La Corte Suprema de EE.UU. emite fallo a favor del ICE y las deportaciones a terceros países

La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó de manera temporal al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a continuar con las deportaciones de inmigrantes hacia terceros países, incluso cuando esas personas no tengan una relación previa con las naciones que las reciben. El máximo tribunal aceptó revisar el caso y fijó los argumentos para diciembre.

La resolución de emergencia deja en pausa una decisión de un tribunal federal de Massachusetts que había considerado ilegal el procedimiento utilizado por el gobierno de Trump. Esa instancia judicial había exigido que los inmigrantes contaran con una oportunidad efectiva para plantear objeciones relacionadas con posibles torturas, persecución u otros peligros antes de ser enviados fuera de EE.UU.

Además de suspender la resolución del tribunal inferior, la Corte Suprema decidió analizar el fondo de la disputa en el caso Department of Homeland Security v. D.V.D. Los argumentos orales fueron programados para diciembre, por lo que la decisión de emergencia no representa todavía una resolución definitiva sobre la legalidad de la política del ICE.

“Se ordena al secretario establecer un calendario de alegatos que permita que el caso sea argumentado en la sesión de diciembre. La suspensión terminará al enviarse la sentencia de esta Corte”, se lee en la resolución de emergencia.

El litigio comenzó a partir de los reclamos de inmigrantes afectados por esta modalidad de expulsión. Entre ellos se encuentra “D.V.D.”, un ciudadano cubano con una condición psiquiátrica grave, quien cuestionó que el gobierno pueda enviarlo a un país distinto sin un mecanismo claro para presentar objeciones sobre su seguridad, según lo retomado por NBC News.

La discusión ante la Corte incluirá si los tribunales federales de distrito tienen autoridad para intervenir en este tipo de casos y si pueden conceder medidas de alcance colectivo. También se analizará si corresponde utilizar la Ley de Procedimiento Administrativo para dejar sin efecto una política de aplicación nacional.

“La política de deportación a países de tercera categoría vuelve a estar en vigor. Un mal día tanto para los inmigrantes ilegales con antecedentes penales como para los activistas a favor de las fronteras abiertas”, anunció James Percival, asesor jurídico del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), en un comunicado a Miami Herald.

La política de la administración Trump permite trasladar a personas que no pueden ser expulsadas directamente a sus países de origen. Entre las situaciones mencionadas se encuentran casos en los que el lugar de donde proviene el inmigrante no acepta el retorno o cuando existen alegaciones creíbles de que la persona podría sufrir tortura u otros daños.

Para concretar estos traslados, el gobierno estadounidense negoció acuerdos con países dispuestos a recibir a los deportados. Según lo retomado por NBC News, entre estos se encuentran:

• México
• Sudán del Sur
• Eswatini
• Ruanda
• El Salvador
• Liberia

El gobierno federal sostuvo que estos acuerdos permiten avanzar con las deportaciones cuando el retorno directo no resulta posible. En cambio, abogados y organizaciones que representan a los inmigrantes cuestionaron las garantías ofrecidas por algunos países receptores y sostuvieron que determinadas naciones presentan condiciones que pueden representar riesgos para quienes son trasladados.

Uno de los principales interrogantes que deberá resolver la Corte Suprema es si las garantías diplomáticas generales pactadas entre EE.UU. y los países receptores son suficientes o si cada persona debe disponer de una instancia individual para explicar por qué considera que su traslado podría ponerla en peligro.

En diciembre, los jueces también deberán analizar si la política contradice la legislación federal de inmigración, específicamente el 8 U.S.C. §1231(b), y si vulnera las garantías establecidas por la cláusula del debido proceso de la Constitución.

Otro punto estará relacionado con la Convención contra la Tortura y sus normas de implementación en EE.UU. La discusión determinará hasta qué punto estas protecciones deben ser consideradas antes de trasladar a una persona hacia un país que no es el de su nacionalidad.