Deportación masiva por país: qué pasará con los migrantes en el segundo mandato de Donald Trump
El presidente comenzará a implementar sus planes de manera inmediata. Las primeras redadas de inmigrantes se llevarán a cabo esta misma semana
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Se acabó la cuenta atrás. Las detenciones y deportaciones de inmigrantes de la nueva era trumpista comenzarán esta misma semana. Así lo ha venido advirtiendo Donald Trump desde que se aseguró la vuelta a la Casa Blanca en noviembre y lo ha vuelto a repetir en su último mitin como presidente electo celebrado este domingo en la capital del país. “Para cuando el sol se ponga mañana por la tarde, la invasión de nuestras fronteras se habrá detenido, y todos los intrusos ilegales estarán, de una forma u otra, de camino de vuelta a casa”, ha dicho el republicano 18 horas antes de jurar su cargo como 47º presidente de Estados Unidos.
El nuevo Gobierno comenzará a arrestar inmigrantes sin papeles tras la investidura de este lunes. Las redadas empezarán en Chicago, Illinois, el martes y se extenderán a lo largo de todo el país, mientras la Administración se prepara para llevar a cabo “la mayor deportación de la historia” que el republicano prometió durante su campaña. Las primeras detenciones se centrarán en inmigrantes con antecedentes penales, pero Trump ha asegurado que su plan es deportar a todos los inmigrantes indocumentados que se encuentran en el país. Se estima que son unos 11 millones de personas, según cifras oficiales, pero el magnate ha llegado a hablar de hasta 25 millones.
Además, todas las miradas están puestas en las primeras órdenes ejecutivas que el republicano firme después de su ceremonia de inauguración. En línea con lo que ha prometido, se espera que tras asumir el cargo, Trump declare una “emergencia nacional” casi inmediata en la frontera sur del país. Esta declaración le permitirá militarizar la zona fronteriza y sellar los pasos de entrada al país. Además, con esta herramienta tendrá a su disposición un arsenal de fondos y recursos militares para poner en marcha su plan de detenciones y deportaciones masivas.
El hecho de que el republicano pretenda usar de esta manera una declaración de “emergencia nacional” ya ha suscitado críticas, puesto que la legislación de Estados Unidos prohíbe que los soldados detengan directamente a la población civil. No obstante, Trump ha dejado claro que está dispuesto a llevar la ley hasta el límite para conseguir lo que quiere. En su primer mandato, ya usó de forma similar la autoridad de emergencia para acceder a fondos militares con el fin de construir secciones de su muro fronterizo con México, después de que el Congreso le negara la financiación para ello.
Pero el Congreso de entonces, que al menos intentaba frenar sus políticas migratorias más radicales, no es el de ahora. Trump vuelve a la Casa Blanca con una mayoría republicana en ambas cámaras legislativas, hasta por lo menos 2026, cuando se celebran las elecciones de medio mandato. Junto con un poder judicial afín, con jueces nombrados por él, incluidos tres de los seis magistrados de la mayoría conservadora del Tribunal Supremo, queda prácticamente anulada la posibilidad de una oposición similar a la que enfrentó en su primera presidencia.
Un Congreso trumpista
La nueva legislatura, que inició a principios de enero su mandato, ya ha empezado a alinearse con el programa migratorio de Trump, incluso antes de que asumiera el cargo. El nuevo jefe adjunto de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, se aseguró de ello, con múltiples visitas al Capitolio durante las últimas semanas. Miller está a cargo de supervisar las políticas migratorias del nuevo Gobierno y trabajará junto a otro halcón contra la inmigración y fiel asesor de Trump, Tom Homan. Tras estar al frente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante el primer mandato del republicano, Homan vuelve ahora como zar de la frontera, a cargo de planificar acciones como las redadas que comenzarán este martes.
En los días previos a la investidura, Miller mantuvo reuniones con los líderes del Partido Republicano en el Congreso, en las que trasmitió a los legisladores la urgencia de avanzar y facilitar las políticas migratorias de Trump. Su mensaje caló: todo apunta a que Trump firmará la primera ley migratoria de su segundo mandato en sus primeros días en el cargo. Se trata de un proyecto de ley que avanza en el Senado, que se dispone a aprobarlo el mismo lunes de la investidura, y que permite las deportaciones de inmigrantes sin papeles que hayan cometido delitos menores (como un hurto en una tienda), aunque no hayan sido condenados por ello. La Cámara de Representantes ya votó a favor de la norma y lo volverá a hacer cuando regrese a sus manos para una última aprobación. Entonces llegará al escritorio de Trump para ser promulgada.
La ley lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante de enfermería de 22 años que fue asesinada en febrero pasado en el campus de la Universidad de Georgia. Su asesino, el venezolano José Antonio Ibarra, que recibió cadena perpetua por el crimen, cruzó ilegalmente la frontera en septiembre de 2022, y antes del asesinato fue detenido por un robo, pero se le permitió permanecer en libertad tramitando su situación legal. Fue uno de los casos que Trump usó durante la campaña electoral para avanzar en su teoría de que los migrantes que se encuentran en situación irregular en el país son delincuentes, a pesar de que casi el 90% de ellos carece de antecedentes penales.
La ley —que pasó en ambas cámaras legislativas con el apoyo clave de algunos legisladores demócratas— exige que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detenga a inmigrantes indocumentados que sean acusados, detenidos o condenados por hurtos, robos y atracos no violentos y que los mantengan bajo su custodia hasta que sean expulsados del país. Con la ley actual hace falta haber sido condenado por dos delitos menores o por uno grave para enfrentarse a la deportación.
Estados aliados
Trump no solo ostenta poder absoluto en las tres ramas del Gobierno federal, sino que también cuenta el apoyo de varios Estados gobernados por republicanos que serán claves para llevar a cabo su proyecto migratorio. Como Texas, que se ha ofrecido para albergar los centros de detención junto a la frontera que funcionarán como lanzadera para las deportaciones del magnate. O Florida, cuyo gobernador, Ron DeSantis, fue la última autoridad estatal en asegurar que su Administración colaborará estrechamente con el nuevo Gobierno en materia migratoria.
“Con la toma de posesión del presidente Trump, Florida tiene una oportunidad única para ayudar a facilitar el fin de la crisis migratoria de Estados Unidos”, dijo la semana pasada DeSantis, anterior aspirante a la nominación presidencial republicana. El gobernador ha convocado una sesión legislativa especial sobre inmigración con el objetivo de posicionar a Florida para ayudar a la Administración entrante. Entre las medidas que ha propuesto está el otorgar a las fuerzas de seguridad locales y estatales el poder de arrestar y detener a los inmigrantes indocumentados y convertir en un delito estatal la entrada irregular a Estados Unidos. Actualmente, la entrada ilegal al país es solo un delito federal.
Pero Trump no solo tiene influencia en los territorios republicanos; algunos demócratas también han cerrado filas tras él. Eric Adams, el alcalde de Nueva York, la ciudad que más migrantes ha recibido durante la masiva ola migratoria de los últimos años, ha asegurado que trabajará con la nueva Administración en su campaña de expulsiones. De hecho, el regidor demócrata se reunió con Trump tres días antes de la toma de posesión. En este caso, sin embargo, la política migratoria no es lo único que ha forjado esta alianza: Trump ha manifestado que considera la posibilidad de indultar a Adams, que fue imputado por corrupción en septiembre y se enfrenta a una difícil campaña de reelección en los próximos meses.
A la vez, algunos Estados demócratas —liderados por California, Illinois y Colorado— continuarán siendo bastiones de resistencia frente a los planes de Trump. También lo harán las llamadas ciudades santuario, urbes que de acuerdo a normativas locales no colaboran en materia migratoria con el Gobierno federal. Pero queda por ver si tendrán éxito: la ciudad de Nueva York es una de ellas, pero es posible que pronto no lo sea.
EL PAIS@Ediciones El Pais, S.L.U.
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