Zohran Mamdani, alcalde: “Los neoyorquinos tendrán miedo de consultar a un médico”

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció una demanda encabezada por la ciudad contra la nueva normativa federal sobre carga pública. En paralelo, la fiscal general Letitia James presentó otra acción judicial junto con una coalición de estados. El gobierno local sostuvo que la medida puede desalentar a familias inmigrantes de utilizar programas como SNAP, Medicaid, WIC y TANF.

En una conferencia de prensa, el alcalde Zohran Mamdani, quien estuvo acompañado por autoridades estatales y locales, líderes de organizaciones comunitarias y familias neoyorquinas, cuestionó las nuevas normas sobre carga pública implementada por la administración Trump.

“La nueva norma de carga pública busca alejar a las familias inmigrantes de los programas que han mantenido a la población alimentada y sana durante décadas”, dijo el mandatario municipal. “Los neoyorquinos tendrán miedo de consultar a un médico o pedir la ayuda a la que tienen derecho legalmente”, expresó.

Mamdani cuestionó que el acceso a alimentos, atención médica u otros servicios pueda convertirse en una fuente de temor para quienes buscan ajustar su estatus. La normativa de la administración Trump establece cambios en la manera en que determinados beneficios públicos pueden ser considerados cuando analizan determinados casos de admisión a Estados Unidos o solicitudes de ajuste de estatus para obtener la residencia permanente.

“La nueva regla de carga pública no solo deja de lado más de un siglo de ley establecida, sino que es intencionadamente vaga como un medio para crear incertidumbre y temor, para aislar a los neoyorquinos inmigrantes, para obligarlos a tomar una elección imposible entre satisfacer sus propias necesidades básicas y seguir viviendo en la ciudad que aman”, cuestionó Mamdani.

La acción judicial sostiene que la autoridad federal excedió las facultades otorgadas por el Congreso mediante la legislación migratoria. También argumenta que la nueva normativa contradice la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés) porque habría sido “adoptada de manera arbitraria y caprichosa”.

“La ciudad de Nueva York se enorgullece de liderar una coalición de ciudades y condados que se oponen firmemente a esta norma cruel e ilegal. Nuestras comunidades inmigrantes no son una carga”, dijo Mamdani. “Son las personas que hacen grande a la ciudad de Nueva York y al país”, agregó.

Otro de los planteamientos de la demanda señala que la regulación se aparta de antecedentes acumulados durante más de un siglo y de décadas de directrices federales que establecieron límites para la aplicación del concepto de carga pública. Según la acción judicial, la normativa actual amplía ese concepto más allá de la dependencia económica primaria.

Los demandantes también cuestionan la falta de parámetros precisos para determinar qué beneficios pueden ser considerados y cómo deben evaluarse. En su opinión, esa amplitud otorga a los funcionarios de inmigración un margen de decisión excesivo que podría generar resultados diferentes entre casos similares.

“Nadie debería tener que elegir entre alimentar a sus hijos o poder ajustar su estatus migratorio”, cuestionó Murad Awawdeh, presidente y CEO de la New York Immigration Coalition. “Ningún neoyorquino debería tener que preocuparse jamás de que acceder a atención médica esencial, asistencia nutricional u otros programas que salvan vidas pueda ponerlos en el camino hacia la detención y la deportación”, señaló.

La demanda presentada ante el Distrito Sur de Nueva York pretende impedir que la nueva regla entre en vigor, algo previsto para el 18 de septiembre. La ciudad y sus aliados solicitan además que el tribunal invalide la normativa y emita una orden permanente que impida su aplicación por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Otro de los objetivos consiste en preservar el acceso de las personas inmigrantes y sus familias a servicios de salud, alimentación y vivienda cuando cumplan los requisitos establecidos. La ciudad sostiene que el uso de estos programas no debería generar un obstáculo para los procesos migratorios correspondientes.

La administración de Nueva York presentó la disputa como parte de su defensa de los inmigrantes que viven en la ciudad. Mamdani afirmó que su gobierno permanecerá junto a las comunidades afectadas mientras avanza el proceso judicial y recordó a los beneficiarios que pueden recurrir a asesoramiento legal antes de tomar decisiones sobre sus prestaciones.

“Nada sobre su elegibilidad o la de un familiar para acceder a beneficios y servicios ha cambiado”, aseguró el alcalde. “Si usted depende de SNAP, Medicaid o programas como WIC y TANF, no se desinscriba”, aconsejó.