La guía del ICE que muestra cómo se aplica la fianza para liberar a inmigrantes detenidos en EE.UU.

El sistema migratorio de Estados Unidos contempla mecanismos financieros para que los migrantes detenidos recuperen su libertad temporal. En esa línea, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) desarrolló un marco regulatorio para establecer cómo se aplica el sistema de fianza en diversos casos.

Una guía de la agencia federal dice que la fianza es un compromiso formal del extranjero frente a la Oficina de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés). Al asumir este beneficio, el migrante promete que asistirá a todas las citas judiciales y cumplirá la decisión definitiva del juez.

Según un documento del Florence Immigrant & Refugee Rights Project de 2022 alojado en el portal del ICE, este beneficio exige el respaldo de un patrocinador con estatus legal en el país. El fiador entrega una cantidad de dinero que garantiza el cumplimiento de la promesa del detenido.

En cuanto a los montos a abonar, los jueces imponen un pago mínimo según cada caso para autorizar la liberación:

• 1500 dólares para una fianza de entrega.
• US$500 para una fianza de salida voluntaria, según el código de regulaciones federales 8 CFR § 1240.26(c)(3).

Cabe aclarar que la ley de inmigración no fija ningún límite máximo para estas garantías financieras. El patrocinador recupera la totalidad de los fondos al final de la causa judicial.

Sin embargo, según una guía del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), si el extranjero se ausenta a una sola audiencia, perderá todo el dinero. Además, si falta a su audiencia de deportación una vez liberado, recibirá automáticamente una orden de deportación.

Esto se debe a que la liberación temporal bajo fianza no suspende la acusación ni detiene el proceso de expulsión en curso.

No todos los extranjeros bajo custodia califican para solicitar este beneficio de liberación. El historial penal y migratorio del individuo influye directamente en la determinación de la autoridad.

De acuerdo con Modern Law, bajo la ley Laken Riley Act de 2025 y la sección 236(c) del INA, se estipuló que se exige la detención obligatoria para arrestos o condenas asociadas a sustancias controladas, robo de propiedad, agresiones a oficiales de la ley o delitos graves de violencia. Por su parte, las personas sujetas a una orden de expulsión definitva tampoco son elegibles para la fianza.

Las cortes de apelaciones del país mantienen una división jurídica respecto a la validez legal de esta directriz. Los circuitos federales aplican criterios opuestos que dependen únicamente de la ubicación geográfica del centro de reclusión.

Los extranjeros bajo detención prolongada durante muchos meses adquieren en ciertos casos el derecho a solicitar una fianza especial.

Por su parte, el tribunal de inmigración perderá jurisdicción sobre quienes demuestren ser ciudadanos y la orden de detención del ICE se cancelará.

La audiencia de fianza es un proceso totalmente independiente del juicio principal de deportación. En este caso, el inmigrante solicita de forma gratuita esta cita judicial para que el juez revise o disminuya su monto.

Durante el trámite, el magistrado evalúa si el extranjero representa un peligro social o un riesgo de fuga. El detenido aporta cartas de patrocinadores y recibos de servicios para certificar su arraigo en la comunidad.

De acuerdo con Novo Legal, solo los migrantes bajo arresto en los territorios de los Circuitos 1.º, 2.º, 3.º, 6.º, 7.º, 9.º, 10.º y 11.º pueden acceder a estas audiencias tras recientes fallos.

Dichos tribunales de apelaciones anularon la detención obligatoria y ordenaron la apertura de los procesos de fianza.

En cambio, las cortes del 5.° y 8.° Circuito dictaminaron que en sus territorios se aplica la detención obligatoria. En cuanto al 4.° Circuito, todavía no reveló su posición.