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Nueva York prohíbe acuerdos locales con el ICE, pero no puede impedir todo: qué cambia realmente para un migrante
La medida limita el acceso de las autoridades migratorias a áreas no públicas de escuelas, hospitales y otros lugares sensibles sin una orden judicial
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LA NACION
En respuesta a un incremento en las tácticas federales de control migratorio, Nueva York promulgó un paquete de leyes incluidas en el presupuesto del año fiscal 2027 que redefine los límites del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Aunque la medida prohíbe acuerdos 287(g) y restringe ciertas prácticas, no impide los operativos federales ni interrumpe la emisión de órdenes de arresto.
Por qué Nueva York no puede impedir los operativos federales del ICE
A finales de mayo, el gobierno de Kathy Hochul emitió un comunicado de prensa en el que explicó el alcance de las nuevas leyes que prohíben los acuerdos locales con el ICE y limitan ciertas facultades de los agentes federales.
Además de los memorandos de la sección 287(g), también incluye la restricción a los gobiernos locales para pagar o contribuir de cualquier otra forma a los costos relacionados con la construcción, propiedad u operación de un centro de detención de inmigrantes.
Las nuevas regulaciones entraron en vigor el 25 de agosto de 2026. Hasta esa fecha, las agencias con convenios vigentes tenían tiempo para terminarlos. Además, el 3 de agosto un tribunal federal rechazó el pedido del gobierno federal de suspender preliminarmente la prohibición.
No obstante, las leyes tienen ciertas limitaciones. Bajo el marco constitucional de Estados Unidos, la política migratoria y la ejecución de deportaciones civiles son de estricta competencia del gobierno federal.
El estado de Nueva York no tiene la facultad legal de prohibir de forma absoluta que los agentes del ICE operen en espacios públicos o ejecuten órdenes de arresto federales en su territorio.
Por otro lado, el gobierno estatal sí posee plena autoridad para regular el uso de sus propios recursos, empleados públicos y propiedades. La estrategia del plan firmado por la gobernadora consiste en asfixiar operativamente la cooperación local.
Al restringir la cooperación de las fuerzas locales, el uso de determinados recursos y el acceso a áreas no públicas de lugares sensibles, el Estado Imperial busca limitar el alcance práctico de las agencias federales dentro de su territorio sin entrar en un conflicto de jurisdicción constitucional directa.
Qué cambia para los migrantes en Nueva York tras la prohibición de acuerdos 287(g) con ICE
La reforma introduce salvaguardas concretas que buscan reducir el temor de las familias indocumentadas al realizar actividades esenciales. Junto con las acciones mencionadas, las leyes introducen los siguientes puntos:
- Blindaje de “zonas sensibles”: los empleados de instalaciones estatales, municipales y educativas no pueden permitir ni facilitar el acceso de autoridades migratorias a áreas no públicas sin una orden judicial.
- Prohibición de indagar sobre el estatus: prohíbe que ciertos empleados estatales recopilen o compartan información personal identificable o el estatus migratorio de una persona, salvo requerimiento judicial explícito o por ley.
- Protección de datos personales: los funcionarios públicos no pueden revelar información personal identificativa a las autoridades migratorias, ni recurrir a agentes federales para que actúen como intérpretes en trámites oficiales.
- Identificación obligatoria: los agentes del orden (locales, estatales e incluso federales) tendrían prohibido utilizar cobertores faciales o máscaras al interactuar con el público. Respecto a esta sección, un tribunal federal suspendió cautelarmente el 3 de agosto la aplicación contra agentes federales tanto de la prohibición de cubrirse el rostro como de los requisitos estatales de identificación mientras continúa el litigio.
De este modo, para un migrante en Nueva York, el riesgo de ser interceptado en la vía pública por el ICE mediante un operativo federal independiente continuará existiendo.
Sin embargo, la nueva legislación reduce el riesgo de que una parada de tráfico local, un trámite escolar o una visita al hospital público se conviertan en una entrega automática a las autoridades migratorias, e introduce nuevas garantías legales y protecciones.
Es importante aclarar que su alcance y su aplicación a agentes federales son objeto de litigios judiciales en tribunales.
Cómo permite Nueva York demandar a agentes federales por violaciones constitucionales
Hasta ahora, las vías para que un ciudadano demandara a agentes federales por abusos a sus derechos civiles eran sumamente complejas y restrictivas bajo el marco legal federal, de acuerdo con las autoridades.
Con la implementación de la nueva ley, se abre la posibilidad a los neoyorquinos de interponer demandas contra funcionarios federales, estatales y locales por la violación de sus derechos constitucionales. Esto no implica que todas las denuncias contra oficiales federales sean automáticamente admisibles o exitosas.
“El plan integral de Nueva York impedirá que los funcionarios locales apliquen la política migratoria federal, protegerá las escuelas y otros lugares sensibles, y brindará a los neoyorquinos una solución efectiva si los agentes del gobierno violan sus derechos”, apuntó en el anuncio el senador estatal Zellnor Myrie.
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