Multas de hasta US$25.000: EE.UU. endurece el control sobre las agencias matrimoniales ante posible fraude migratorio

Estados Unidos estableció un procedimiento formal para investigar y sancionar a las agencias matrimoniales internacionales que incumplan las obligaciones federales de información y protección de extranjeros. El esquema contempla multas de hasta 25.000 dólares por cada infracción y refuerza el marco contra el fraude en la green card por matrimonio.

Según la norma publicada en el Registro Federal, la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) incorporó un mecanismo para resolver presuntas violaciones de la Ley de Regulación de Agencias de Matrimonio Internacional de 2005 (IMBRA, por sus siglas en inglés). La disposición entra en vigor el 10 de septiembre.

EFE informó que el cambio busca fortalecer la aplicación de la IMBRA frente a empresas que no entregan la información exigida a extranjeros o que revelan datos prohibidos. La norma fija sanciones civiles de entre US$5000 y US$25.000 por cada violación o intento de violación que quede acreditado.

El nuevo esquema no creó ese rango de multas. La IMBRA ya autorizaba esas sanciones, pero la modificación establece el procedimiento administrativo para que jueces especializados analicen los casos y emitan una orden final.

La actuación comenzará con una denuncia del funcionario u oficina que el fiscal general designe para hacer cumplir la norma. La Oficina del Jefe de Audiencias Administrativas notificará a la empresa y un juez administrativo evaluará las pruebas.

Si determina por preponderancia de la evidencia que existió una infracción, impondrá la sanción correspondiente. La empresa tendrá 60 días para presentar su respuesta inicial y contará con 20 días para contestar una moción escrita, salvo que el juez establezca otro plazo.

La IMBRA alcanza, en términos generales, a personas o empresas que cobran por servicios de citas, búsqueda de pareja o intermediación entre ciudadanos o residentes permanentes legales de EE.UU. y clientes extranjeros. La definición contempla empresas radicadas dentro o fuera del territorio estadounidense.

Antes de entregar los datos de contacto de un cliente extranjero a un estadounidense, la empresa debe realizar una búsqueda en el registro público nacional de delincuentes sexuales. También debe obtener información del cliente estadounidense sobre antecedentes penales, órdenes de restricción, historial matrimonial y otros datos previstos por la ley.

Esa información debe entregarse al cliente extranjero en su idioma principal. La agencia también debe facilitar el material oficial sobre derechos y recursos disponibles para víctimas de violencia doméstica y otros delitos y necesita el consentimiento escrito del extranjero antes de compartir su información personal.

La ley prohíbe que estos intermediarios difundan datos de contacto, fotografías o antecedentes generales de personas menores de 18 años. Existen excepciones para determinadas organizaciones tradicionales sin fines de lucro de carácter cultural o religioso y para ciertos servicios de citas.

Estas obligaciones forman parte de las protecciones que rodean a los matrimonios vinculados con beneficios migratorios. El Departamento de Justicia sostuvo que el procedimiento busca disuadir uniones fraudulentas y la explotación de inmigrantes captados por estos intermediarios.

El Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés) explica que las protecciones de la IMBRA alcanzan a solicitantes de las visas K-1, K-3, IR-1/CR-1 y F2A. Antes de la entrevista consular, los solicitantes deben leer un folleto sobre derechos, violencia doméstica, abuso sexual, abuso infantil y recursos disponibles.

En los casos K-1 y K-3, los solicitantes también reciben la información de antecedentes penales que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) obtuvo sobre el ciudadano estadounidense que presentó la petición. Durante la entrevista, el funcionario consular resume el contenido del folleto.

La guía oficial sobre la visa K-1 señala que este permiso permite a un prometido extranjero viajar a EE.UU. para casarse con el ciudadano estadounidense patrocinador dentro de los 90 días posteriores al ingreso. Luego, el extranjero puede solicitar el ajuste de estatus para obtener la residencia permanente.

Las multas de hasta US$25.000 de la nueva regla corresponden a infracciones de los intermediarios alcanzados por la IMBRA. No deben confundirse con las penas penales que pueden recaer sobre personas que participan de un matrimonio falso para obtener la residencia.

El Departamento de Justicia indica en su manual que una persona que contrae matrimonio a sabiendas con el propósito de evadir las leyes de inmigración puede enfrentar hasta cinco años de prisión y una multa de US$250 mil. Ese régimen penal es distinto del procedimiento civil previsto para las agencias internacionales.