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Es oficial: el fallo de la Corte Suprema que permite al gobierno revisar datos de inmigrantes votantes en EE.UU.
La resolución restablece el uso de algunas modificaciones al uso del sistema SAVE que impulsó la administración Trump
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LA NACION
La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó temporalmente al gobierno de Donald Trump a reactivar una versión ampliada del sistema utilizado para verificar la ciudadanía de personas registradas para votar, una decisión que tendrá aplicación durante las elecciones del 3 de noviembre. El fallo permite que las autoridades vuelvan a utilizar información de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) para realizar controles.
Corte Suprema y qué permite el nuevo fallo sobre datos de inmigrantes
En su decisión del 25 de septiembre, la Corte Suprema concedió la solicitud de emergencia presentada por el gobierno y suspendió la orden de un tribunal federal de distrito que había dejado sin efecto las modificaciones realizadas al sistema SAVE.
La medida permanecerá vigente mientras avanza la apelación ante la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia y, eventualmente, mientras se resuelve una solicitud de revisión ante la propia Corte Suprema.
El máximo tribunal también concluyó que impedir el funcionamiento del sistema podía perjudicar los esfuerzos federales para responder a las consultas de autoridades electorales estatales y locales.
Los puntos centrales de la decisión son:
- La Corte Suprema suspendió la orden del tribunal federal que había bloqueado el SAVE modificado.
- El gobierno podrá volver a utilizar el sistema para realizar consultas individualizadas sobre ciudadanía.
- SAVE podrá recurrir a información de la SSA, incluidos números de Seguro Social y otros datos asociados.
- Las autoridades estatales y locales podrán realizar búsquedas de múltiples personas mediante el sistema modificado.
- La decisión no resuelve definitivamente el litigio sobre la legalidad del programa: establece una suspensión de la orden inferior mientras continúa el proceso judicial.
Donald Trump y la modificación del sistema SAVE: cómo comenzó el caso
El origen de la disputa se encuentra en una orden ejecutiva firmada por Trump en marzo de 2025. Según el fallo, el mandatario ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) implementar nuevos mecanismos que permitieran a las autoridades estatales y locales verificar la ciudadanía de personas registradas para votar y de quienes pretendieran registrarse.
La medida también ordenó a la SSA poner sus registros a disposición del DHS para ese objetivo. El sistema involucrado es el denominado Systematic Alien Verification for Entitlements (SAVE).
Fue creado en 1986 para que organismos federales, estatales y locales pudieran comprobar el estatus migratorio y la ciudadanía de personas que solicitaban determinados beneficios públicos.
Qué cambia para las elecciones con el fallo de la Corte Suprema
El fallo no autoriza una eliminación generalizada de personas de los padrones electorales. La Corte Suprema estableció que la legislación marca una moratoria de 90 días sobre los programas destinados a retirar sistemáticamente de los registros a votantes considerados no elegibles antes de una elección federal.
La diferencia que establece el fallo está en las consultas individuales. El gobierno podrá utilizar el SAVE modificado para responder solicitudes específicas de autoridades estatales y locales durante ese período.
La mayoría consideró que la prohibición de las operaciones sistemáticas limita el posible impacto inmediato de la decisión, pero señaló que el gobierno federal debe poder responder a las consultas individualizadas previstas por la legislación.
La modificación adquiere importancia porque los registros utilizados ya no se limitan a información migratoria. De acuerdo con la opinión de la mayoría de la Corte Suprema, el sistema incorporó comprobaciones contra registros adicionales, incluidos números de Seguro Social.
Si el sistema no logra confirmar que una persona es ciudadana, la agencia estatal o local debe solicitar información adicional al individuo para acreditar su estatus, según la descripción incluida en el fallo.
La controversia judicial se centra, en parte, en qué ocurre cuando la información federal no coincide con la situación actual de una persona.
La mayoría señaló el caso de una integrante de las organizaciones demandantes, identificada en el expediente como J. Doe 4, que estaba registrada para votar en Louisiana y cuyos registros de la SSA no reflejaban correctamente que había adquirido la ciudadanía estadounidense por naturalización.
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