El recurso legal para frenar al ICE que todo migrante debe conocer y que Trump busca eliminar en EE.UU.

Las personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) cuentan con una herramienta prevista por la Constitución de Estados Unidos para solicitar que un tribunal revise la legalidad de su encarcelamiento. Se trata del hábeas corpus, un mecanismo que puede utilizar cualquier persona bajo custodia sin importar su estatus migratorio.

El hábeas corpus está reconocido en el Artículo I de la Constitución estadounidense y funciona como un mecanismo de control judicial sobre cualquier privación de libertad.

En materia migratoria, puede emplearse para cuestionar arrestos, detenciones prolongadas o decisiones adoptadas sin las garantías del debido proceso.

El recurso obliga al gobierno a explicar ante un juez federal las razones que justifican la detención. Si esas no cumplen con los requisitos legales, el tribunal puede ordenar la liberación del detenido o disponer nuevas actuaciones dentro del proceso.

En California, el Immigrant Defenders Law Center (ImmDef), organización dedicada a brindar representación legal gratuita en casos migratorios, desarrolló materiales informativos para que las personas recluidas puedan conocer este procedimiento y, cuando corresponda, presentar solicitudes sin representación privada. Entre los casos en los que suele invocarse figuran:

• Las nuevas detenciones de personas que ya habían recuperado la libertad, especialmente cuando no existe una explicación suficiente sobre el motivo del nuevo arresto.
• También puede utilizarse cuando una persona permanece detenida durante un período extenso sin una revisión judicial adecuada.
• Asimismo, el recurso puede solicitar audiencias para revisar la posibilidad de una fianza.
• Cuestionar procesos de expulsión mientras un tribunal analiza el caso.
• Denunciar que una detención vulnera derechos constitucionales.

Las solicitudes también abarcan casos relacionados con personas que ingresaron mediante CBP One, poseen documentos de parole o un formulario I-220A y posteriormente fueron detenidas nuevamente. En esos escenarios, un juez federal puede revisar si la privación de la libertad cumple con los requisitos legales.

ImmDef distribuye manuales en español e inglés dirigidos a personas alojadas en centros de detención migratoria de California. El material explica cómo completar los formularios, identificar el tribunal competente y presentar una petición de hábeas corpus bajo la modalidad conocida como pro se, es decir, en representación propia.

La iniciativa surgió luego de que integrantes de la organización observaran que algunos detenidos, tras recibir orientación básica, lograban presentar correctamente sus solicitudes judiciales. En este contexto, comenzaron a compartir esa información con otros internos.

Además de estos manuales, la entidad ofrece representación gratuita en procesos de deportación, asistencia a menores de edad y apoyo a veteranos.

También otorgan ayuda para la defensa de personas retenidas en centros migratorios, con el objetivo de garantizar el acceso al debido proceso.

Durante la administración Donald Trump, asesores del gobierno impulsaron la posibilidad de limitar el acceso al hábeas corpus con el argumento de acelerar los procesos de deportación.

La interpretación sostuvo que la inmigración irregular podría considerarse una “invasión”, supuesto previsto por la Constitución para una eventual suspensión del recurso.

Sin embargo, diversos reportes indicaron que la facultad para suspender el hábeas corpus corresponde al Congreso y únicamente puede ejercerse en circunstancias específicas, como casos de rebelión o invasión que comprometan la seguridad pública. La Constitución no otorga esa atribución de manera unilateral al presidente.

Además, jueces federales rechazaron la interpretación que equipara la inmigración irregular con una invasión en los términos constitucionales.

Como consecuencia, el recurso legal continúa vigente y sigue como una vía disponible para que las personas detenidas soliciten el control judicial de su privación de libertad.

Registros analizados por ProPublica mostraron un incremento sostenido de las peticiones presentadas por inmigrantes detenidos desde comienzos de 2025. En ese período se contabilizaron más de 67.000 recursos destinados a revisar la legalidad de las detenciones migratorias.

• Texas y California concentraron la mayor cantidad de presentaciones, seguidos por Florida, Pensilvania, Nueva Jersey y Georgia.
• Los tribunales federales también registraron un crecimiento de casos en otros estados donde aumentó la actividad de control migratorio.

El volumen de expediente incrementó la carga de trabajo de jueces, defensores y representantes del gobierno.

Mientras continúan los litigios sobre el alcance de este recurso, el hábeas corpus permanece como uno de los mecanismos utilizados para impugnar detenciones efectuadas por el ICE.