TPS de venezolanos y la aclaración de la Corte Suprema: “El Tribunal publicará la lista de órdenes el lunes 5 de octubre”

La Corte Suprema de Estados Unidos difundirá el lunes 5 de octubre su lista de órdenes judiciales, que podría incluir una decisión sobre el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para venezolanos. Mientras se espera el resultado del caso Noem v. National TPS Alliance, determinados beneficiarios tienen sus permisos de trabajo y protecciones vigentes hasta el 2 de octubre.

En el calendario de la Corte Suprema, en el décimo mes del año, ya se establecen los días de sesión en los que podrían presentarse algunas resoluciones. “El Tribunal publicará la lista de órdenes el lunes 5 de octubre”, se detalló.

Mediante ese documento público y oficial, la Corte Suprema anunciará y resolverá de forma sumaria la gran mayoría de los casos presentados. Sus características principales abarcan:

• Resoluciones sumarias: contienen decisiones emitidas mediante órdenes no firmadas que comunican la postura de la Corte frente a una solicitud, por ejemplo, al denegar o aceptar una petición de revisión sin añadir comentarios o explicaciones extensas.
• Publicación programada: se publican estas listas de manera habitual los días lunes en que el tribunal está en sesión.
• Órdenes misceláneas: además de las listas programadas de los lunes, la Corte puede emitir órdenes de carácter “misceláneo” para casos individuales en cualquier momento. Estas son un conjunto de decisiones tomadas de manera rutinaria, rápida y, por lo general, sin la firma de los jueces o magistrados particulares.

En el contexto del TPS venezolano, la lista de órdenes programada para el lunes 5 de octubre a las 9.30 hs representa la vía oficial en la que se podría dar a conocer el resultado de la votación y deliberación de los magistrados respecto al caso Noem v. National TPS Alliance.

El 28 de septiembre, los jueces de la Corte Suprema se reunieron en una conferencia privada para examinar asuntos pendientes y votar sobre solicitudes de revisión.

Entre los expedientes considerados se encontraba el relacionado con el TPS para ciudadanos venezolanos.

El caso llegó al máximo tribunal después de que el gobierno de Donald Trump solicitara, el 9 de julio, que se ordenara al Noveno Circuito de Apelaciones revisar nuevamente su sentencia del 28 de enero del año en curso.

En aquella resolución, el tribunal de apelaciones concluyó que la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había excedido sus atribuciones al intentar dejar sin efecto una extensión del TPS que ya estaba vigente.

La decisión también cuestionó el procedimiento utilizado para poner fin a la protección migratoria.

Mientras continúa el proceso judicial, el 2 de octubre representa una fecha de referencia para determinados beneficiarios del programa. Según las disposiciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) derivadas de órdenes judiciales, algunos documentos mantienen su validez hasta ese día.

La extensión alcanza a los beneficiarios venezolanos bajo la designación de 2023 cuyos Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés), formularios I-797, notificaciones de acción o formularios I-94 fueron emitidos el 5 de febrero de 2025 o antes.

• Los venezolanos que se enfrenten al vencimiento de su protección pueden analizar otras vías para permanecer de manera regular en EE.UU.
• Una posibilidad es solicitar la residencia permanente mediante un ajuste de estatus, siempre que cumplan los requisitos de alguna categoría habilitada, como las peticiones familiares o laborales.
• Otra alternativa que puede evaluarse es la solicitud de asilo. Haber contado con TPS puede constituir una circunstancia extraordinaria para el cálculo del plazo general de un año para presentar la solicitud.

Quienes consideren tramitar la residencia también deben revisar las reglas de carga pública aplicables al formulario I-485. En ese análisis pueden intervenir factores como la edad, la salud, la situación familiar, los recursos económicos y la educación o las habilidades, además de la declaración de patrocinio económico, cuando corresponda.