Alfredo César Padilla, nicaragüense deportado por el ICE a África: “Nos montaron en el avión a golpes y no nos decían a dónde íbamos”

Alfredo César Padilla había acudido a una cita de rutina ante las autoridades migratorias de Estados Unidos cuando su situación cambió. El ciudadano nicaragüense fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Chantilly, Virginia, y trasladado a distintos centros de detención antes de ser incluido en un vuelo de deportación cuyo destino, según relató, desconocía.

El recorrido de Padilla por las instalaciones migratorias del ICE incluyó centros en Luisiana, donde permaneció cerca de un mes. Durante ese período, aseguró que no recibió información clara sobre el lugar al que sería enviado ni sobre las condiciones de su traslado fuera del territorio estadounidense.

Su testimonio describió un procedimiento en el que, según su versión, los agentes recurrieron a la fuerza física para conseguir que los detenidos subieran a la aeronave. “Nos montaron en el avión a golpes y no nos decían a dónde íbamos”, relató en un video difundido en redes sociales donde reconstruyó los momentos previos al despegue.

De acuerdo con el relato del nicaragüense, los detenidos preguntaron si el vuelo se dirigía a Nicaragua. Ante la falta de respuestas, un agente les habría dicho que el avión tenía como destino Miami.

“Cuando ya estábamos en el avión, entonces dijeron: ‘Bienvenidos, vamos a despegar con destino a África’”, recordó Padilla. “Entonces, nosotros quisimos hacer una huelga, dijimos ‘África no’, pero a ellos no les importó. Nos pusimos de pie para que el avión no despegara. Sin embargo, despegó con toda la gente de pie y nos tuvimos que sentar”, agregó.

El traslado duró más de 24 horas y, según el testimonio, los deportados permanecieron esposados durante el trayecto. El itinerario incluyó escalas en Senegal, Guinea Ecuatorial y Burundi, antes de llegar a la República Centroafricana, donde los pasajeros tuvieron que abandonar la aeronave bajo nuevas amenazas.

“Nos tuvimos que bajar por temor porque no sabíamos en manos de quién estábamos”, dijo el nicaragüense. “Yo soy un hombre de la tercera edad, no iba a permitir que me sucediera algo y entonces me tuve que bajar”, finalizó.

De acuerdo con Los Angeles Times, los nicaragüenses deportados como Padilla se encuentran actualmente en Bangui, capital de la República Centroafricana. El grupo denuncia que carece de documentación legal y de permisos para trabajar en el país africano.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) defendió la utilización de terceros países para ejecutar expulsiones migratorias.

En declaraciones citadas por NPR, la agencia presentó este mecanismo como “una herramienta de seguridad pública” destinada a retirar del territorio estadounidense a extranjeros en situación irregular considerados peligrosos por las autoridades.

“Las personas deportadas a terceros países reciben notificación y garantías antes de su expulsión”, aseguró el DHS. Según la posición oficial, el ICE obtiene compromisos diplomáticos de los países receptores para procurar que los deportados estén protegidos una vez que llegan a destino.

La administración estadounidense sostuvo, además, que sus operaciones migratorias se desarrollan conforme a la legislación federal y que los detenidos reciben un trato humano. Estas afirmaciones forman parte de la defensa oficial de una política que ha generado cuestionamientos por las condiciones de los traslados y la situación en la que quedan las personas expulsadas.

Human Rights Watch (HRW) cuestionó las deportaciones a terceros países cuando existe el riesgo de que las personas sean enviadas a lugares donde puedan sufrir persecución, tortura u otros daños. La organización señaló que el principio de no devolución, contemplado en instrumentos internacionales, impone límites a las expulsiones cuando existe peligro para la persona afectada.

“El derecho internacional prohíbe a EE.UU. devolver a nadie a una situación de persecución o tortura. Las autoridades estadounidenses no deberían intentar enviar a estos hombres de vuelta al peligro”, dijo Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.

La directora de políticas de la organización, Savi Arvey, sostuvo en una entrevista con Los Angeles Times que la medida implementada por la administración Trump puede exponer a refugiados a situaciones de riesgo, incluso cuando previamente fueron considerados personas que necesitaban protección.

Las organizaciones advierten, además, sobre la falta de garantías procesales en algunos casos. Entre sus cuestionamientos mencionan la ausencia de notificaciones adecuadas, las dificultades para impugnar una deportación y la falta de oportunidades para exponer ante un juez los riesgos que implicaría el traslado.