Greg Abbott la firmó: cuándo entra en vigor la ley de Texas que obliga a los sheriffs a trabajar con el ICE
Organizaciones y legisladores demócratas expresaron preocupación por la carga financiera que significará la nueva legislación sobre los condados
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El gobernador de Texas, Greg Abbot, firmó el pasado 20 de junio la ley que establece que los sheriffs de condados con cárceles, ya sea que las administren directamente o mediante terceros, deberán firmar convenios de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
En Texas: cuándo entra en vigor la ley que obliga a los sheriffs a trabajar con el ICE
La SB 8 entrará en vigor el 1º de enero de 2026. Establece que los alguaciles de condados con cárceles hagan acuerdos con ICE bajo la sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), o programas similares, para que puedan hacer cumplir la ley federal de inmigración.

También requiere de un programa de subvenciones para cubrir los costos de implementación de los convenios y autoriza al fiscal general a interponer una demanda contra un sheriff que incumpla con las disposiciones del proyecto.
El texto del proyecto dice: “Específicamente, exige que los alguaciles de los condados que operan cárceles soliciten y celebren dichos acuerdos; de no hacerlo, deberán presentar solicitudes adicionales anualmente. Los acuerdos deben detallar el alcance, la duración y las limitaciones de la autoridad otorgada para hacer cumplir la ley migratoria”.
Los fondos para acatar la ley podrían ser un problema para los condados, advierte la UCLA
La SB 8, aprobada por el gobernador Abbott, advierte que la elegibilidad para las subvenciones depende de que el alguacil haya firmado el acuerdo de aplicación de la ley migratoria, y especifica el monto según los niveles de población de la jurisdicción.

También incluye disposiciones sobre informes y rendición de cuentas, que exigen al contralor informar sobre la implementación del programa y al fiscal general asegurar el cumplimiento de los nuevos requisitos. La ley entrará en vigor en enero del próximo año, pero la fecha límite de cumplimiento para los alguaciles será el 1º de diciembre de 2026.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en Texas, advierte que si bien el proyecto de ley ofrece apoyo limitado a través de un programa de subvenciones, no garantiza que todos los condados reciban los fondos ni que cubran sus costos.
La organización mostró preocupación en el sentido de que algunos condados podrían tener que asumir este mandato a costa de los contribuyentes locales.
Sarah Cruz, estratega de políticas y defensa de los derechos fronterizos y de los inmigrantes, indicó para la ACLU que la ley SB 8 no aumentará la seguridad de las comunidades, pero obligará a los alguaciles a realizar el trabajo del ICE.

“Este proyecto de ley también desviará recursos limitados de las fuerzas del orden, conducirá a la discriminación racial y relegará a las víctimas y testigos de delitos a la sombra. La legislatura no debe privar a las comunidades locales de su capacidad para tomar decisiones sobre su seguridad”, sentenció.
Texas Tribune señala que antes de las votaciones en cada cámara, los demócratas expresaron su preocupación de que la SB 8 erosionará la confianza de las comunidades inmigrantes en la aplicación de la ley, resultará en discriminación racial y colocará una carga financiera sobre los condados.
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