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Alerta migratoria en EE.UU.: el gobierno exige a los estados reportar al DHS a inmigrantes sin estatus desde todas sus agencias
El incumplimiento podría poner en riesgo fondos federales destinados a ayuda social y vivienda; la regla es considerada obligatoria bajo las nuevas directrices
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LA NACION
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) emitió una opinión jurídica que amplía el alcance de las obligaciones de los estados frente a las autoridades migratorias federales. El nuevo criterio establece que no solo las oficinas encargadas de programas sociales podrían estar alcanzadas por las reglas de reporte, sino también otras dependencias.
Qué cambia para las agencias estatales sobre el reporte de migrantes al DHS
De acuerdo con la disposición del DOJ, el deber de reportar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) es una condición obligatoria vinculada a la participación voluntaria en ciertos programas de asistencia social federal.
Dado que actualmente los 50 estados de EE.UU., el Distrito de Columbia y varios territorios participan en estos programas federales, la medida tiene un impacto generalizado en todo el país norteamericano. La interpretación fue elaborada por la Oficina de Asesoría Legal (OLC, por sus siglas en inglés) del DOJ.
La opinión legal toma como referencia la Sección 404 de la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidad de Trabajo de 1996. El criterio anterior limitaba las obligaciones de reporte a las agencias estatales que administraban directamente recursos de asistencia.
La nueva interpretación elimina esa distinción entre dependencias. De acuerdo con el dictamen, un estado que participa en programas como la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) y determinados acuerdos relacionados con la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones de información dentro de toda su estructura gubernamental.
“El Congreso redactó este requisito con claridad. Cuando un estado decide participar en estos programas, acepta la obligación de informar sobre los inmigrantes indocumentados en EE.UU.”, señaló el fiscal general adjunto de la OLC, Elliot Gaiser, en un comunicado.
El nuevo criterio también precisa cuándo una dependencia estatal puede considerar que tiene conocimiento de que una persona carece de estatus migratorio legal. Ese dato puede surgir de una comunicación del DHS, de una declaración realizada por la propia persona, de registros disponibles para la agencia o de documentos que indiquen que la permanencia legal terminó o fue cancelada.
Los estados no pueden evitar consultar información para no reportar al DHS
La OLC sostuvo que una agencia no puede evitar la obligación al dejar de consultar información que tiene disponible si deliberadamente decide no verificarla. De esta manera, el concepto de conocimiento no queda limitado a la existencia de una orden definitiva de deportación, como ocurría bajo interpretaciones anteriores.
El cambio puede tener consecuencias financieras para los gobiernos estatales. El incumplimiento de las condiciones vinculadas a los programas federales puede derivar en la suspensión o pérdida de recursos.
El programa TANF, por ejemplo, distribuye más de 16.400 millones de dólares anuales en subvenciones federales destinadas a los estados para asistir a familias de bajos ingresos. Las consecuencias también pueden alcanzar a los beneficios SSI, cuyos acuerdos con los estados participantes incorporan condiciones relacionadas con la cooperación y el reporte de información.
“Nuestra aclaración no impone nuevas obligaciones a los estados. Simplemente restablece el significado original de la ley promulgada por el Congreso y garantiza que el DHS reciba la información a la que tiene derecho legalmente”, expresó Joshua Craddock, autor del dictamen.
La nueva política sobre informes al DHS no es retroactiva
El DOJ señaló que el Congreso estableció las obligaciones de reporte de manera independiente para cada programa. Por ese motivo, un eventual incumplimiento no necesariamente implica que todos los recursos federales de un estado deban suspenderse al mismo tiempo.
El gobierno federal podría actuar sobre el financiamiento correspondiente al programa en el que se determine el incumplimiento. Por ejemplo, una infracción relacionada con las condiciones de TANF podría afectar esos recursos sin que necesariamente se retiren de manera automática los fondos vinculados con SSI.
La nueva interpretación no tendrá aplicación retroactiva. Esto significa que los estados y sus agencias no serán sancionados por actuaciones realizadas bajo el criterio vigente desde 1998.
El objetivo es que las administraciones estatales adapten sus procedimientos a la nueva interpretación antes de que puedan aplicarse consecuencias por incumplimientos.
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