Revés para Trump: una jueza federal modifica el plan que limita los préstamos estudiantiles desde julio
La magistrada concluyó que el Departamento de Educación probablemente excedió su autoridad al añadir requisitos no legislados por el Congreso
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LA NACION
Una jueza federal de Estados Unidos suspendió de manera preliminar una parte de la implementación de las nuevas reglas impulsadas por la administración de Donald Trump para limitar el acceso a los préstamos estudiantiles destinados a programas de posgrado en distintas áreas de la salud.
Qué decidió la jueza Beryl Howell sobre los préstamos estudiantiles de posgrado
De acuerdo con Associated Press, la disputa gira en torno a los nuevos límites para los préstamos federales destinados a estudiantes de posgrado, incluidos quienes cursan carreras de enfermería, terapia física, salud pública y otras disciplinas.
La normativa deriva de la ley One Big Beautiful Bill Act, que estableció topes para los préstamos federales y cuya entrada en vigor estaba prevista para julio.
Hasta ahora, los estudiantes de posgrado podían solicitar financiamiento federal por un monto equivalente al costo total de sus estudios.
Con las nuevas reglas, los programas de posgrado no profesionales quedarían sujetos a un límite de 100.000 dólares, mientras que los considerados programas profesionales tendrían un tope de US$200 mil. Además, los nuevos límites fijan topes anuales de US$20.500 para posgrados no profesionales y US$50.000 para programas profesionales.
El conflicto surgió por la manera en que el Departamento de Educación redefinió el concepto de “título profesional”. Esa nueva interpretación dejaba fuera a varias profesiones sanitarias que tradicionalmente requieren una extensa formación académica, lo que reduciría así el acceso de sus estudiantes a un mayor nivel de financiamiento.
Por qué el fallo sobre préstamos estudiantiles golpea al plan de Trump
Según informó Associated Press, la jueza federal Beryl Howell, del Tribunal Federal de Distrito de Estados Unidos, ordenó suspender la aplicación de la nueva definición elaborada por el Departamento de Educación mientras el proceso judicial sigue su curso.
En su resolución, Howell concluyó que los demandantes probablemente lograrán demostrar que la agencia excedió las facultades otorgadas por el Congreso al modificar el significado de “título profesional”.
La magistrada cuestionó especialmente que el departamento incorporara requisitos adicionales que no figuraban en la legislación aprobada por los legisladores.
Entre esos nuevos criterios figuraba la exigencia de que quienes obtuvieran un título profesional debían poder ejercer su actividad sin la supervisión de otro profesional. Para la jueza, el Congreso nunca autorizó al Departamento de Educación a introducir ese tipo de modificaciones.
Además, Howell sostuvo que restringir el acceso a los préstamos para determinados estudiantes podría tener consecuencias negativas para el interés público.
En su fallo expresó preocupación por el hecho de que la pérdida de oportunidades educativas resulte “perjudicial para el público, particularmente en comunidades desatendidas que pueden enfrentar una escasez de trabajadores de la salud y otros profesionales críticos”.
La resolución no elimina los límites generales a los préstamos establecidos por la ley. Lo único que queda suspendido es la nueva definición administrativa utilizada para determinar qué carreras califican como programas profesionales.
Programas de salud afectados por la definición de título profesional del Departamento de Educación
De acuerdo con Associated Press, el Departamento de Educación incluyó dentro de la categoría de programas profesionales únicamente las siguientes áreas:
- Farmacia.
- Odontología.
- Medicina veterinaria.
- Quiropráctica.
- Derecho.
- Medicina.
- Optometría.
- Medicina osteopática.
- Podología.
- Teología.
- Psicología clínica
La exclusión de otras profesiones motivó la presentación de la demanda. Ocho organizaciones nacionales acudieron a la justicia en representación de estudiantes y profesionales de distintos sectores sanitarios y educativos.
Entre los grupos afectados se encuentran quienes cursan programas para convertirse en enfermeros especializados, terapeutas, trabajadores de salud pública, patólogos del habla y del lenguaje, asistentes médicos y otros profesionales que no fueron incluidos dentro de la nueva definición del gobierno federal.
Los demandantes sostuvieron que la medida obligaría a numerosos estudiantes a abandonar sus estudios o a recurrir a préstamos privados con condiciones financieras más exigentes para completar sus carreras.
Qué dijo la AANP tras el fallo por los préstamos estudiantiles de enfermería
Según un comunicado de la American Association of Nurse Practitioners (AANP), la organización recibió favorablemente la decisión del tribunal federal dentro de la causa AANP v. McMahon, presentada junto con una coalición de organizaciones nacionales vinculadas a la salud, la educación y distintas profesiones.
La entidad explicó que el tribunal consideró probable que los demandantes tengan éxito al demostrar que el Departamento de Educación adoptó una definición distinta de la establecida por el Congreso y, por ese motivo, ordenó suspender las partes cuestionadas de la regulación mientras continúa el proceso judicial.
La presidenta de la AANP, Valerie Fuller, afirmó: “Este es un paso importante para los estudiantes de enfermería especializada, así como para el futuro de la fuerza laboral sanitaria y para los pacientes que dependen de ellos para acceder a la atención médica. Nos complace que el tribunal haya reconocido las serias preocupaciones legales planteadas por esta norma”.
Qué pasa con los préstamos estudiantiles antes del 1° de julio
La decisión judicial no pone fin al conflicto legal. Según el comunicado de la AANP, el litigio continuará desarrollándose en la justicia federal, donde se resolverá de manera definitiva si el Departamento de Educación tenía autoridad para modificar la definición de título profesional.
Por su parte, Associated Press informó que el Departamento de Educación señaló mediante un comunicado escrito que “revisará la orden y tomará las medidas apropiadas”.
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