El ICE estudia un contrato tecnológico para analizar miles de millones de registros telefónicos con inteligencia artificial

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) avanza con un proyecto tecnológico destinado a integrar y analizar grandes volúmenes de información sobre comunicaciones. La iniciativa, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), contempla contratar a Pen-Link Ltd., una empresa con sede en Lincoln, Nebraska, para proporcionar herramientas de investigación asistidas por inteligencia artificial (IA).

La adjudicación propuesta se realizaría mediante un procedimiento sin competencia, conocido como sole-source, bajo el argumento de que la compañía es la única opción razonablemente disponible para cumplir con los requisitos técnicos.

La notificación oficial no informa el monto del contrato, que tendría una duración inicial de un año y podría extenderse mediante cuatro prórrogas anuales.

Los requisitos técnicos contemplan una plataforma capaz de almacenar, procesar y analizar al menos diez terabytes de información.

La infraestructura deberá admitir a miles de usuarios y permitir que, como mínimo, 500 agentes trabajen simultáneamente desde oficinas ubicadas en Estados Unidos y otros países.

El sistema reunirá datos de distintas fuentes, entre ellas:

• Registros de llamadas.
• Interceptaciones telefónicas en tiempo real.
• Correos electrónicos.
• Historiales de navegación.
• Movimientos financieros.
• Publicaciones o registros vinculados con redes sociales.
• También podrá procesar información obtenida de dispositivos móviles incautados durante investigaciones.

Otro componente comprende los datos de ubicación, entre los que figuran señales GPS, registros de localización telefónica y las denominadas descargas de torres celulares, que permiten identificar los dispositivos conectados a una antena durante un período determinado. Esta última modalidad puede incluir teléfonos de personas que no son objeto directo de una investigación.

La plataforma también contempla información asociada con servicios como Google, Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp y X.

La propuesta oficial describe herramientas para representar ubicaciones en mapas, establecer alertas geográficas y organizar los movimientos de los dispositivos a lo largo del tiempo.

El proyecto prevé incorporar un asistente de IA generativa que funcionaría mediante cuentas de Microsoft Azure proporcionadas por el ICE y su división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés). Los agentes podrán formular consultas en lenguaje cotidiano para localizar información, resumir registros y establecer conexiones entre distintos elementos de una investigación.

La herramienta también permitirá elaborar cronologías, tablas, gráficos y mapas a partir de los datos recopilados. Entre las funciones previstas se encuentran:

• La transcripción automática de grabaciones.
• La traducción de conversaciones en distintos idiomas.
• La identificación de números telefónicos, nombres y direcciones dentro de documentos extensos.

Los requisitos incluyen, además, mecanismos para clasificar información según su posible relevancia investigativa y generar alertas cuando un dispositivo ingrese en una zona determinada.

El sistema deberá conectarse con una plataforma nacional que permite detectar si diferentes agencias investigan un mismo número telefónico o una cuenta.

La propuesta establece límites para el uso de estos recursos: las consultas de los agentes y los datos de las investigaciones no podrán utilizarse para entrenar modelos externos comerciales o públicos. También deberán registrarse las interacciones con el asistente para permitir auditorías.

La contratación vuelve a poner en discusión la compra de información comercial sobre la ubicación de teléfonos celulares por parte de las agencias federales.

En marzo, 72 integrantes del Congreso solicitaron una investigación sobre las prácticas del ICE y otras dependencias, al considerar que se adquirieron datos de localización de ciudadanos estadounidenses sin una orden judicial previa.

Entre los legisladores que impulsan el escrutinio figuran el senador demócrata Ron Wyden y el representante demócrata Adriano Espaillat. El pedido busca que el inspector general examine la adquisición y utilización de estos registros.

“Los datos de ubicación son extremadamente sensibles y pueden revelar la religión de una persona, sus opiniones políticas, su estado de salud, sus adicciones y con quién pasa el tiempo”, dijeron los legisladores en un comunicado.

“Por esa razón, normalmente, el gobierno debe obtener una orden judicial para exigir dichos datos a las compañías telefónicas o tecnológicas”, señalaron.

Según Project Salt Box, un grupo de investigación independiente que realiza un seguimiento de la transparencia federal, la contratación pública y el desarrollo de infraestructuras, Pen-Link ya proporciona al ICE una herramienta denominada Webloc, que rastrea teléfonos mediante datos de ubicación recopilados por aplicaciones móviles y publicidad digital.

En ese caso, la agencia paga por acceder a la información comercial. Sin embargo, el aviso del nuevo contrato no aclara si los datos obtenidos mediante Webloc formarán parte de la plataforma en desarrollo.

Diversas organizaciones defensoras de los derechos civiles, entre ellas la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), advierten que la combinación de distintas fuentes de información puede ampliar la capacidad de vigilancia sobre la población. Sus cuestionamientos también alcanzan la posible conexión con otros programas de análisis e inteligencia del gobierno federal.