25.000 menores migrantes no acompañados en riesgo de deportación: los números que escandalizan en EE.UU.

El fin de un contrato federal destinado a financiar asistencia jurídica dejó a miles de menores migrantes no acompañados sin representación en sus casos. Nueva York anunció 7,25 millones de dólares para cubrir parte del vacío y asistir a unos 1400 niños y jóvenes en el estado.

De acuerdo con City & State New York, más de 25.000 menores migrantes no acompañados quedaron expuestos a procesos de deportación sin la cobertura legal que recibían a través de un programa financiado por el gobierno federal. El contrato, valuado en US$356 millones anuales, expiró el 31 de julio después de que el gobierno de Donald Trump no renovara el esquema de asistencia.

Michael Lukens, director ejecutivo de Amica Center for Immigrant Rights, una de las organizaciones afectadas, sostuvo que contar con un abogado constituye una garantía fundamental del derecho de los menores al debido proceso. “Al negarse a pagar por los servicios ya prestados, el gobierno está socavando las protecciones a las que estos niños tienen derecho”, aseguró.

La interrupción del financiamiento afectó a una red de casi 100 organizaciones que prestaban servicios jurídicos a menores en todo EE.UU. Los proveedores acumularon pagos pendientes durante meses y algunas entidades debieron reducir sus equipos, cerrar oficinas o recurrir a sus reservas para mantener la atención.

“No hay forma de reemplazar a las organizaciones que brindan estos servicios. Sabemos lo que les sucede a los niños que acuden a los tribunales sin un abogado. En una palabra: deportación”, señaló Melissa López, directora ejecutiva de Estrella del Paso, en una conferencia.

En Nueva York, 1400 niños se encuentran dentro del grupo afectado. Más de 250 permanecen detenidos mientras avanzan sus procedimientos migratorios y, durante el año en curso, ya se registró una cantidad de audiencias de deportación para menores no acompañados superior a la contabilizada durante todo 2025.

Ante la finalización del programa federal, la gobernadora Kathy Hochul anunció una partida estatal de US$7,25 millones para financiar abogados destinados a niños y jóvenes migrantes que atraviesan procedimientos de deportación. Los recursos serán distribuidos mediante una coalición de organizaciones encabezada por la Federación Hispana.

“Ningún niño en nuestro estado debería enfrentar el miedo y la incertidumbre del proceso migratorio sin defensores y apoyo legal”, dijo la gobernadora en un comunicado.

La Oficina Estatal de Nueva York para Nuevos Americanos (ONA, por sus siglas en inglés) será la encargada de establecer contratos con los proveedores jurídicos. El objetivo es alcanzar a aproximadamente 1400 menores, incluidos aquellos que permanecen detenidos y que anteriormente recibían asistencia mediante el programa federal.

La decisión estatal se suma a los recursos que Nueva York destina a políticas para inmigrantes. Según la información proporcionada, el presupuesto de la ONA alcanza casi US$87 millones, un incremento del 27% respecto del año anterior, y contempla asistencia jurídica, orientación sobre derechos y otros servicios comunitarios.

Hochul se presentó junto con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la fiscal general del estado, Letitia James, para anunciar la respuesta estatal y defender la continuidad de los servicios jurídicos. Los funcionarios también cuestionaron las políticas federales de aplicación de las normas migratorias.

Mamdani señaló que la ciudad de Nueva York destinó US$153 millones a la representación legal para inmigrantes y amplió la información sobre derechos en distintos idiomas. También afirmó que el gobierno municipal reforzó las medidas destinadas a limitar la cooperación entre sus agencias y las autoridades migratorias federales.

“Nueva York se niega a permanecer impasible mientras el gobierno federal abandona a los niños inmigrantes y los deja vulnerables a la explotación y la deportación”, dijo el alcalde.

La administración estatal también impulsó restricciones a los acuerdos 287(g), que permiten a determinadas agencias policiales locales colaborar en tareas de aplicación de las leyes migratorias. Las medidas incluyen límites al uso de instalaciones y personal policial local con fines de control migratorio civil.