Contraataque contra Trump: más de 50 jueces de inmigración denuncian despidos ilegales y discriminación

Un grupo de jueces federales de inmigración despedidos durante el segundo mandato de Donald Trump comenzó a alzar la voz en lo que ya se transformó en una campaña pública sin precedentes. En este contexto, más de 50 magistrados acusan despidos arbitrarios, discriminación de género y presión política para fallar de una determinada manera en los casos migratorios. Muchos de ellos iniciaron procesos legales para revertir su situación, mientras denuncian públicamente lo que consideran un ataque directo al Estado de derecho.

Un patrón que se repite: despidos, presiones y discriminación contra jueces de inmigración

Desde que Trump retomó el poder, más de 50 jueces de inmigración fueron despedidos. Según el sindicato que los representa —la Federación Internacional de Ingenieros Profesionales y Técnicos—, los ceses, combinados con renuncias, traslados y jubilaciones anticipadas, han dejado fuera del sistema a un total de 106 magistrados desde enero. Esto en un momento en que los tribunales enfrentan un atraso cercano a los cuatro millones de causas con apenas 600 jueces disponibles.

Entre los recientemente despedidos se encuentra Carla Espinoza, jueza de inmigración en Chicago desde 2023. Fue notificada de su salida mientras leía un veredicto en sala, al concluir su período de prueba de dos años en la Oficina Ejecutiva de Revisión Migratoria. La magistrada aseguró que no recibió motivo alguno para su destitución y que presentará una denuncia por discriminación ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés).

Para ella, existe un patrón de despidos que afecta especialmente a mujeres y a personas de origen latino o con apellidos que lo sugieren. También mencionó otro posible motivo detrás de su despido: su decisión de liberar a un inmigrante mexicano, Ramón Morales Reyes, acusado falsamente de enviar una carta amenazante contra el presidente Trump.

Espinoza relató que trabajó bajo gran presión mediática tras ese fallo, especialmente por los comentarios públicos de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. “Es difícil acallar el ruido y hacer tu trabajo con justicia cuando hay tanta distracción. Creo que lo hice. Y defiendo mi decisión: liberé a una persona que había sido doblemente victimizada”, enfatizó.

Jennifer Peyton, la jueza que recibió su despido por mail sin ninguna explicación

Jennifer Peyton, quien hasta hace unas semanas se desempeñaba como jueza supervisora en la corte de inmigración de Chicago, es una de las voces más firmes en esta cruzada judicial. Fue destituida de su cargo el 3 de julio, mientras se encontraba de vacaciones con su familia por el feriado del Día de la Independencia. Recibió un correo electrónico de tres líneas que no incluía motivo alguno de la decisión.

Peyton fue designada jueza en 2016 y, con el tiempo, ascendió a jefa adjunta del tribunal de inmigración en Chicago. En ese rol, se encargaba de supervisar a otros magistrados, coordinar capacitaciones y representar al tribunal ante observadores externos. Afirmó que contaba con evaluaciones de desempeño excelentes y que nunca se le había iniciado ningún procedimiento disciplinario.

Entre sus sospechas sobre las razones detrás de su despido, mencionó haber aparecido en una lista de “burócratas enemigos” elaborada por una organización conservadora que acusa a ciertos funcionarios de sabotear la agenda de Trump.

Peyton decidió apelar su despido ante la Junta de Protección del Sistema de Mérito, una agencia federal que ha sido también blanco de críticas por parte de la administración Trump. En declaraciones a Associated Press, expresó: “Me importaba mi trabajo y era muy buena en él. Ese correo que recibí no ofrecía ninguna explicación”.

George Pappas, el juez que denunció instrucciones para emitir un fallo

Otro de los jueces destituidos en julio es George Pappas, quien ejercía en Boston y supervisó más de 2000 casos en dos años. El magistrado describió su despido como “arbitrario, injusto y un ataque al Estado de derecho”. Según declaró a CBS News, fue presionado para fallar en una dirección específica en ciertos expedientes.

En ese sentido, aseguró que se le indicó que concediera mociones para desestimar casos, lo que dejaba a los inmigrantes en situación de ser arrestados inmediatamente por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) al salir de la sala.

Jennifer Peyton respaldó esta afirmación y sostuvo que, en muchas ocasiones, “al salir de la sala, los inmigrantes eran esposados por oficiales del ICE”.

El Departamento de Justicia, a través de la Oficina Ejecutiva de Revisión Migratoria, ha evitado responder a estas acusaciones. Consultado por CBS News, un portavoz se limitó a señalar que “la administración Trump está haciendo cumplir enérgicamente las leyes migratorias” y que, a diferencia del gobierno anterior, “no ejerce presión sobre los jueces para que fallen de determinada manera, sino que se asegura de que se apeguen a la ley”.

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