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El DHS celebra un fallo que limita las audiencias de fianza para inmigrantes detenidos por el ICE en Texas
La decisión del Quinto Circuito, por diez votos contra siete, favorece la política de Trump y revierte un precedente judicial de julio
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LA NACION
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) celebró un fallo que restringe las audiencias de fianza para inmigrantes detenidos por el ICE en Texas, Louisiana y Mississippi. La resolución favorece la política de detención obligatoria del gobierno de Donald Trump, en medio de la revisión de la Corte Suprema sobre las fianzas migratorias.
Qué resolvió el Quinto Circuito sobre las audiencias de fianza del ICE
Según informó Reuters, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito determinó, por diez votos contra siete, que la Constitución de EE.UU. no exige conceder audiencias individuales de fianza a los inmigrantes comprendidos en el caso.
Tras la resolución, James Percival, principal asesor jurídico del DHS, calificó públicamente el resultado como una gran victoria para la detención migratoria obligatoria.
La sentencia judicial, publicada en Justia, estableció que la Quinta Enmienda no obliga a las autoridades a ofrecer una audiencia para evaluar la peligrosidad o el riesgo de fuga de los extranjeros que nunca fueron admitidos legalmente en Estados Unidos. El tribunal también revocó las órdenes de jueces inferiores que habían autorizado la liberación de tres inmigrantes.
El juez Cory Wilson, designado por Trump, redactó la opinión mayoritaria. Su argumento central fue que las personas sin admisión legal no tienen derecho constitucional a procedimientos adicionales a los establecidos por el Congreso para resolver su situación migratoria.
La resolución abarca la jurisdicción del Quinto Circuito, que comprende Texas, Louisiana y Mississippi. Su alcance adquiere relevancia para los centros de detención migratoria de los dos primeros estados, donde se encuentran algunas de las mayores poblaciones de inmigrantes bajo custodia federal.
La reacción del DHS al fallo sobre las detenciones migratorias
De acuerdo con The Texas Tribune, Percival celebró la decisión mediante una publicación en redes sociales. El funcionario sostuvo que el tribunal respaldó un principio de detención obligatoria incorporado a la legislación en 1996. También acusó a sectores de la estructura gubernamental de ignorar esa disposición durante décadas.
La interpretación del DHS coincide con el cambio de política que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) impulsó en julio de 2025.
Desde entonces, la administración Trump sostiene que las personas que ingresaron sin autorización deben permanecer detenidas durante sus procesos de deportación, independientemente del tiempo que lleven en territorio estadounidense.
El criterio oficial se apoya en la sección 1225(b)(2)(A) de la legislación federal. Esa disposición establece la detención obligatoria de determinados extranjeros que solicitan admisión y no reúnen los requisitos para obtenerla.
En cambio, la sección 1226(a) contempla la posibilidad de liberar bajo fianza a otras categorías de inmigrantes mientras continúa su procedimiento de expulsión.
Los tres inmigrantes de Texas que originaron la disputa judicial
El expediente comenzó con las detenciones de tres hombres en Texas entre noviembre de 2025 y febrero de 2026. Los agentes estatales los interceptaron durante controles de tránsito y posteriormente quedaron bajo custodia del ICE.
Los demandantes fueron Ignacio Sosnava Rodriguez y Alejandro Villegas Angel, ambos ciudadanos mexicanos, y Miguel Angel Gomez Alvarado, de nacionalidad hondureña.
De acuerdo con la sentencia, Sosnava llevaba más de 22 años en EE.UU. sin admisión legal. Villegas residía allí desde 2011 y tenía dos hijos estadounidenses, mientras que Gomez vivía en territorio norteamericano desde 2012 y tenía un hijo con ciudadanía estadounidense.
Los tres recurrieron a la Justicia mediante solicitudes de habeas corpus. Argumentaron que su permanencia bajo custodia, sin la oportunidad de solicitar una audiencia de fianza, vulneraba sus garantías constitucionales.
Los jueces federales de primera instancia les dieron la razón y ordenaron su liberación. En julio de 2026, un panel del Quinto Circuito respaldó esas decisiones mediante una regla de 90 días para acceder a una audiencia de fianza.
Sin embargo, el tribunal completo decidió revisar el expediente. La nueva mayoría anuló el criterio anterior y rechazó la obligación constitucional de realizar esas evaluaciones individuales.
Qué argumentaron los jueces que rechazaron la decisión
La sentencia también generó cuestionamientos entre los magistrados disidentes y las organizaciones que representaron a los inmigrantes.
La jueza Dana Douglas, designada por el expresidente Joe Biden, advirtió sobre los riesgos de conceder al Poder Ejecutivo facultades de arresto y detención sin controles suficientes. En su opinión disidente, vinculó esa posibilidad con antecedentes históricos de abusos gubernamentales.
Por su parte, Rebecca Cassler, abogada del Consejo Estadounidense de Inmigración (American Immigration Council), cuestionó el alcance de la resolución. Según sus declaraciones a The Texas Tribune, el fallo debilita las garantías de debido proceso para los inmigrantes de los tres estados afectados.
La abogada Gracie Willis, del Proyecto Nacional de Inmigración (National Immigration Project), también criticó la decisión. Consideró que permite ampliar las detenciones sin ofrecer a los afectados una oportunidad individual de solicitar su liberación.
Willis indicó que su organización todavía evaluaba las alternativas legales disponibles y no había decidido si presentaría una apelación ante la Corte Suprema.
Qué puede pasar con las audiencias de fianza ante la Corte Suprema
La controversia judicial continúa abierta en el ámbito federal. La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó revisar otro expediente relacionado con la política migratoria de detención obligatoria.
Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre ambos procedimientos: el máximo tribunal examinará si las audiencias de fianza son obligatorias por ley, mientras que el Quinto Circuito resolvió si la Constitución exige esas audiencias.
Las distintas interpretaciones sobre el régimen de custodia ya provocaron decisiones contrapuestas en los tribunales federales. Esa controversia también aparece en otras decisiones judiciales que rechazan las detenciones sin fianza del ICE.
El fallo del Quinto Circuito tampoco elimina todas las posibilidades de presentar un habeas corpus. La propia sentencia reconoció que pueden existir circunstancias diferentes que justifiquen una revisión judicial.
Entre ellas, el tribunal mencionó posibles controversias sobre la aplicación de las normas de admisión y situaciones en las que la detención deje de responder a su finalidad migratoria.
Los jueces también señalaron que podrían surgir problemas constitucionales si las autoridades prolongan una detención pese a que la deportación ya no constituye una posibilidad realista. No obstante, concluyeron que los tres demandantes de Texas no demostraron esas circunstancias en sus respectivos expedientes.
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