El ICE cambia sus tácticas de arresto: varían por cada estado y si es demócrata o republicano
Un análisis muestra dos modelos de operativos en las detenciones de inmigrantes: en ciertas jurisdicciones se concentran en las prisiones, mientras que en otras, en las calles
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LA NACION
El gobierno de Donald Trump intensificó los arrestos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), pero las estrategias varían según el color político del distrito. Mientras que en los estados republicanos los operativos se enfocan en prisiones y cárceles; en los demócratas, se priorizan redadas en la comunidad.
Estrategias distintas para estados con diferente signo político
De acuerdo con un análisis realizado por CNN, la información de redadas y arrestos del ICE muestra una división cada vez más marcada en el enfoque migratorio según el color del estado.
La diferencia responde, en parte, a las leyes locales de cooperación con el ICE. Los números muestran que:
- En los estados que votaron por Donald Trump, el 59% de los arrestos ocurrió en cárceles y prisiones.
- En los estados que eligieron a Kamala Harris, el 70% de los operativos se realizó en comunidades.
En ciudades con políticas santuario, los agentes migratorios no acceden a las cárceles, lo que obliga a realizar operativos en las calles. En repetidas oportunidades, desde el ICE explicaron que esas restricciones generan más presencia en la vía pública.
Arrestos en las calles: el modelo en estados demócratas
Massachusetts lidera los arrestos comunitarios: el 94% ocurrió fuera del sistema carcelario. El estado cuenta con decisiones judiciales y medidas locales que limitan la colaboración con agentes federales.
El actual director interino del ICE, Todd Lyons, coordinó esa región antes de su ascenso. El funcionario justificó los arrestos comunitarios como una respuesta directa a las políticas locales. La Corte Suprema estatal prohíbe detener a inmigrantes sin una orden judicial.
Los operativos del ICE alteran la vida cotidiana en suburbios de Boston como Chelsea y Everett. Allí, muchas familias evitan salir a la calle por miedo a las redadas. Comercios, escuelas y hospitales registran una caída de asistencia por ese temor.
El caso de Geovani Esau De La Cruz Catalan, arrestado tras graduarse de la secundaria, refleja el alcance de la vigilancia. El joven guatemalteco, sin antecedentes penales, pasó dos semanas detenido antes de ser liberado con orden de comparecencia.
Redadas masivas y críticas por brutalidad
En mayo, el ICE realizó su mayor operativo en Massachusetts: arrestó a más de 1400 personas. En la región, activistas y abogados denuncian:
- Detenciones arbitrarias
- Agentes enmascarados
- Uso excesivo de la fuerza
Daniel Kanstroom, profesor de derecho en Boston College, criticó la estrategia. Y afirmó que nunca había visto un nivel tan alto “de mezquindad y brutalidad”, ni siquiera arrestos a estudiantes por sus opiniones políticas.
“Nunca antes habíamos visto a estudiantes arrestados por escribir artículos de opinión. Nunca antes habíamos visto a personas sacadas a rastras de un tribunal de inmigración”, declaró.
Mayor colaboración con fuerzas estatales en estados republicanos
Mississippi ejemplifica el otro modelo: el 87% de las solicitudes de detención terminaron en arrestos en cárceles. Entre otras medidas, el estado:
- Prohibió las políticas santuario
- Permite la cooperación total entre la policía y el ICE
En estos estados, la agencia detiene mayor cantidad de inmigrantes con antecedentes. El 41% de los arrestados tenía algún tipo de condena previa, contra el 36% en territorios que votaron por Kamala Harris. La mayoría son delitos menores o infracciones migratorias.
Políticas de Trump y crecimiento del ICE
El presupuesto del ICE aumentó con el nuevo proyecto de ley firmado por Trump. El presidente amplió los fondos para la agencia y extendió el programa que permite a las fuerzas estatales participar en la aplicación de leyes migratorias.
En lugares como Los Ángeles, las redadas masivas llegaron junto con el despliegue de la Guardia Nacional. Luego, el gobierno federal demandó a la ciudad por mantener sus políticas santuario, a las que calificó de “anárquicas”.
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