El juez de Nueva Jersey que amenazó con el ICE a familias en audiencias de ausentismo enfrenta la destitución

La mayoría del Comité Asesor sobre Conducta Judicial de Nueva Jersey recomendó la remoción del juez municipal Britt J. Simon; tres de sus integrantes consideraron que la suspensión ya constituía sanción suficiente. La medida se produjo luego de que salieran a la luz varios incidentes en los que el magistrado utilizó expresiones ofensivas y amenazó con recurrir al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) contra menores de edad y sus padres.

Según informó NJ Monitor, el comité encargado de evaluar cuestiones éticas concluyó que la conducta de Simon, quien se encuentra suspendido sin goce de sueldo desde febrero de 2025, constituyó un caso de acoso e intimidación.

El juez fue acusado de utilizar un lenguaje irrespetuoso durante audiencias relacionadas con ausencias escolares y de cuestionar a jóvenes y adultos sobre su situación migratoria.

Uno de los episodios más significativos ocurrió en agosto de 2024, cuando Simon increpó a un varón de 16 años de El Salvador. De acuerdo con NJ.com, el juez se refirió al menor como “un mendigo” y un “pedazo de basura”. Durante la misma audiencia, también aseguró que la madre del joven sería entregada al ICE para ser deportada.

El comité sostuvo que estas expresiones reflejan una falta de control y generan la apariencia de un sesgo basado en el origen de las personas.

Simon comenzó a desempeñarse como juez municipal en Bridgewater, Somerville y Raritan en enero de 2023, y se incorporó a los tribunales de Bound Brook en enero de 2024. Antes, había trabajado en la práctica privada y en otras cortes de la región.

La investigación incluyó la revisión de grabaciones de audiencias realizadas entre 2024 y 2025. En esos registros se escucha al magistrado gritar y dirigirse con un tono agresivo a menores de edad. Simon ejercía funciones en los tribunales de Bridgewater, Somerville, Raritan y Bound Brook hasta su suspensión en febrero.

El comité de conducta sostuvo que Britt J. Simon utilizó las amenazas relacionadas con inmigración para generar temor entre las familias. Según NJ Monitor, aprovechó la situación de vulnerabilidad de las personas indocumentadas para presionar a los estudiantes.

En una audiencia celebrada en enero de 2025, Simon le advirtió a una adolescente de 14 años: “Hay un nuevo sheriff en la ciudad”, y agregó que los tribunales eran “un gran lugar” para encontrar personas con problemas migratorios.

En otro caso, el juez amenazó a una joven con enviarla a un hogar grupal en Newark. Durante la audiencia le dijo: “Será mejor que no duermas. No cierres los ojos, porque serás derrotada”.

Después de esas declaraciones, preguntó a la madre de la menor sobre su situación migratoria y mencionó la posibilidad de una deportación debido a las faltas escolares de su hija.

La legislación de Nueva Jersey limita el uso de información sobre el estatus migratorio en los tribunales. De acuerdo con las normas judiciales, los funcionarios solo pueden abordar estos temas en determinadas etapas del proceso y con fines relacionados con la administración de justicia.

El comité también recordó que, en estos casos de ausentismo escolar, el tribunal municipal tenía jurisdicción sobre la conducta atribuida a padres, tutores u otras personas responsables de la asistencia del menor, no sobre los estudiantes directamente. La denuncia formal cita multas de hasta US$25 por una primera infracción y hasta US$100 por infracciones posteriores.

El abogado de Britt J. Simon, Thomas Scrivo, pidió que su cliente pudiera permanecer en el cargo bajo supervisión o tras recibir capacitación adicional. En respuesta a las acusaciones, el juez reconoció que utilizó “amenazas vacías” para intentar que los estudiantes regresaran a las aulas.

Simon sostuvo que su intención era “ayudar a los jóvenes” que atravesaban situaciones de crisis y aseguró que “a veces, la compasión no es bonita”.

NJ.com señaló que el juez argumentó que evitó imponer multas porque estas habrían afectado económicamente a familias de bajos ingresos. También atribuyó su comportamiento a la falta de apoyo de las autoridades judiciales y a la ausencia de capacitación sobre los casos de ausentismo escolar.

La recomendación del comité no implica una destitución automática. La Corte Suprema de Nueva Jersey deberá revisar el caso y definir la sanción final.