Ofensiva de Trump: las medidas del Seguro Social que perjudicarán a inmigrantes indocumentados

El gobierno de Donald Trump avanza en su objetivo de limitar el acceso a beneficios federales para inmigrantes que residen de manera irregular en Estados Unidos. En este contexto, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado en apoyo al memorando presidencial para “prevenir que los extranjeros indocumentados reciban apoyos económicos”.

Según declaró el Comisionado Interino Leland Dudek en un comunicado oficial, la SSA trabajará para garantizar que los beneficios de los programas federales solo sean otorgados a quienes cumplen todos los requisitos legales. El organismo reforzará sus procedimientos para evitar pagos indebidos, fraudes y abusos en sus sistemas.

Esta medida se enmarca dentro de la Orden Ejecutiva 14218 del 19 de febrero de 2025, que busca terminar con los subsidios financiados por los contribuyentes hacia personas sin estatus legal.

“La SSA se dedica a proteger los beneficios vitales que los trabajadores estadounidenses han ganado para sí mismos y sus familias. Nos comprometemos a trabajar diligentemente para implementar el memorando del presidente y garantizar que los beneficios se paguen únicamente a quienes deben recibirlos”, enfatizó Dudek.

El memorando firmado por Trump ordena varias acciones que afectarán a quienes intenten acceder a beneficios sin cumplir las condiciones migratorias como:

• Revisión de elegibilidad: la SSA deberá asegurar que los inmigrantes indocumentados no reciban fondos de programas como el Seguro de Vejez y Sobrevivientes (OASI, por sus siglas en inglés), el Seguro por Discapacidad (DI, por sus siglas en inglés) y el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés). Los procedimientos de verificación serán fortalecidos en coordinación con los Departamentos de Trabajo, Salud y Servicios Humanos, y Seguridad Nacional.
• Ampliación de acciones legales: contra estados, localidades o instituciones que no verifiquen adecuadamente la elegibilidad de sus beneficiarios. La administración cooperará con el Departamento de Justicia para incrementar el número de fiscales especializados en fraude, con la meta de asignar fiscales federales auxiliares en al menos 50 jurisdicciones antes de octubre de 2025.
• Investigación de registros anómalos: la SSA deberá remitir informes sobre ingresos de personas cuyo historial no coincida con sus archivos. Se buscará detectar casos de robo de identidad, trabajo ilegal, evasiones fiscales y otras irregularidades.
• Reevaluación de sanciones monetarias: se revisará la posibilidad de reactivar el programa de sanciones civiles para quienes cometan fraude en los beneficios.

El Seguro Social administra tres programas principales:

• Seguro de Vejez y Sobrevivientes (OASI, por sus siglas en inglés): proporciona beneficios de jubilación y para sobrevivientes. Atiende a más de 59 millones de personas, con un desembolso de US$1300 millones en 2024.
• Seguro por Discapacidad (DI, por sus siglas en inglés): ofrece pagos a trabajadores discapacitados y sus familias. Beneficia a más de ocho millones de personas, entregando cerca de US$157 millones anuales.
• Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés): apoya a personas mayores, ciegas o discapacitadas con bajos recursos. Aproximadamente 7,4 millones de personas reciben ayudas por un total de US$56 millones al año.

La aplicación estricta de las nuevas políticas podría afectar a quienes accedían a estos programas de manera irregular o con documentación incompleta.

El inspector general de la SSA deberá implementar medidas correctivas derivadas de la auditoría de julio de 2023, que detectó fallas en la actualización de datos sobre defunciones.

Estos errores permitían que registros antiguos o erróneos facilitaran pagos indebidos. Como respuesta, se intensificarán las auditorías internas y el cruce de datos para prevenir errores futuros.

Las directrices impulsadas por la administración Trump representan un cambio importante en la política migratoria. El enfoque está en evitar el acceso de inmigrantes indocumentados a los fondos del Seguro Social mediante auditorías, procesos legales y revisiones de elegibilidad más estrictas.