa en 1990 para evitar deportaciones hacia países afectados por desastres naturales o conflictos civiles. El beneficio permite permanecer y trabajar legalmente durante períodos de hasta 18 meses. Su continuidad depende de que el secretario de Seguridad Nacional considere que las condiciones impiden un regreso seguro.
• Los salvadoreños recibieron la protección en 2001, después de los dos terremotos que afectaron al país centroamericano. Muchos llevan 25 años en Estados Unidos y la mayoría tiene hijos nacidos allí.
• El permiso vence el 9 de septiembre. Si el gobierno permite que expire, 170 mil personas amparadas perderán su autorización laboral y su condición de residencia legal. También quedarán expuestas a una detención o deportación.
• Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles, afirmó que los beneficiarios están “atemorizados”. La organización recibió numerosas llamadas de personas que, según indicó, se encuentran “en pánico” ante el posible final del programa.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mantiene una relación de cooperación con el gobierno de Trump. Ambos mandatarios impulsaron medidas contra el crimen organizado transnacional y centraron sus discursos en la seguridad nacional y el cumplimiento de la ley.

El secretario de Estado, Marco Rubio, visitó El Salvador durante su primer viaje en el cargo. En esa ocasión, consiguió que el gobierno de Bukele aceptara deportados de cualquier nacionalidad. Un mes después, Estados Unidos envió a cientos de venezolanos a una prisión de máxima seguridad salvadoreña.

Bukele pidió una extensión del TPS en 2019. La protección continuó entonces debido a las demandas judiciales. Sin embargo, el mandatario no realizó públicamente un nuevo pedido en 2026.

“No podemos depender únicamente de las relaciones amistosas”, advirtió José Palma, beneficiario salvadoreño y coordinador nacional de la Alianza TPS. El dirigente sostuvo que ninguna decisión puede considerarse garantizada bajo la actual administración estadounidense.

Los salvadoreños residentes en Estados Unidos enviaron US$9900 millones en remesas durante 2025. Esa cifra representó el 24% del producto interno bruto de El Salvador, según el banco central del país.

Rebecca Bill Chavez, presidenta del centro de estudios Inter-American Dialogue, explicó que el cumplimiento de las prioridades de Trump por parte de Bukele no asegura una extensión. Durante el primer semestre de 2026, las deportaciones hacia El Salvador aumentaron un 73,8%.