La inusual forma con la que el ICE puede espiar las transferencias bancarias de migrantes hacia México
Cientos de agencias federales pueden acceder a millones de registros financieros sin control judicial a través de una herramienta que expone información sensible de personas que envían dinero al extranjero
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LA NACION
El Centro de Análisis de Registros de Transacciones (TRAC, por sus siglas en inglés), que se creó en el estado de Arizona y es operado por una organización sin fines de lucro, contiene información sobre millones de transferencias de dinero. Sin embargo, esta base de datos ahora resulta clave para los operativos de control del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
TRAC: un sistema masivo de vigilancia financiera fronteriza
El TRAC almacena información sobre más de 340 millones de transferencias de dinero superiores a 500 dólares enviadas desde y hacia México, Arizona, California, Nuevo México y Texas. Dentro de sus registros pueden revisar los montos, pero también los nombres y direcciones de remitentes y destinatarios, a los que se acceden sin la aprobación de un juez.
Desde 2014, este centro de análisis funciona como una organización sin fines de lucro, aunque su operación y control permanecieron bajo la órbita del fiscal general de Arizona. Sin embargo, el acuerdo original se firmó con Western Union, que financió el proyecto en sus inicios y acordó compartir datos en tiempo casi real.
La información abarca desde zonas cercanas a la frontera hasta todos los estados del sur de Estados Unidos y el territorio mexicano completo. Por eso, todos estos atributos vuelven al TRAC una herramienta idónea para que el ICE pueda rastrear a inmigrantes indocumentados.
El ICE como principal usuario de TRAC
En 2018, durante la primera gestión de Donald Trump, el ICE se posicionó como el principal usuario de TRAC, con casi 950 cuentas activas. Incluso la agencia migratoria integró el directorio del centro de análisis y financió su funcionamiento en 2019, tras el vencimiento del acuerdo con Western Union.
El senador demócrata Ron Wyden investigó los mecanismos de acceso del ICE y concluyó que la agencia utilizó citaciones federales conocidas como “customs summons” para exigir información de transacciones incluso fuera del ámbito fronterizo con México.
Aunque desde el TRAC señalaron que la base de datos no contiene información sobre el estatus migratorio de las personas y que fue creada exclusivamente para investigar lavado de dinero en la frontera, The Intercept revela que estos pedidos incluyeron operaciones en países de Europa, China y el Caribe, sin relación con aduanas ni mercancías.
Las críticas al TRAC y el miedo de esta herramienta en manos de Trump
“Esta base de datos es un arma cargada al alcance de cualquiera”, señaló Nathan Freed Wessler, subdirector del Proyecto de Libertad de Expresión, Privacidad y Tecnología de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), organización que exigió el cierre de TRAC.
“Se trata de un programa de recolección de datos que afecta de manera desproporcionada a personas pobres e inmigrantes, grupos que la Administración Trump está haciendo todo lo posible por perseguir”, agregó.
“El gobierno de Trump demostró que actúa de forma irresponsable con respecto a quién deporta y por qué”, comentó Abigail Kunkler. La abogada del Centro de Información sobre Privacidad Electrónica considera que esta herramienta solamente puede empeorar esta situación.
La expansión del TRAC a lo largo de los años y las gestiones
En 2015, el republicano Mark Brnovich asumió como fiscal general de Arizona. Fue uno de los primeros en impulsar la teoría de que los inmigrantes indocumentados constituyen una “invasión” según la Constitución de Estados Unidos. Recientemente, Trump lo designó como embajador en Serbia.
Durante su gestión, el TRAC sumó 70 millones de nuevos registros y llegó a incluir a 28 empresas remitentes para 2021. Antes, en 2017, tenía 75 millones de registros de 14 compañías, según las actas de reuniones del directorio del TRAC.
Además, el número de agencias policiales con acceso pasó de 300 a casi 700, con más de 11.000 usuarios registrados en 2021. Entre 2018 y 2019, cuando el ICE se convirtió en el principal accionista, comenzó a entregar datos propios al TRAC sobre millones de transferencias con citaciones administrativas “de dudosa legalidad”.
A pesar del cambio de signo político, con la llegada de la exrepublicana Kris Mayes al cargo de fiscal general de Arizona, el sistema no se desmanteló. Su oficina firmó un acuerdo con el TRAC en 2023 que exige a los agentes declarar el motivo de búsqueda y evitar el abuso de datos. Sin embargo, las organizaciones defensoras de derechos consideran insuficientes estos límites.
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