Inmigrantes contra el Uscis y la nueva demanda para lograr una vía para el ajuste de estatus

Una nueva disputa judicial enfrenta a inmigrantes y organizaciones de distintos sectores con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). El 5 de octubre, una coalición presentó una demanda ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts para cuestionar dos memorandos emitidos por la agencia durante este año.

El expediente, identificado como American Association of University Professors, et al. v. Markwayne Mullin, et al., involucra a la American Association of University Professors (AAUP), universitarios de Harvard y Boston, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU, por sus siglas en inglés) y organizaciones de asistencia legal para inmigrantes. También participan personas que actualmente tramitan su ajuste de estatus.

Uno de los objetivos del litigio es la política identificada como PM-602-0199 y publicada el 21 de mayo. Según los demandantes, el Uscis comenzó a considerar el ajuste de estatus dentro del país norteamericano como una medida excepcional y no como una vía habitual contemplada por la legislación migratoria.

La directriz establece que, en determinados casos, la decisión de permanecer en EE.UU. para tramitar la residencia puede ser considerada negativamente. Para contrarrestar esa valoración, el solicitante debería demostrar circunstancias que compensen esa presunción. La política contempla consideraciones particulares para determinadas categorías, como personas con visas de doble intención, refugiados y asilados.

La segunda medida cuestionada es la política de denegación, PA-2026-05, publicada el 5 de agosto. Esta norma permite que el Uscis rechace determinadas solicitudes sin emitir previamente una Solicitud de Evidencia o una Notificación de Intención de Denegar. Además, la demanda cuestiona que el criterio pueda aplicarse a expedientes que ya estaban pendientes cuando entraron en vigor las nuevas pautas.

“Estamos impugnando estas políticas, que han sembrado caos e incertidumbre en la vida de familias y comunidades inmigrantes”, señaló el American Immigration Council, uno de los representantes legales, en un comunicado. “Obligarlos a someterse al proceso consular implica la separación de su familia y comunidad, la pérdida de empleos para algunos y vivir en un país sin vínculos familiares ni perspectivas”, indicó.

Los demandantes sostuvieron que el Uscis y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) excedieron las facultades otorgadas por el Congreso mediante la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés). Según su planteo, la sección 245 de esa legislación permite determinadas solicitudes de ajuste de estatus dentro de EE.UU. y no autoriza al Ejecutivo a establecer una penalización general para quienes utilizan esa vía.

Otro eje del reclamo es la Ley de Procedimiento Administrativo. La coalición consideró que las políticas debieron atravesar un proceso de notificación y recepción de comentarios públicos porque, según su interpretación, producen efectos similares a los de una norma sustantiva.

También los demandantes acusaron al gobierno de apartarse de precedentes administrativos y de no considerar las consecuencias que los cambios tienen para quienes presentaron sus solicitudes bajo las reglas anteriores.

La demanda planteó una cuestión vinculada con el debido proceso. Los solicitantes sostuvieron que una aplicación retroactiva de los nuevos criterios puede llevar a rechazos sin permitir que los afectados incorporen documentación adicional para responder a las nuevas exigencias. Por eso, consideraron que las decisiones del Uscis pueden perjudicar expedientes que fueron iniciados antes de los cambios.

Uno de los principales puntos de preocupación está relacionado con el procesamiento consular. Para los demandantes, obligar a determinadas personas a abandonar EE.UU. para completar el trámite en el extranjero puede generar separación familiar, pérdida de empleos e interrupciones en carreras profesionales.

La salida del país norteamericano también puede activar determinadas restricciones de reingreso relacionadas con períodos de presencia no autorizada. A esto se suman posibles demoras consulares, restricciones de viaje, suspensión de emisión de visas o procedimientos administrativos adicionales que, según los demandantes, podrían mantener al solicitante fuera de EE.UU. durante un período indeterminado.

El impacto señalado por la acción judicial alcanza a cónyuges y padres de ciudadanos estadounidenses, beneficiarios de programas migratorios y profesionales como médicos, profesores, ingenieros e investigadores.

Los demandantes solicitaron al tribunal que declare ilegales las dos políticas, suspenda su aplicación durante el litigio, las deje sin efecto de manera permanente y ordene al Uscis procesar los casos conforme a las normas y precedentes que consideran vinculantes. También reclamaron el pago de los costos y honorarios derivados del proceso.