Para frenar al ICE: el operativo con 300 migrantes detenidos en una fábrica que derivó en un reclamo millonario

Una redada en una fábrica de Hyundai en Ellabell, Georgia, el 4 de septiembre de 2025 dejó a 475 trabajadores bajo custodia y abrió un nuevo frente contra las redadas y detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Un año después, un trabajador colombiano exige 2 millones de dólares y cientos de empleados impulsan reclamos propios.

Según informó The Atlanta Journal-Constitution, Alfredo Fajardo Melgarejo, un trabajador colombiano de 54 años, presentó un reclamo por US$2 millones contra el ICE.

El hombre sostuvo que los agentes lo arrestaron de forma ilegal durante el operativo y que pasó casi nueve meses bajo custodia antes de su deportación a Colombia.

El planteo se presentó bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (FTCA, por sus siglas en inglés). Se trata de un proceso administrativo previo a una eventual demanda: si el conflicto no se resuelve por esa vía, el caso puede llegar a un tribunal federal.

Fajardo afirmó que tenía autorización válida para trabajar en EE.UU. El Centro de los Derechos del Migrante señaló en un comunicado que el hombre mostró documentación sobre su estatus migratorio y un permiso de trabajo.

Aun así, los agentes lo trasladaron al Centro de Procesamiento del ICE de Folkston, en Georgia. El trabajador acusó a los oficiales de uso excesivo de la fuerza.

También sostuvo que un agente lo sujetó del cuello, lo humilló y ejerció presión sobre su cuerpo. Fajardo dijo que permaneció 11 días sin poder comunicarse con su familia y que sufrió falta de atención médica durante la detención.

El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) informó que más de 400 agentes federales, estatales y locales participaron de la operación en Ellabell.

Las autoridades ejecutaron una orden federal de registro en HL-GA Battery Company, dentro del campus de Hyundai Motor Group Metaplant America.

El comunicado oficial indicó que las fuerzas identificaron a más de 475 personas que, según el gobierno federal, trabajaban de manera ilegal en el establecimiento.

La investigación quedó a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) y también participaron el ICE, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y otras agencias.

Así, el procedimiento se convirtió en una de las mayores redadas en centros laborales del gobierno de Donald Trump. Además, el operativo alcanzó a cientos de trabajadores surcoreanos vinculados con tareas técnicas en la planta de baterías.

CNN informó que una abogada coreana radicada en Geia comenzó a presentar reclamos administrativos en nombre de más de 300 trabajadores surcoreanos.

Las presentaciones se dirigen a nueve agencias federales, entre ellas el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y el FBI.

La abogada señaló que busca completar todas las presentaciones antes de fin de año. Sobre el objetivo de las acciones, expresó que pretende que el gobierno de EE.UU. reconozca un “error enorme e injusto” y “lo admita y se disculpe”.

“Ante los ojos del mundo entero, esposaron y encadenaron a ingenieros que habían llegado legalmente para instalar equipos y los exhibieron como delincuentes”, declaró la letrada.

Los migrantes afectados relataron que los agentes los arrestaron sin explicaciones suficientes y sin intérpretes de coreano. Algunos dijeron que firmaron documentos que no podían leer.

Varios también afirmaron que pasaron cerca de una semana en el centro de Folkston.

El DHS afirmó que el ICE “ejecutó una orden judicial de registro como parte de una investigación penal en curso sobre denuncias de prácticas laborales ilegales y otros delitos federales graves”.

Por su parte, la CBP sostuvo que los detenidos “trabajaban ilegalmente, en violación de los términos de sus visas y/o estatus”.

Las autoridades afirmaron al momento del operativo que algunas personas ingresaron de forma ilegal, otras excedieron la vigencia de sus visas y otro grupo contaba con exenciones que no permitían trabajar.

La disputa también expuso el impacto de los controles sobre trabajadores migrantes en industrias con alta demanda de personal especializado. La planta de baterías era una empresa conjunta de Hyundai y LG.

Parte de los surcoreanos detenidos realizaba tareas técnicas para instalar equipos y preparar la producción.

Según información de Associated Press, consignada por CBS News, meses más tarde se produjo el regreso de algunos ciudadanos surcoreanos detenidos, que volvieron a EE.UU. para retomar sus tareas en el complejo.

HL-GA Battery confirmó que la construcción se reanudó con empleados nuevos y trabajadores que retornaron al establecimiento. En ese sentido, la empresa precisó que algunos de esos empleados formaban parte del grupo arrestado en septiembre de 2025.