Carga pública, la norma que amenaza las green cards y que podría afectar a miles de migrantes en Nueva York

Una modificación de las reglas migratorias federales podría cambiar la forma en que se evalúan determinadas solicitudes de green card en Estados Unidos. La regla final de carga pública, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), que entra en vigor el 18 de septiembre, causa preocupación en Nueva York.

La norma reemplaza el esquema establecido en 2022 y amplía los elementos que los funcionarios de inmigración pueden revisar al analizar si una persona podría convertirse en una carga pública. Bajo el esquema anterior, la evaluación estaba concentrada en determinados beneficios monetarios destinados al mantenimiento de ingresos y en la institucionalización de largo plazo financiada por el gobierno.

Con la nueva normativa, los funcionarios podrán considerar beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos recibidos desde el 18 de septiembre. La lista proporcionada incluye:

• Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).
• Medicaid.
• Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).
• Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés).
• Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés).
• Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés).
• Asistencia federal para el alquiler y vivienda pública.

También se analizarán factores personales como la edad, el estado de salud, la composición familiar, los bienes disponibles, la situación financiera, la educación y las capacidades laborales.

Uno de los principales efectos señalados por los críticos es el temor de familias inmigrantes a utilizar programas para los que cumplen los requisitos. La preocupación alcanza especialmente a hogares donde conviven personas con diferentes situaciones migratorias.

La información oficial del Uscis indica que los solicitantes de asilo no quedan directamente sujetos a este cambio. En las solicitudes de ajuste de estatus, la modificación afecta a las personas que buscan obtener la residencia permanente dentro de EE.UU. bajo las condiciones contempladas por la regla.

Aun así, las autoridades advirtieron sobre un posible efecto disuasorio. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, y la fiscal general Letitia James llamaron a los beneficiarios a no cancelar programas de salud, alimentación o vivienda sin consultar previamente con un proveedor de asistencia legal confiable.

“Los neoyorquinos tendrán miedo de consultar a un médico o pedir la ayuda a la que tienen derecho legalmente”, aseguró Mamdani, en una conferencia de prensa.

Dos acciones judiciales fueron presentadas ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York con el objetivo de detener la aplicación de la regulación antes de su fecha prevista. Una de ellas está encabezada por la fiscal general de Nueva York junto con una coalición de 22 estados y el Distrito de Columbia.

La segunda demanda corresponde a gobiernos locales. La ciudad de Nueva York, representada por el gobierno de Mamdani, participa junto con Chicago, San Francisco, Seattle, los condados de Santa Clara y King y Public Rights Project.

Los demandantes sostienen que la regulación infringe la Ley de Procedimiento Administrativo y que el gobierno federal habría excedido las facultades otorgadas por el Congreso. También cuestionan el cambio respecto del criterio histórico y sostienen que la nueva interpretación modifica precedentes desarrollados durante décadas.

“Las familias trabajadoras no deberían verse obligadas a prescindir del apoyo que necesitan por temor a ser deportadas si solicitan ayuda”, dijo James en un comunicado.

Las coaliciones solicitaron al tribunal que bloquee temporalmente la entrada en vigor de la norma. También buscan que la nueva regla y la guía política relacionada del Uscis sean anuladas formalmente.

Las demandas también plantean consecuencias para los estados y municipios. Sus promotores sostienen que una reducción en el uso de programas sociales podría generar pérdidas de fondos federales y aumentar la presión sobre sistemas de atención médica, incluidos los servicios hospitalarios de emergencia.

Si no existe una orden judicial que suspenda la regulación antes de ese momento, las nuevas disposiciones comenzarán a aplicarse a los formularios I-485 enviados electrónicamente o por correo desde el 18 de septiembre.