Marco Antonio Osorio, constructor mexicano de 50 años, detenido por el ICE: “Podían ver que éramos hispanos”

Marco Antonio Osorio llegó a Estados Unidos en 1993, cuando tenía 17 años. Desde entonces, construyó su vida en ese país y trabajó durante décadas en el sector de la construcción. Sin embargo, el 10 de junio, una parada de tránsito mientras regresaba a Houston terminó con su detención por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Según el relato recogido por The Guardian, el trabajador regresaba de Austin después de cumplir una jornada de diez horas cuando una patrulla del alguacil realizó una maniobra en la autopista y lo obligó a detenerse. El agente argumentó que una luz trasera de su vehículo presentaba una falla, una explicación que Osorio puso en duda.

El mexicano consideró que el motivo real del procedimiento estaba relacionado con su origen. “Podían ver que éramos hispanos”, sostuvo al describir lo ocurrido. Menos de dos minutos después de la detención, varios vehículos sin identificación del ICE lo rodearon, lo que le impidió avanzar.

“Había muchos más vehículos del sheriff, policías estatales y agentes del ICE en las carreteras, zigzagueando entre los autos revisando las matrículas”, indicó Osorio a The Guardian.

De acuerdo con su relato al medio estadounidense, Osorio trabaja seis días por semana en la instalación de cables de fibra óptica para servicios de televisión e internet en complejos de departamentos. Sus jornadas comienzan alrededor de las 5 hs y pueden extenderse durante diez horas.

A pesar de su prolongada residencia en EE.UU., su situación migratoria todavía no estaba resuelta. Su hija Gabriela, nacida en territorio estadounidense y miembro de la Infantería de Marina, había colaborado con la presentación de una solicitud de residencia.

Durante el procedimiento, mostró la documentación que acreditaba que su trámite estaba en curso y explicó la situación de su hija. Sin embargo, un agente migratorio le respondió, según lo retomado por The Guardian, que esos elementos no modificaban su situación.

El trabajador fue trasladado primero a celdas conocidas entre los detenidos como “las hieleras”, debido a sus bajas temperaturas, y posteriormente a un centro de detención próximo a la frontera. Permaneció allí durante 40 días, hasta que el abogado de inmigración Jacob Monty consiguió su liberación al cuestionar el cumplimiento del debido proceso.

Osorio continúa con su trabajo mientras espera la resolución de su apelación. La posibilidad de ser expulsado del país norteamericano donde ha vivido durante más de tres décadas sigue presente, al igual que la preocupación por el cuidado de uno de sus hijo con autismo.

De acuerdo con las cifras citadas en la información de The Guardian, Texas registró más de 12.000 arrestos durante julio. A escala nacional, el objetivo de las autoridades llegó a ser de 3000 detenciones diarias.

Las estadísticas del Deportation Data Project también mostraron un cambio en el perfil de las personas arrestadas. En julio se contabilizaron 50.208 detenciones y en agosto, 50.925, frente a las 43.900 de junio. Para julio, solamente el 27% de los detenidos tenía una condena penal previa.

Desde septiembre de 2025, los arrestos de personas sin cargos penales superaron a los de quienes tenían antecedentes o procesos criminales. La información también señaló que una parte de los arrestos corresponde a infracciones civiles relacionadas con el estatus migratorio.

En la base de 548.645 registros de detenciones correspondiente al segundo mandato de Trump, el 88% de las personas arrestadas eran hombres y el 12% a mujeres.

En cuanto al origen, las principales nacionalidades pertenecieron a América Latina:

• México: con un total de 213.894 detenciones
• Guatemala: registró 79.174 migrantes arrestados
• Honduras: 60.152
• Venezuela: 35.704
• El Salvador: 24.548
• Nicaragua: 17.202
• Colombia: 16.497
• Ecuador: 15.739
• Cuba: 13.569
• Brasil: 7608
• Perú: 6373
• República Dominicana: 6162

Para las familias afectadas, las consecuencias van más allá de la pérdida de ingresos: también incluyen la separación de sus integrantes y la incertidumbre sobre su futuro. En el caso de Osorio, el proceso de apelación determinará si puede continuar su vida en EE.UU. o si deberá abandonar el país norteamericano al que llegó cuando era adolescente.