Evelyn Hernández, de la alianza nacional por el TPS: “Si Trump no da un anuncio, nuestra comunidad quedará en el limbo”

A días de la fecha prevista para el vencimiento de la actual designación, la activista Evelyn Hernández advirtió que cerca de 170 mil salvadoreños y sus familias permanecen bajo incertidumbre. La dirigente integra la coordinación nacional de la organización que representa a los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

En una entrevista de Telemundo 52, Hernández explicó que la actual designación del TPS para El Salvador está prevista para vencer el 9 de septiembre. La extensión fue anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) en enero de 2025 y vigente desde el 10 de marzo de ese año. Junto con ella vencen las tarjetas de los permisos de trabajo, principal motivo de preocupación para las personas amparadas.

“Si Trump no da un anuncio, nuestra comunidad quedará en el limbo”, afirmó. La referente también mencionó la posibilidad de que el gobierno federal no comunique una decisión y se active una extensión automática de seis meses.

La ley también permite una extensión de 12 o 18 meses. En cambio, si DHS determina terminar la designación, la terminación no puede entrar en vigor antes de 60 días desde la publicación del aviso, salvo que corresponda una fecha posterior.

De acuerdo con su perfil publicado por la organización, Hernández lleva 26 años en el país norteamericano, tiene tres hijos con ciudadanía estadounidense y está amparada por el beneficio destinado a los salvadoreños.

También trabaja como organizadora comunitaria en el Centro de Recursos Centroamericanos de Los Ángeles. Al explicar su participación en una caravana, sostuvo que se les “está acabando el tiempo para vivir y trabajar legalmente” en Estados Unidos.

La activista describió su situación migratoria como incierta y expresó que no quiere perder los años que invirtió junto con sus hijos. “Este es mi hogar adoptivo y lucharé para quedarme con mi familia”, señaló.

La ACLU explicó que este mecanismo permite que personas de determinados países permanezcan y trabajen en Estados Unidos cuando no pueden regresar de forma segura por guerras, desastres u otras emergencias.

La organización indicó que una autorización laboral basada en ese beneficio conserva su validez hasta que termina la designación. Después de esa fecha, el permiso también concluye, salvo que la persona cuente con otra condición migratoria que le permita trabajar.

Quienes solo estén amparados por el programa perderían la protección contra la remoción y la autorización de empleo derivadas del TPS y, si no cuentan con otra base legal para permanecer en EE.UU., podrían quedar sujetos a un proceso de remoción.

Hernández anunció que representantes de la entidad viajarán a Washington los días dos y tres de septiembre para contactar a congresistas.

A su vez, la coordinadora se refirió al proyecto Dream and Promise Act y aseguró que la petición de descarga contaba con 210 firmas.

Para forzar una votación en la Cámara, necesita alcanzar 218 firmas. Esta propuesta ofrecería la residencia permanente legal a determinados beneficiarios de TPS y DED que cumplan los requisitos.

Sobre la relación entre los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador, Hernández sostuvo que el presidente Nayib Bukele “puede hacer mucho” por una población que lleva décadas en territorio estadounidense.

“Si el TPS no se extiende, personas van a perder sus trabajos, la economía de esos hogares se viene a pique”, concluyó.