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Revés para el DHS: una jueza suspende hasta el 6 de noviembre la norma que reducía el plazo para defender un estatus
La resolución también protege a quienes recibieron notificaciones de cancelación desde el 14 de octubre con tiempos de respuesta inferiores a 30 días
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LA NACION
La jueza federal Julia E. Kobick suspendió hasta el 6 de noviembre de 2026 la nueva regla sobre refugiados del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés). La medida frenó una disposición que reducía de 30 a diez días el plazo para defender el estatus ante una posible cancelación.
Qué ordenó la jueza Julia Kobick al DHS sobre el estatus de refugiado
Según Reuters, la decisión de la magistrada respondió a una demanda que organizaciones defensoras de refugiados presentaron contra la regulación del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) y un plan más amplio de revisión de expedientes.
En su orden judicial del 27 de octubre, Kobick explicó que la suspensión busca preservar la situación existente y evitar daños irreparables a los demandantes y posibles integrantes de la acción colectiva. La medida también concede tiempo al juez a cargo del expediente para examinar una solicitud de suspensión de mayor alcance.
La resolución prohíbe al DHS y al Uscis aplicar la norma durante diez días, hasta el 6 de noviembre inclusive. También alcanza a sus funcionarios, agentes y otras personas que actúen en representación de las autoridades demandadas.
Qué pasa con los refugiados que ya recibieron notificaciones del Uscis
Uno de los puntos centrales del fallo se refiere a las notificaciones de intención de cancelación que el Uscis emitió entre el 14 y el 27 de octubre. Durante la suspensión, el gobierno federal no puede aplicar aquellas que exigían una respuesta en menos de 30 días.
La jueza estableció que los destinatarios de esos avisos no están obligados a responder a las notificaciones alcanzadas por la orden. Además, las autoridades tienen prohibido cancelarles el estatus de refugiado por la falta de respuesta a esos documentos.
La decisión es provisional y no resuelve todavía la legalidad de la regulación. El juez encargado del caso podrá modificar, ampliar, revocar o extender la suspensión administrativa.
Qué cambiaba la norma del DHS que reducía los plazos de 30 a diez días
El Registro Federal publicó la regulación el pasado 14 de octubre bajo el título “Removing 30-Day Refugee Termination Notice”. La medida modificó la sección 207.9 del título 8 del Código de Regulaciones Federales y estableció un plazo de diez días para responder a una propuesta de revocación.
El procedimiento se aplica cuando el Uscis considera que una persona no reunía los requisitos legales para obtener la condición de refugiado al momento de ingresar a EE.UU.
Antes de retirar esa protección, el organismo debe enviar una Notificación de Intención de Cancelación (NOIT, por sus siglas en inglés). El documento informa los motivos de la decisión propuesta y permite al extranjero presentar pruebas escritas o solicitar una entrevista para defender su situación.
La regulación contemplaba las siguientes condiciones:
- Diez días: plazo general para contestar la notificación.
- 13 días: período total cuando el aviso se enviaba por correo, debido a los tres días adicionales previstos por la normativa.
- Entrevista oral: posibilidad de solicitar una audiencia dentro del plazo sin necesidad de entregar todas las pruebas en ese momento.
- Fines de semana y feriados: si el vencimiento coincidía con una de esas fechas, pasaba al siguiente día hábil.
La revocación del estatus de refugiado también implica la pérdida de la autorización de empleo y puede dar lugar a un procedimiento de expulsión. El reglamento no contempla una apelación administrativa ante el Uscis, aunque permite solicitar otras formas de protección durante determinados procesos migratorios.
Los 186.000 refugiados que podrían verse afectados por la norma del DHS
El DHS estimó que hasta 186.000 refugiados podrían quedar sujetos a la norma. La cifra corresponde a personas admitidas entre los años fiscales 2015 y 2025 que todavía no obtuvieron la residencia permanente.
El organismo aclaró en su evaluación que ese número representa una población máxima potencial. El Uscis y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) trabajan para identificar los grupos específicos que requieren nuevas verificaciones.
Para justificar el recorte, el DHS argumentó que los procedimientos anteriores permitían que personas sin derecho al estatus conservaran beneficios migratorios durante más tiempo. También atribuyó al gobierno de Joe Biden deficiencias en las entrevistas y verificaciones de antecedentes de determinados refugiados.
Como parte de esa política, el gobierno de Trump inició en enero de 2026 la Operación Parris en Minnesota. La iniciativa contempla nuevas revisiones de antecedentes, entrevistas y evaluaciones de solicitudes de refugio previamente aprobadas.
La norma también abrió un proceso de participación pública. Según el documento oficial, los interesados pueden presentar observaciones sobre la regulación hasta el 13 de noviembre mediante el portal federal Regulations.gov, bajo el expediente USCIS-2026-0397.
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