Las cifras exactas detrás del fin del parole humanitario para venezolanos y cubanos en Estados Unidos

La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos permitió a la administración de Donald Trump eliminar el programa de parole humanitario y revocar el estatus legal temporal de unos 530 mil migrantes. Entre ellos, se encuentran 117 mil venezolanos y 110 mil cubanos, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

¿Qué significa el fin del parole para migrantes de Cuba y Venezuela?

La medida afecta a migrantes que llegaron legalmente al país norteamericano con patrocinio y permiso para trabajar, con una máxima estadía de dos años. El programa comenzó en 2022 bajo el gobierno de Joe Biden, quien había advertido en octubre que quienes ingresaron bajo este programa debían buscar nuevas vías legales.

De acuerdo a The Washington Post, la decisión se tomó tras una demanda judicial. Aunque el fallo no es definitivo, implica la revocación inmediata del permiso para vivir y trabajar en EE.UU. Las notificaciones ya comenzaron a llegar, según informaron abogados migratorios.

¿Cuántos migrantes pierden el estatus legal temporal?

Las cifras oficiales indican que todos estos migrantes ingresaron bajo el programa y quedan ahora expuestos a procesos de deportación:

• 211 mil haitianos
• 117 mil venezolanos
• 110 mil cubanos
• 93.000 nicaragüenses

El fallo se suma a otra decisión reciente que revocó el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para 350 mil venezolanos. En conjunto, se pone en riesgo el estatus de más de 850 mil personas en pocos días.

La administración Trump justificó la decisión por razones de seguridad nacional y como parte de su política “America First”. Tricia McLaughlin, funcionaria de Seguridad Nacional, celebró la decisión como un retorno al control migratorio estricto.

¿Dónde viven los migrantes afectados?

Florida concentra la mayor cantidad de beneficiarios del programa de parole. También se registran altos niveles de residencia en Texas, según el economista Michael Clemens de la Universidad George Mason. Otras comunidades numerosas se encuentran en:

• Nueva Jersey
• Illinois
• Utah
• Georgia
• Ohio
• Maryland
• California

Estas personas ya están integradas en barrios y economías locales. La eliminación del estatus legal puede desarticular comunidades enteras en distintos estados. Así lo advirtieron organizaciones de defensa de los migrantes tras conocerse el fallo.

¿Qué trabajos realizan quienes perderán el permiso?

Según Clemens, la mayoría trabaja en sectores esenciales que arrastran déficit de mano de obra desde la pandemia, como:

• Hospitalidad
• Construcción
• Salud
• Manufactura
• Educación

Además, una gran parte también se desempeña en comercio minorista y servicios personales. Estas tareas resultan vitales para el funcionamiento diario de muchas ciudades. Expertos advierten un impacto directo en la actividad económica local.

¿Qué consecuencias económicas y sociales prevén los expertos?

Para los migrantes, la medida es devastadora, dicen las organizaciones. Podría generar separaciones familiares y obligar al retorno a países con crisis humanitarias. Jennie Murray, presidenta del National Immigration Forum, dijo que la decisión perjudicará a empresas y comunidades: “Son 500 mil trabajadores distribuidos en todo Estados Unidos”.

Investigaciones previas muestran que las deportaciones reducen el empleo entre trabajadores nativos. Chloe East, economista de la Universidad de Colorado en Denver, sostuvo que “todos los inmigrantes, incluso los sujetos a deportación, son importantes para la economía”.

¿Qué opinan abogados y empleadores ante esta decisión?

La medida también genera caos e incertidumbre entre empleadores. Dawn Lurie, abogada de inmigración de la firma Seyfarth Shaw, afirmó que las empresas no saben cómo manejar los despidos ni la falta de documentación. La interrupción repentina de permisos de trabajo también podría derivar en conflictos legales laborales.

Organizaciones como el Centro de Derecho y Política Migratoria de UCLA calificaron el fallo como un golpe inédito. Su subdirectora, Talia Inlender, afirmó que se trata de una acción sin precedentes que “saca la alfombra debajo de los pies” a medio millón de personas.

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