Es oficial: agentes del ICE y del FBI no vigilarán los centros de votación durante las midterms del 3 de noviembre

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció recientemente que los agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no actuarán como observadores electorales en los elecciones de medio término. La decisión surge tras la presentación de una demanda que argumentaba que la presencia de personal de seguridad constituía una forma de intimidación hacia los votantes.

En una declaración presentada ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia, el DOJ precisó que su División de Derechos Civiles no recurrirá a personal policial juramentado con facultad legal para efectuar arrestos en calidad de monitores electorales. Eric Neff, jefe interino de la división de derechos civiles electorales del DOJ, sostuvo que la supervisión se realizará “de manera similar y con propósitos similares a los de ciclos electorales anteriores, que se remontan a décadas atrás”.

En las elecciones de mitad de mandato de 2022, 289 personas fueron enviadas a los centros de votación, según declaró un funcionario del DOJ en agosto, citado por Spectrum News. En los procesos electorales presidenciales de 2024, 714 personas actuaron como observadores en 27 estados.

En lugar de los agentes del FBI y el ICE, las funciones de observación serán desempeñadas por miembros de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina Federal de Prisiones (BOP).

También participará un empleado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), asignado temporalmente al DOJ y sin representar al Departamento de Seguridad Nacional.

La declaración del DOJ se presentó en el marco de la demanda National Association for the Advancement of Colored People v. Dhillon, iniciada por la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) para obtener documentos sobre el despliegue de observadores federales en las elecciones.

Los demandantes habían expresado su preocupación ante la posibilidad de que se desplegara personal armado o de control migratorio en las urnas. Para ello, se basaron en declaraciones previas de altos funcionarios que rehusaron descartar la presencia de agentes del FBI.

Por otro lado, también habían advertido sobre la posible presencia de cerca de 1000 observadores en los 50 estados el día de las elecciones, lo que constituye aproximadamente el triple que en las últimas elecciones de mitad de mandato. Este despliegue constituiría el mayor operativo de observación en la historia del departamento.

De acuerdo con Reuters, en Nevada, el principal funcionario electoral, el demócrata Cisco Aguilar, señaló que las fuerzas del orden locales recibirán capacitación para desalojar a cualquier observador del DOJ que infrinja las normas o se niegue a abandonar un centro de votación si se le solicita.

A través de ese mismo proceso judicial, la NAACP también busca conocer las jurisdicciones donde el DOJ planea desplegar observadores

No obstante, Neff señaló que aún está en proceso de identificar todos los centros de votación a los que enviará observadores. Asimismo, sostuvo que publicar esa lista “socavaría los esfuerzos de la agencia y podría poner en riesgo a los observadores”, según informó Bloomberg.

Las autoridades del DOJ estipularon que todos los observadores designados tienen estrictamente prohibido portar armas de fuego durante sus jornadas en los centros de votación.

También remarcaron que el personal recibió capacitación para no hablar con los votantes dentro de los centros de votación, sino solo afuera, después de que hayan emitido su voto.

La portavoz del Departamento de Justicia, Kiersten Pels, explicó en diálogo con Reuters cuál será el rol concreto de los observadores. “Si los observadores detectan alguna violación de la ley electoral federal, incluido el voto de personas que no son ciudadanas, lo registran y lo reportan al Departamento”, detalló.

Aunque los observadores no verificarán la identidad de los votantes, sus informes podrían contribuir a investigaciones posteriores a las elecciones, explicó un portavoz del DOJ. En ese sentido, no está claro qué evidencia concreta podrían reunir los observadores durante sus funciones.