Cuál es la consecuencia inmediata y temida en EE.UU. si se pone fin a la ciudadanía por nacimiento a pedido de Trump

La ciudadanía por nacimiento es uno de los pilares del sistema constitucional estadounidense. Desde 1868, la Decimocuarta Enmienda garantiza que toda persona nacida en territorio estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres, es ciudadana del país. Sin embargo, recientes intentos del presidente Donald Trump generaron controversia al proponer la eliminación de este derecho mediante una orden ejecutiva.

Qué establece la Decimocuarta Enmienda

La Decimocuarta Enmienda, adoptada tras la Guerra Civil, fue diseñada para proteger los derechos de los recién emancipados y garantizar su igualdad ante la ley. Su primera sección estipula: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de los Estados Unidos y del estado en el que residen”. Este principio, conocido como ius soli o derecho de suelo, convirtió a Estados Unidos en uno de los pocos países desarrollados que otorgan automáticamente la ciudadanía por lugar de nacimiento.

Durante más de 150 años, esta política contribuyó a la inclusión social y el fortalecimiento del tejido demográfico estadounidense. Sin embargo, en las últimas décadas, sectores conservadores cuestionaron su validez en el contexto de una creciente inmigración no autorizada.

La propuesta de eliminar el derecho de suelo

El presidente Donald Trump firmó en 2025 una orden ejecutiva que busca negar la ciudadanía a hijos de inmigrantes no autorizados o de personas en tránsito. Según Trump, esta política fomentaba lo que denominó “turismo de maternidad” y erosionaba los recursos nacionales. Su propuesta reavivó el debate sobre la relación entre la inmigración y la ciudadanía, polarizando tanto a legisladores como a la opinión pública.

Organizaciones defensoras de los derechos civiles señalaron que esta medida impactaría principalmente a las comunidades más vulnerables. “Negar la ciudadanía a niños nacidos en el país crea una población sin estatus legal, sin acceso a derechos básicos y condenada a la exclusión social”, afirmó un portavoz de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Respuesta judicial

El anuncio fue rápidamente impugnado en los tribunales. Expertos legales coinciden en que cualquier intento de eliminar el derecho de suelo requiere una enmienda constitucional. Este proceso implica la aprobación de dos tercios de ambas cámaras del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados, un camino que parece improbable en el actual clima político, según The Washington Post.

“La Decimocuarta Enmienda no deja margen para reinterpretaciones arbitrarias. Cambiar su alcance mediante una orden ejecutiva representa un claro abuso de poder”, señaló el jurista Edward Rosenberg, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Georgetown.

La semana pasada, un juez federal en Seattle bloqueó temporalmente la orden ejecutiva de Trump.

Riesgos de la apatridia

La eliminación de la ciudadanía por nacimiento podría dejar a miles de niños nacidos en territorio estadounidense en una situación de apatridia. Esto significa que no contarían con nacionalidad alguna, ya que muchos países no otorgan ciudadanía basada únicamente en el linaje.

Sin nacionalidad, estos niños enfrentarían obstáculos significativos para acceder a educación, atención médica y oportunidades laborales. Además, expertos advierten que esto crearía una nueva generación de excluidos, lo que podría aumentar la desigualdad social y agravar tensiones en un país ya dividido en cuestiones migratorias.

Precedentes en otros países

Estados Unidos no es el único país que enfrentó debates sobre el ius soli. Canadá y varios países de América Latina mantienen esta práctica, mientras que naciones europeas como Alemania o Francia aplican el principio de ius sanguinis, que otorga ciudadanía únicamente a quienes tienen ascendencia nacional.

En 2010, Irlanda dejó de otorgar automáticamente la ciudadanía por nacimiento tras un referéndum, convirtiéndose en el último país europeo en modificar esta política. Sin embargo, el contexto demográfico y legal europeo difiere considerablemente del estadounidense, donde el ius soli fue concebido como una herramienta de integración.

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