
Ciudadanía por nacimiento: el nuevo fallo que favorece a familias migrantes y aleja los planes de Trump en EE.UU.
La decisión se apoyó en la Decimocuarta Enmienda y en una respuesta reciente de la Corte Suprema
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El derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos volvió a quedar en el centro de una disputa judicial entre el gobierno de Donald Trump y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes. El miércoles 2 de septiembre, la jueza federal Deborah Boardman suspendió de forma preliminar la aplicación de la Orden Ejecutiva 14418, firmada por el presidente estadounidense el 6 de agosto.
Jueza federal bloqueó la medida de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento
En una resolución de 35 páginas, Boardman sostuvo que la medida “casi con toda seguridad es inconstitucional”. Según su análisis, las restricciones planteadas por el gobierno federal contradicen la protección establecida por la Decimocuarta Enmienda, que contempla la ciudadanía de las personas nacidas en territorio estadounidense.

“Los demandantes sostienen que la Orden Ejecutiva amenaza con negar a los miembros de la clase certificada el derecho a la ciudadanía garantizado por la Decimocuarta Enmienda. El Tribunal está de acuerdo. Es altamente probable que los demandantes tengan éxito en su reclamo”, escribió la jueza.
La magistrada también tomó como referencia el precedente establecido por la Corte Suprema en junio, en el caso Trump v. Barbara. En esa decisión, el máximo tribunal confirmó que los hijos nacidos en EE.UU. de padres extranjeros que se encuentran en ese país de manera irregular o temporal están comprendidos dentro del derecho a la ciudadanía.
Qué familias quedan protegidas por el fallo sobre ciudadanía por nacimiento
La decisión judicial alcanza a una clase certificada de niños nacidos en EE.UU. después del 19 de febrero de 2025 cuyas madres se encontraban en ese país sin documentación migratoria o con un estatus temporal. La demanda fue presentada por organizaciones como CASA Inc. y el Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP).
Para estas familias, el fallo supone un freno a la aplicación inmediata de las restricciones incluidas en la orden de agosto. La medida presidencial pretendía establecer excepciones relacionadas con la condición de los padres, entre ellas:
- Determinados vínculos con organizaciones consideradas terroristas
- Empleos oficiales para gobiernos extranjeros
- Operaciones comerciales vinculadas con el denominado “turismo de parto”

Entre las personas que participaron de la demanda figuran madres migrantes que manifestaron temor por el futuro de sus hijos.
La jueza consideró que las excepciones establecidas por la administración Trump no se corresponden con las limitaciones históricas reconocidas al derecho de ciudadanía. Para la magistrada, la pérdida de esa atribución constituiría un perjuicio que no podría repararse posteriormente.
Las dos órdenes de Trump sobre ciudadanía por nacimiento
La disputa comenzó con la Orden Ejecutiva 14160, firmada por Trump el 20 de enero de 2025, al inicio de su segundo mandato. El documento, denominado “Protecting the meaning and value of American Citizenship”, buscaba excluir de la ciudadanía a determinados niños nacidos en EE.UU. cuyos padres se encontraran en el país norteamericano de manera temporal o irregular.

El gobierno federal argumentó entonces que esas personas no estaban comprendidas dentro de la expresión “sujetas a la jurisdicción” de EE.UU. utilizada por la Decimocuarta Enmienda. Esa primera iniciativa fue invalidada después de la intervención de la Corte Suprema en junio de 2026.
La segunda medida, la Orden Ejecutiva 14418, fue emitida el 6 de agosto de 2026. A diferencia de la primera, estableció categorías específicas para las excepciones al derecho a la ciudadanía.
Qué puede ocurrir con la ciudadanía por nacimiento tras el fallo de la jueza
El fallo impide que el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la Administración del Seguro Social apliquen la Orden Ejecutiva 14418 contra los integrantes de la clase protegida.
Sin embargo, la suspensión no alcanza a todas las disposiciones del documento presidencial:
- Permanece vigente la sección 2(d), relacionada con ciertos territorios y aguas territoriales.
- Permanece vigente la sección 3(b), referida a la elaboración de directrices públicas.
Según lo retomado por NBC News, el fiscal general Todd Blanche anticipó que la administración Trump continuará con la disputa judicial y que podría recurrir nuevamente ante la Corte Suprema. “Si tenemos que volver al Tribunal, lo haremos”, señaló.
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