Oficial, si se firma: la ley que impediría usar el estatus migratorio para desalojar a un inquilino en Nueva Jersey

En Nueva Jersey, los legisladores evalúan un proyecto denominado “Ley de Protección de Inquilinos Inmigrantes”, que establece un marco de protección para prohibir que los arrendadores utilicen el estatus migratorio o la ciudadanía de un inquilino para desalojarlo, intimidarlo o forzarlo a abandonar su vivienda. De aprobarse, otorgará a los arrendatarios la facultad de interponer defensas legales y exigir compensaciones económicas frente a acosos o represalias del propietario.

Ante el avance de la campaña de deportaciones masivas en Estados Unidos, el gobierno de Mikie Sherrill avanza con distintas medidas para proteger a los inmigrantes de Nueva Jersey. En este escenario, la gobernadora podría firmar pronto el proyecto de ley A4492 que prohíbe que los arrendadores amenacen con divulgar, o divulguen efectivamente, información sobre el estatus migratorio o de ciudadanía de un inquilino con el objetivo de que desocupe el inmueble.

Asimismo, los propietarios no podrán iniciar ni mantener acciones judiciales para recuperar la posesión de una unidad habitacional basadas total o parcialmente en la situación migratoria. La normativa prohíbe cualquier tipo de represalia ejercida contra el inquilino por motivos de ciudadanía o inmigración.

En procesos judiciales de vivienda, la disposición limita solicitar información o investigar el estatus migratorio durante el descubrimiento de pruebas. Figuran como excepciones los casos en los que el propio inquilino lo aclara directamente en discusión o cuando se demuestra con evidencia clara y convincente que es indispensable para cumplir con la ley federal.

Adicionalmente, los arrendatarios podrán argumentar como defensa afirmativa ante una demanda de desalojo que la acción del propietario se basa en su estatus migratorio o en no haber presentado un número de Seguro Social, informe de crédito o identificación específica tras haber sido previamente aprobados e instalados en la vivienda.

La propuesta fue introducida el 24 de febrero y reportada con enmiendas el 8 de junio. Al 30 de septiembre, no fue aprobada definitivamente y aún debe ser evaluada.

En función del texto legislativo, el inquilino afectado podría emprender una acción civil ante los tribunales para reclamar:

• Daños reales sufridos a causa de la infracción.
• Una multa civil de hasta 2000 dólares por cada violación, a ser pagada directamente al inquilino.
• Reembolso de honorarios razonables de abogados y costos del proceso judicial.

Si el arrendatario desocupa la vivienda debido a amenazas o a la divulgación efectiva de su estatus migratorio por parte del propietario, la legislación estipula que el arrendador será responsable del pago de tres veces el valor de los daños causados, además de los honorarios legales.

La medida legislativa codifica la garantía implícita de habitabilidad para todos los contratos de arrendamiento residencial en el estado. La protección se extiende a todo tipo de viviendas de alquiler, incluidas las propiedades ocupadas por sus dueños. El objetivo es proporcionar condiciones de vida dignas, seguras y libres de riesgos para la salud de todos los ocupantes, independientemente de su estatus de ciudadanía o inmigración.

Por otro lado, el texto de la Ley de Protección de Inquilinos Inmigrantes aclara que los arrendadores mantienen el derecho de:

• Verificar la solvencia financiera e identidad de los aspirantes a inquilinos antes de aprobar la solicitud.
• Cumplir con obligaciones o requerimientos de programas federales de asistencia para el alquiler.
• Acatar citaciones, órdenes judiciales o mandatos legales.
• Iniciar procesos de desalojo legales fundamentados en causas justas previstas por la ley estatal.