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Venezolanos con green card en trámite enfrentan una nueva regla del Uscis
La decisión habilita a funcionarios de la agencia migratoria a utilizar cualquier declaración voluntaria sobre conductas pasadas para denegar la solicitud
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LA NACION
La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) emitió una resolución sentencial el 22 de septiembre que modifica el procedimiento en las entrevistas para la residencia permanente. La disposición oficial afecta a migrantes que buscan ajustar su estatus migratorio en Estados Unidos, incluidos los venezolanos.
Qué establece el fallo del 22 de septiembre para venezolanos que ajustan su estatus
La BIA determinó que los oficiales de inmigración no necesitan explicar las definiciones legales ni los elementos de un delito antes de formular preguntas bajo juramento. En ese marco, la decisión habilita a los funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) a utilizar cualquier declaración voluntaria sobre conductas pasadas para denegar la residencia permanente o iniciar un proceso de expulsión.
De acuerdo con la resolución, esta medida expone a los migrantes venezolanos en trámite de ajuste de estatus a riesgos legales en sus citas ante la autoridad migratoria. Las confesiones sobre uso de sustancias controladas como la marihuana o delitos menores permiten a la autoridad declarar la inadmisibilidad de los solicitantes sin advertencia previa.
Además, los oficiales tienen facultad de interrogar sobre el consumo de sustancias que poseen legalización a nivel estatal. La legislación federal clasifica la marihuana como sustancia prohibida y la autoridad migratoria aplica esa norma de forma estricta durante las evaluaciones de residencia.
De este modo, según Novo Legal, los solicitantes que respondan con veracidad sobre conductas pasadas pueden invalidar su trámite sin conocer la trascendencia jurídica de sus respuestas. Las organizaciones de abogados aconsejan preparar cada cita consular con representación legal previa para evitar declaraciones perjudiciales.
Cómo puede impactar la medida en venezolanos con green card
La nueva disposición puede afectar a un venezolano con green card que salga del país por más de 180 días. En esa situación, la persona legalmente se convierte en solicitante de reingreso y debe exponerse a que se examinen sus declaraciones en la entrevista.
Además, en caso de que un extranjero con green card decida tramitar su ciudadanía, el mismo proceso se aplicaría en su entrevista para el Formulario N-400.
De acuerdo con un informe del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés), aproximadamente 18.400 venezolanos recibieron la residencia permanente en 2023, lo que representó el 2% del total de 1,2 millones de nuevos titulares.
El caso de Méndez Maldonado y su repercusión en la jurisprudencia migratoria
El expediente judicial de Tirso Méndez Maldonado, ciudadano de México, originó el cambio de criterio en el sistema de inmigración. Durante su entrevista de ajuste de estatus en Tucson, Arizona, en septiembre de 2016, el solicitante admitió bajo juramento el consumo periódico de cocaína.
Un juez de inmigración declaró al solicitante no elegible para la residencia legal por incurrir en conductas vinculadas a sustancias controladas.
El abogado de Méndez Maldonado intentó anular la declaración al apelar que no le habían dado las explicaciones requeridas por la norma histórica de 1957. Sin embargo, al revisar la grabación y los documentos de la entrevista, la BIA comprobó que el oficial sí le había leído la ley y los elementos del delito.
Asimismo, el tribunal aprovechó el caso para anular las reglas que exigían explicaciones previas a los inmigrantes. El juzgado concluyó que el texto de la Ley de Inmigración y Nacionalidad no exige advertencias legales antes de recibir una declaración voluntaria.
Los detalles de la regla de 81 años que la junta de apelaciones anuló
La resolución judicial anuló la doctrina sentada en dos precedentes históricos denominados Matter of J de 1945 y Matter of K de 1957. Esas pautas mantuvieron su vigencia durante 81 años y protegieron a los extranjeros ante interrogatorios de las autoridades.
En conjunto, estas normativas obligaban a los oficiales de inmigración a definir el delito hipotético e informar los elementos esenciales de la falta en términos comprensibles. Solo después de esa explicación pedagógica, la autoridad podía considerar válida la declaración del ciudadano extranjero.
Las decisiones de 1945 y 1957 buscaban garantizar un trato justo para evitar trampas involuntarias en los testimonios de los solicitantes. Las autoridades consideraban que una persona sin formación jurídica no debía incriminarse sin entender el alcance legal de sus palabras.
Con la anulación de esta garantía de ocho décadas, el organismo elimina el deber de advertir sobre las consecuencias de las respuestas. A partir de esta fecha, el sistema de inmigración da validez plena a cualquier admisión espontánea formulada bajo juramento.
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