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Es oficial: gobernadora Hochul activó la prohibición a la policía de Nueva York de cooperar con el ICE
La ley generó tensiones con Donald Trump y algunos gobiernos locales del estado
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LA NACION
Nueva York aplica desde este martes 25 de agosto la prohibición de los acuerdos 287(g) entre las fuerzas de seguridad estatales y locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La medida, impulsada por la gobernadora Kathy Hochul, limita la participación de las autoridades locales en tareas federales de aplicación de las leyes migratorias civiles.
Qué cambia en Nueva York con la prohibición del programa 287(g)
En una conferencia de prensa realizada en Albany, Hochul presentó la implementación de la nueva normativa y destacó que las fuerzas de seguridad locales deben concentrarse en los delitos de sus propias comunidades.
De acuerdo con la Fiscalía General de Nueva York, 12 agencias mantenían acuerdos 287(g) y recibieron la notificación de que debían terminarlos antes del 25 de agosto.
La disposición forma parte de la ley Local Cops, Local Crimes Act, incluida en un paquete legislativo que Hochul firmó el 27 de mayo. La norma prohíbe que los gobiernos locales celebren o mantengan acuerdos 287(g).
Este programa permite que agencias policiales estatales o locales colaboren con el gobierno federal en tareas relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias. Estas funciones se desarrollan bajo la supervisión del ICE.
Según News 10, el mecanismo fue creado en 1996 y permitió que agentes estatales y locales identificaran, detuvieran y arrestaran personas en nombre de las autoridades migratorias federales.
La nueva legislación también restringe el uso de recursos locales y de determinadas instalaciones para alojar a personas detenidas por infracciones migratorias civiles. La Fiscalía General de Nueva York señaló que la normativa busca mantener a las fuerzas de seguridad enfocadas en las necesidades de seguridad pública de sus comunidades.
La prohibición no alcanza a las investigaciones por delitos. Las fuerzas de seguridad estatales y municipales pueden continuar su cooperación con organismos federales cuando exista una investigación penal.
Qué dijo Hochul sobre el fin de los acuerdos con el ICE en Nueva York
Durante la conferencia en Albany, Hochul sostuvo que la nueva legislación no impide que el ICE continúe con la aplicación de las leyes federales de inmigración en Nueva York.
La diferencia está en que, cuando se trate de asuntos civiles, los agentes deberán actuar sin recurrir a las fuerzas policiales locales.
“A partir de hoy, el ICE ya no podrá utilizar a las fuerzas policiales financiadas con recursos locales”, afirmó Hochul durante la conferencia.
La gobernadora también advirtió que los departamentos o las oficinas de sheriff que mantengan acuerdos incompatibles con la normativa pueden enfrentar acciones legales.
La Oficina de Apoyo a Inmigrantes, creada dentro de la Fiscalía General de Nueva York, está facultada para investigar posibles incumplimientos, revisar registros, entrevistar testigos y promover acciones civiles cuando corresponda.
La disputa entre Nueva York y el gobierno de Trump por el 287(g)
La prohibición del programa 287(g) provocó un enfrentamiento con el gobierno de Donald Trump. El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) cuestionó la legislación estatal y buscó frenar su aplicación ante un tribunal federal.
El 3 de agosto, un juez federal rechazó el pedido de la administración Trump para suspender de manera preliminar la prohibición de los acuerdos 287(g). La misma resolución bloqueó temporalmente otra disposición estatal relacionada con el uso de máscaras por parte de agentes federales de inmigración.
La decisión permitió que Nueva York avanzara con la implementación de la normativa mientras sigue la disputa judicial. La medida también generó resistencia entre algunas autoridades locales.
El condado de Rensselaer participó en el programa 287(g) desde 2018 mediante un modelo que permitía a funcionarios penitenciarios entrevistar a personas que ya estaban detenidas para determinar su situación migratoria, según News 10.
Los defensores del mecanismo sostienen que los acuerdos 287(g) constituyen una herramienta para la seguridad pública. En cambio, sus críticos consideran que este tipo de cooperación puede afectar la confianza entre las comunidades inmigrantes y las fuerzas policiales locales.
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