Por qué el ICE puede detener a migrantes incluso sin acusación formal, gracias a la ley “Laken Riley”
Esta legislación firmada por Donald Trump impone nuevas obligaciones al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, entre las cuales se encuentra el cambio de gestión con las personas arrestadas
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La reciente promulgación de la Ley Laken Riley impone nuevas reglas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). La norma establece que esta agencia gubernamental debe solicitar la custodia de migrantes que hayan ingresado al país sin autorización y que sean arrestados, acusados o condenados por delitos como robo o agresión a un funcionario policial. La medida también se aplica si la persona detenida no recibió una acusación o condena formal.
Cómo impacta en las redadas del ICE la ley “Laken Riley”
El alcance de la norma es amplio y modifica la manera en que ICE gestiona sus detenciones. Adriel Orozco, analista del American Immigration Council, comentó a Factchequeado que esta legislación obliga a la agencia a pedir la detención de individuos que ni siquiera fueron acusados formalmente.
“Imagina que una madre soltera roba unos pañales o fórmula para sus hijos. Fue un crimen de necesidad y las autoridades decidieron no presentar cargos porque lo que robó tenía un valor de US$40″, explicó. “Al final del día, bajo esta ley, ICE tendría que solicitar su detención si esa madre está indocumentada y entró al país sin permiso”, precisó Orozco.
La legislación, la cual fue firmada el 29 de enero de 2025 por el presidente Donald Trump, toma su nombre de Laken Riley, una joven asesinada en Athens, Georgia, en el año 2022. Su caso, que está vinculado a un inmigrante que cruzó la frontera de forma ilegal, impulsó el debate sobre las políticas migratorias que finalmente derivó en esta nueva regulación que busca endurecer los procedimientos de detención y deportación.
La Ley Laken Riley obligará al ICE a duplicar su presupuesto
La implementación de esta ley representa un desafío tanto logístico como financiero para el ICE. La agencia advirtió en diciembre del 2024 que para hacer cumplir la norma necesitaría un presupuesto adicional de US$14.800 millones, que incluye la contratación de agentes y la ampliación de la infraestructura existente.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas calcula que se necesitarían 64 mil camas adicionales en sus centros de detención, ya que más de 60 mil migrantes ilegales estarían dentro de los criterios de arresto establecidos por esta nueva ley.
Actualmente, el ICE lleva a cabo sus operaciones con un presupuesto anual de aproximadamente US$9 mil millones, cifra que pone en duda la viabilidad operativa de esta nueva disposición. De no obtener los fondos necesarios, la agencia gubernamental advirtió que se vería obligada a liberar a algunos detenidos para hacer espacio en las prisiones a aquellos migrantes cuya detención es obligatoria.
Los fiscales tendrán mayor poder

Además de las modificaciones en los procedimientos de detención, esta ley le otorga más poder a los fiscales generales de los distintos estados. Estos funcionarios podrán presentar demandas ante el gobierno federal en caso de que un extranjero considerado “no admisible” cometa actos que afecten a los residentes del estado, incluyendo daños financieros superiores a los US$100.
Otra disposición relevante de esta ley es que permite que los estados exijan ante cortes federales la suspensión de emisión de visas a ciudadanos de países que no acepten la repatriación de sus nacionales. Este punto fue resaltado por Orozco, quien advirtió que la ley podría dar pie a reclamos estatales para bloquear la entrega de visas a ciudadanos de ciertos países.
El ICE tendrá recursos más limitados
La abogada y analista de políticas públicas Kathleen Bush-Joseph explicó a Factchequeado que el ICE, administraba sus recursos de manera voluntaria, priorizando los casos en función de su capacidad operativa. Sin embargo, la nueva Ley Laken Riley le quita margen de maniobra y obliga a la agencia a detener a ciertos extranjeros sin excepciones. Este cambio podría tener repercusiones en la manera en que se administran los centros de detención y los procedimientos de deportación.