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TPS para venezolanos: la Corte Suprema revisa el caso en septiembre a días del límite del 2 de octubre
El máximo tribunal podría tomar una decisión clave sobre la autoridad del gobierno federal para revocar las designaciones de beneficios migratorios
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LA NACION
La Corte Suprema de Estados Unidos tiene en agenda del 28 de septiembre el caso sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para venezolanos, a días de la fecha límite para la expiración del beneficio, fijada para el 2 de octubre. En la conferencia privada, los magistrados considerarán la petición del gobierno del presidente Donald Trump para revisar el fallo, con el objetivo de eliminar la determinación sobre la falta de autoridad para revocar la designación.
Qué sucederá el 28 de septiembre en EE.UU. sobre el TPS para venezolanos
Luego de que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito fallara a favor de los beneficiarios de TPS en enero de este año y determinara que Kristi Noem, entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), excedió su autoridad, el gobierno de Trump presentó una petición ante la Corte Suprema para que revise el fallo.
El máximo tribunal tiene como fecha fijada para celebrar una reunión privada el próximo 28 de septiembre, a pocos días de la finalización del TPS para venezolanos.
De acuerdo con el sitio web oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), los venezolanos que recibieron documentos de autorización de empleo (EAD), Formularios I-797, Avisos de Acción y Formularios I-94 relacionados con el TPS antes del 5 de febrero de 2025, mantendrán su EAD y su documentación seguirá siendo válida hasta el 2 de octubre.
El origen del conflicto legal por el TPS de venezolanos
En enero de 2025, el DHS extendió la designación del TPS para Venezuela por 18 meses, por lo que estableció su vigencia hasta el 2 de octubre. No obstante, la administración que asumió el mando posteriormente canceló la designación del 2023 con fecha de efectividad retroactiva a abril de 2025.
En los meses ulteriores, un tribunal federal bloqueó temporalmente la medida, pero la Corte Suprema intervino y suspendió la orden provisional, con lo que permitió que el gobierno avance. El litigio continuó y, entre septiembre y octubre de 2025, el tribunal federal declaró ilegales las acciones de Noem, pero la Corte Suprema volvió a suspender esa sentencia mientras continuaba la apelación.
Finalmente, en la demanda interpuesta por la National TPS Alliance junto a beneficiarios individuales, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito confirmó en enero de 2026 el fallo del Tribunal de Distrito del Norte de California que dejó sin efecto las órdenes de la secretaria Noem bajo la Ley de Procedimiento Administrativo.
En este fallo, el panel de tres jueces determinó que el estatuto del TPS no otorga al Poder Ejecutivo autoridad explícita, implícita ni inherente para anular una extensión previa ya concedida.
Además, los magistrados apuntaron que la ley establece con claridad que la terminación de una designación de TPS no puede entrar en vigor antes del vencimiento de la extensión más reciente.
Qué impacto tendría la decisión de la Corte Suprema el 28 de septiembre
La decisión del Noveno Circuito dio lugar a la petición del DHS, bajo la nueva administración del secretario Markwayne Mullin. Según el calendario oficial, el lunes 28 de septiembre de 2026 la Corte Suprema tendrá una conferencia privada en la que considerará la petición del gobierno en el caso Mullin v. National TPS Alliance.
Si bien la decisión no tendría un impacto drástico en el beneficio migratorio de los venezolanos, el gobierno apunta a la nueva interpretación de la Corte Suprema sobre la falta de revisión judicial de las decisiones de TPS. En concreto, la administración Trump sostiene que la decisión de junio de 2026 en Mullin v. Doe impide revisar judicialmente los reclamos no constitucionales sobre TPS.
El objetivo del gobierno sería sin efecto el fallo del Noveno Circuito que estableció, entre otras cosas, que la secretaria carecía de autoridad para revocar la extensión de enero de 2025 y que esa extensión debía permanecer vigente hasta el 2 de octubre.
Además, el propio gobierno argumenta que, después de la decisión de junio de 2026 en Mullin v. Doe, el Noveno Circuito probablemente no debería haber podido revisar esos “reclamos no constitucionales” en primer lugar.
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