Claudia, salvadoreña con TPS en Houston: “No puedo transmitirles mi miedo”

Claudia vive en Houston, Texas, desde 2001 y teme que una eventual cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para El Salvador la obligue a abandonar Estados Unidos y separarse de sus tres hijas estadounidenses. El 9 de septiembre venció la última extensión formal del programa, pero el gobierno de Donald Trump no anunció su cancelación ni una nueva prórroga.

El 9 de septiembre, Claudia permaneció en la cama mientras revisaba las noticias en su teléfono. Habitualmente se levanta a las 5 hs para preparar el almuerzo de sus hijas, pero ese día estaba pendiente de una posible decisión sobre su situación migratoria, según reconstruyó el Houston Chronicle.

La mujer encontró un video que anunciaba la cancelación del TPS. Sin embargo, minutos después, un abogado explicó que había llegado la fecha de vencimiento de la última extensión formal del programa, aunque todavía no se había anunciado una decisión oficial de terminación.

Sus tres hijas se acostaron junto a ella mientras escuchaba la explicación. Cuando les contó lo que ocurría, comenzaron a llorar. “No, mami, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con nosotras?”, le preguntaron.

La mayor, de 15 años, había comenzado a acumular créditos universitarios mientras todavía cursaba la escuela secundaria. Sin embargo, aquella mañana le dijo a su madre que esos avances no tenían importancia si existía la posibilidad de que terminaran separadas. Claudia intentó tranquilizarlas con una enseñanza que recibió de su propia madre: “Tenemos que seguir adelante”.

En enero de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció una extensión de 18 meses, desde el 10 de marzo de ese año hasta el 9 de septiembre de 2026.

Después del 9 de septiembre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) informó que los beneficiarios salvadoreños continuaron protegidos ante la ausencia de una decisión formal del DHS.

La legislación migratoria contempla mecanismos de extensión cuando no se determina oficialmente que un país dejó de reunir las condiciones para mantener el TPS.

Rose Gondiez, abogada del Immigrant Legal Resource Center citada por Houston Chronicle, explicó que la incertidumbre sobre las decisiones federales afecta la planificación de miles de familias, especialmente por sus posibles consecuencias sobre el empleo y la permanencia en Estados Unidos.

La especialista recomendó consultar con abogados migratorios sobre posibles alternativas de protección, preparar planes familiares y prestar atención a los cambios en las autorizaciones de empleo.

La violencia de las pandillas había provocado que dos de sus hermanos abandonaran El Salvador a finales de la década de 1990. Claudia permaneció en su país centroamericano hasta que un integrante de una pandilla la amenazó con un machete.

Al recordar el episodio, señaló las zonas de su rostro, cuello y pecho donde el hombre había apoyado el arma. “Ya no estaba segura allí”, explicó. Su madre decidió que también debía marcharse, incluso si eso significaba arriesgar lo único que poseía la familia.

Sus padres solicitaron un préstamo con la vivienda familiar como garantía para financiar el viaje. Claudia sabía que debía devolver el dinero para evitar que perdieran la propiedad.

En 2001 emprendió el recorrido hacia Estados Unidos junto con una prima y varias mujeres de su localidad. Durante una parte del trayecto, viajó dentro del compartimento de almacenamiento de un autobús, cerca de las ruedas.

Después de varias horas, cuando consiguió salir, sus piernas no respondieron y necesitó la ayuda de un hombre para ponerse de pie. Pasó por Arizona y California antes de llegar a Houston, donde vivía su hermano. Al día siguiente comenzó a limpiar casas.

Durante sus primeros meses tuvo tres trabajos. Vendió perfumes, joyas y ropa, limpió viviendas y consiguió empleo en un restaurante, donde lleva 25 años trabajando. Con esos ingresos logró pagar la deuda de sus padres.

También envió dinero para reconstruir la vivienda familiar y ayudó a sus padres a comprar una vaca, algo con lo que soñaba desde pequeña. Al recordar aquella etapa, resumió su experiencia con una frase: “Valió la pena”.

Ante la posibilidad de perder su protección migratoria, Claudia comenzó a organizar los pasaportes de sus hijas, otros documentos importantes y una lista de contactos familiares. También insistió en que su hija mayor aprenda a conducir y obtenga su licencia. Le explicó que, ante una eventual salida, quizá no podría llevarse la casa, pero sí el automóvil.

Antes del 9 de septiembre, la familia conversó sobre las alternativas: permanecer en Estados Unidos o trasladarse a El Salvador. Claudia aseguró que, si pierde la protección migratoria, saldrá del país norteamericano por su cuenta para evitar el riesgo de una detención o deportación.

La mujer también escuchó relatos de vecinos sobre la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en lugares que frecuenta. Pese a ese temor, continúa con sus actividades y participa en manifestaciones.

Al explicar cómo enfrenta la situación delante de sus hijas, señaló: “No puedo transmitirles mi miedo. Mi miedo me lo guardo por dentro”.

Su hija de 15 años comenzó a involucrarse más en la defensa de los beneficiarios del TPS, a informarse sobre sus derechos y a participar en protestas. Claudia le explicó la importancia de aprender a defenderse: “No sé si siempre voy a estar aquí con ustedes. Tienen que aprender a defenderse por sí mismas”.

El mismo 9 de septiembre, después de consolar a sus hijas, las acompañó a una vigilia. La mayor sostuvo junto a sus dos hermanas carteles con las letras TPS, mientras Claudia participó en una marcha por las calles de Gulfton, en Houston.