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Ciudadanía por nacimiento en EE.UU.: quiénes quedan protegidos tras el nuevo bloqueo judicial a Trump
La medida alcanza a una clase certificada de familias y mantiene el reconocimiento constitucional de los menores incluidos en ella
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LA NACION
La jueza federal Deborah L. Boardman, del Distrito de Maryland, dictó el 2 de septiembre una medida cautelar contra la Orden Ejecutiva 14418, firmada por Donald Trump en agosto. El fallo impide que distintas agencias federales nieguen determinados documentos de ciudadanía a menores nacidos en Estados Unidos comprendidos en la clase protegida mientras continúa el proceso judicial.
Qué menores quedan protegidos por el fallo sobre la ciudadanía por nacimiento
La resolución sostuvo que los demandantes acreditaron un riesgo de daño irreparable y una probabilidad elevada de acreditar que la medida presidencial “casi con toda seguridad es inconstitucional”. Según la decisión, la Decimocuarta Enmienda reconoce la ciudadanía a las personas nacidas en EE.UU. y sujetas a su jurisdicción.
“Los demandantes sostienen que la Orden Ejecutiva amenaza con negar a los miembros de la clase certificada el derecho a la ciudadanía garantizado por la Decimocuarta Enmienda. El Tribunal está de acuerdo. Es altamente probable que los demandantes tengan éxito en su reclamo”, escribió la jueza.
La protección alcanzó a los niños nacidos o que nazcan en EE.UU. después del 19 de febrero de 2025 que estén comprendidos en alguna de las categorías definidas por el tribunal. Entre esas se ubican:
- Los hijos de madres que se encontraban en el país norteamericano sin documentación migratoria al momento del nacimiento, cuando el padre tampoco era ciudadano estadounidense ni residente permanente legal.
- Los menores cuyas madres tenían un permiso de permanencia temporal, como una visa de no inmigrante, siempre que el padre tampoco fuera ciudadano estadounidense ni residente permanente.
Para estas familias, la medida judicial bloquea temporalmente los efectos de las nuevas restricciones impulsadas por la administración Trump. El alcance de la protección significa que las agencias federales no pueden aplicar las nuevas categorías de exclusión para negar documentos que acrediten la ciudadanía de estos niños.
Qué buscó cambiar Trump sobre la ciudadanía por nacimiento
La medida del 6 de agosto representó el segundo intento de Trump durante su mandato para modificar el alcance de la ciudadanía por nacimiento. La primera iniciativa fue la Orden Ejecutiva 14160, emitida el 20 de enero de 2025, que pretendía excluir automáticamente a los hijos nacidos en EE.UU. de padres con estatus migratorio temporal o irregular.
El argumento del gobierno federal era que esos menores no estaban “sujetos a la jurisdicción” estadounidense en los términos previstos por la Decimocuarta Enmienda. Sin embargo, la Corte Suprema rechazó ese planteo en junio del año en curso mediante el caso Trump v. Bárbara, al ratificar que aquellos nacidos en EE.UU. de padres extranjeros en situación irregular o temporal “son ciudadanos desde el nacimiento”.
La Orden Ejecutiva 14418 adoptó entonces un enfoque diferente. En lugar de establecer una exclusión general, buscó crear categorías específicas relacionadas con los padres, entre ellas:
- Supuestos vínculos con organizaciones terroristas.
- Determinados empleados de gobiernos extranjeros.
- Casos considerados por el gobierno como “turismo de parto”.
La disputa judicial sobre la ciudadanía por nacimiento continúa
La orden también contemplaba situaciones vinculadas con personas nacidas en determinados territorios y aguas territoriales estadounidenses donde, según la administración, la ciudadanía no se determina directamente mediante las mismas disposiciones federales. Esas cuestiones no fueron completamente suspendidas por la jueza Boardman.
La medida cautelar sí detiene la aplicación de las disposiciones destinadas a negar estos documentos a la clase certificada. El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la Administración del Seguro Social quedan impedidos de aplicar esas restricciones mientras continúe vigente el bloqueo.
El fallo no representa una resolución definitiva sobre el fondo del caso. Se trata de una medida cautelar preliminar dentro de una demanda colectiva promovida por organizaciones civiles, entre ellas CASA Inc. y el Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP).
La administración Trump puede continuar la disputa ante los tribunales federales y eventualmente recurrir nuevamente ante la Corte Suprema. El fiscal general Todd Blanche ya anticipó que el gobierno mantendrá su posición respecto de la validez de la orden, según lo retomado por NBC News.
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